Sentencia Nº 3060-2002 de Cámara Nacional Electoral del 15-11-2002

• Número de sentencia: 3060-2002
• Fecha: 15 Noviembre 2002

CAUSA: "Salvatierra, José Luis

s/promueve acción de amparo

c/Poder Ejecutivo Nacional”

(Expte. NE 3583/02 CNE) -

CAPITAL FEDERAL.-

FALLO Nº 3060/2002

///nos Aires, 15 de noviembre de 2002.-

Y VISTOS: Los autos “Salvatierra, José Luis

s/promueve acción de amparo c/Poder Ejecutivo Nacional"

(Expte. N° 3583/02 CNE), venidos del juzgado federal

electoral de la Capital Federal en virtud de los recursos de

apelación deducidos a fs. 109 y vta., fs. 110/112 vta. y fs.

168/170 contra la resolución de fs. vta. 61/75 vta., y

CONSIDERANDO:

1°) Que los actores dedujeron la demanda

que origina esta litis con el objeto de que se declare la

inconstitucionalidad de las normas que establecieron y

regularon el régimen de “elecciones internas abiertas y

simultáneas” que prevé el artículo 29 bis de la Ley Orgánica

de los Partidos Políticos N° 23.298 (art. 7° de la ley N°

25.611 -en cuanto dispone que aquéllas deberán llevarse

adelante al mismo tiempo en todas las agrupaciones

partidarias-; el decreto N° 1169/02 y los decretos

reglamentarios N° 1397/02 y 1578/02). Solicitaron -en

consecuencia- que “se deje sin efecto la convocatoria a

elecciones internas abiertas partidarias [dispuesta para el

próximo 15 de diciembre, mediante decreto N° 1578/02,

modificatorio del N° 1398/02] dejando librado a cada partido

la responsabilidad de resolver su situación interna sin

injerencia alguna del Poder Ejecutivo Nacional” (cfr. fs. 3

vta. y fs. 40).-

La señora juez de primera instancia, tras

reconocerle legitimación activa a los demandantes, resolvió

“declarar la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley

25.611 [y] de los decretos reglamentarios 1397/02 y 1578/02";

“dejar sin efecto la convocatoria a elecciones internas

abiertas y simultáneas efectuada mediante decreto N° 1398/02

y modificado mediante decreto N° 1578/92"; y “hacer saber a

los partidos políticos que hasta tanto no se adecue la

reglamentación de la ley de internas abiertas N° 25.611,

deberán resolver sus cuestiones internas y elegir sus

candidatos mediante la realización de elecciones en su seno

y a su costo” (cf. fs. 61/75).-

Para así decidir consideró: a) que le

asiste razón al accionante en cuanto afirma que “resulta

aberrante que el Estado tome a su cargo una erogación

millonaria” (cf. fs. 67); b) que los decretos reglamentarios

de la ley n° 25.611 “habrían desvirtuado, en cierta medida,

el fin buscado y habrían ido más allá de la voluntad del

legislador” (cf. fs. cit.); c) que tales decretos han

incurrido en imprevisiones que no pueden ser suplidas por vía

de interpretación judicial; d) que existe una desigualdad

inadmisible entre los afiliados a partidos distritales y los

ciudadanos independientes o afiliados a partidos nacionales,

pues éstos últimos estarían facultados para seleccionar

candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y los

nombrados en primer término no podrían hacerlo (cf. fs.

68/69); e) que el art. 5° del decreto n° 1397/2002 modif. por

decreto n° 1578/2002 vulnera garantías constitucionales al

impedir que los partidos y alianzas transitorias puedan

registrar, para la elección nacional, candidatos diferentes

a los inscriptos en oportunidad de la elección interna (cf.

fs. 69 vta.); f) que lo dispuesto en el 2° párrafo del art.

4° del decreto n° 1397/2002 modif. por decreto n° 1578/2002

resulta claramente violatorio del art. 38° de la Constitución

Nacional y del art. 1° de la ley 23.298 (cf. fs. 70); g) que

al establecer la norma del art. 22 del decreto n° 1397/2002

modif. por decreto n° 1578/2002 el Poder Ejecutivo se ha

excedido en sus facultades pues modificó el plazo de la

campaña electoral establecido en el art. 4° de la ley 25.611

(cf. fs. 70 vta.); h) que “no se ha previsto la situación de

aquellos partidos políticos o alianzas que cuenten con

consenso respecto de sus candidatos y tengan, en

consecuencia, una sola lista” (cf. fs. cit.); i) que “los

cuestionados decretos no parecen haber logrado los fines

perseguidos por el legislador” (cf. fs. 71); j) que en virtud

del art. 7° de la ley 25.611, “la libertad de los partidos

políticos se encuentra gravemente afectada al haberse

establecido la obligatoriedad de realizar las elecciones

internas abiertas en forma "simultánea", toda vez que son

[aquéllos] los únicos que tienen la potestad de ejercer sus

actividades de conformidad a su conveniencia política, que se

encontrará estrechamente ligada a su funcionamiento

institucional” (cf. fs. 73).-

Contra esta decisión expresan agravios:

I) el señor representante del Estado Nacional, mediante

memorial de fs. 118/146 vta. -contestado a fs. 182/184 y a

fs.189/192-; II) el señor Fiscal Electoral, mediante memorial

de fs. 110/112 vta. -contestado a fs. 148/151 y a fs. 165/166

vta.- y III) el señor Juan C. Ortiz Almonacid, mediante

memorial de fs. 168/170 -contestado a fs. 186/187 y fs.

194/196 vta.-

El señor representante del Estado

Nacional, en lo sustancial, sostiene que los accionantes

carecen de legitimación, ya que más allá de las genéricas

apelaciones al derecho a sufragar -y a otros reconocidos por