Sentecia definitiva Nº 301 de Secretaría Penal STJ N2, 14-12-2016

Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2016
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
EXTRACTO GRATUITO
///MA, 14 de diciembre de 2016.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “PARRA, J.L.; A., R. (m.p.) s/ Homicidio en grado de tentativa s/Casación” (Expte.Nº 28352/16 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor R.A. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Sentencia Nº 93, de fecha 22 de diciembre de 2015, la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca resolvió absolver de pena a R., por la comisión del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de armas en grado de partícipe primario por el que había sido declarado responsable, sin costas (arts. 4 segundo párrafo Ley 22278 y 499 contrario sensu C.P.P.).
Contra tal decisión, la señora F. de Cámara doctora G.E. interpuso recurso de casación, que fue declarado formalmente admisible por el a quo.
2. Agravios del recurso de casación:
La recurrente plantea la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva por cuanto considera que, al absolver de pena a R., se han malinterpretado el Código Penal, la Constitución Nacional y los pactos internacionales de aplicación. Alega además que la sentencia resulta arbitraria por motivación deficiente a la luz del sistema de la sana crítica racional.
Menciona las exigencias procesales establecidas en la Ley 22278 y sostiene que el sistema legal gira en torno del tratamiento aplicado a la persona menor de edad, cuyo resultado debe integrarse a las modalidades del hecho, los antecedentes y la impresión de visu recogida por el juez. La valoración de tal constelación de factores, añade, indica si corresponde su absolución, la aplicación de la sanción prevista para el delito cometido o su reducción de acuerdo con la escala de la tentativa. Cita doctrina y la opinión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus respectivos votos, en el caso “M..
/// Retoma luego el tema de los cuatro elementos establecidos en el art. 4 de la Ley 22278 que deben ser ponderados con el fin de aplicar o no sanción, vinculándolos con estas actuaciones.
En cuanto a la modalidad del hecho, entiende que es de extrema gravedad ya que se cometió con total desprecio hacia la vida de la víctima, con consecuencias gravísimas. Tal gravedad, señala, fue reconocida por la segunda votante, doctora P..
En relación con los antecedentes del menor, cita el primer voto de la doctora R. en cuanto hace referencia a las condenas que registra A. por hechos de fecha posterior a la declaración de responsabilidad, ya como mayor de edad, por lo que señala que no se trató de un hecho aislado en la vida del joven.
Sobre el resultado del tratamiento tutelar, la recurrente refiere el mismo voto anterior y aclara que no pretende atribuir a A. las “serias deficiencias funcionales”, como dice la sentencia. Añade que allí se intenta darle valor absoluto a que el nombrado siempre tuvo el mismo domicilio mientras que fijó ese pero nunca, o al menos casi nunca, fue habido allí para ser entrevistado. Menciona las constancias que surgen del incidente de disposición y agrega que A. no se comprometió, dentro del ámbito de su madurez y responsabilidad, con su proyecto de reinserción social, por lo que estima que su conducta explica la pobreza del incidente. Alude al concepto de responsabilidad como objetivo de los tratados internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos de los jóvenes. Asimismo, critica la sentencia en tanto “aún admitiendo la supuesta disfuncionalidad -potencialmente…- se hace recargable a los operadores, como si A. fuera absolutamente ajeno. En realidad interpretando el tratamiento tutelar se puede más bien hablar de una situación reactiva a lo implementado, desinteresada, pero también demostrando desprecio de los mecanismos que se le arriman desde el Estado para solventar una toma de conciencia y un cambio en él”.
Por último, en cuanto a la impresión recogida en la audiencia, discrepa también con la sentenciante (primera votante) por considerar que “no hubo un solo atisbo de reflexión, en aprender de lo sucedido, en rehacer”, no observó en el joven “arrepentimiento alguno, ni aceptación de sus acciones, menos aún rehabilitación alguna”. Agrega que A. contestó con monosílabos, con respuestas acotadas, sin explayarse en ningún tema en particular, no “abiertamente” como dice la sentencia, “tal como fue el joven durante el tratamiento tutelar, demostró una conducta evitativa, diríase sin carga emotiva, sin responsabilidad por los hechos
///2. o la situación de las víctimas, sin mencionar tan siquiera proyectos personales, educativos, familiares o laborales para el momento en que recupere su libertad”. Concluye que, a su entender, este elemento tampoco puede ser valorado positivamente para justificar la absolución de pena.
Trae a colación jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia vinculada con la imposición de penas a personas que han cometido delitos siendo menores de edad.
También aborda lo manifestado por la magistrada que votó en segundo término, en cuanto sostiene que la gravedad del hecho por sí sola no resulta suficiente para el dictado de una condena, y critica lo expuesto sosteniendo que ese elemento, sumado a otros factores negativos -que serían los ya indicados- sí resultan suficientes y conllevarían en el caso a imponer pena en el grado de reducción. Afirma que “se debe deducir de la actitud del joven, su nulo arrepentimiento, las características de su proceder posterior al hecho, las que se determinan que la única sanción ajustada a su conducta y los principios de prevención especial sea la de prisión”. Cita luego jurisprudencia de este Cuerpo (STNRNS2 Se. 173/03) que indicaría que debe solicitarse pena cuando no se logra la resocialización, en la medida en que el tratamiento tutelar haya fracasado.
Por lo expuesto, solicita a este Superior Tribunal que dicte sentencia casando la recurrida y condenando a R., como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de armas en grado de partícipe primario, a la pena de tres años y nueve meses de prisión, y se le imponga, como pena única, la de siete años de prisión e inhabilitación especial para tener y/o portar armas de fuego por el término de ocho años, accesorias legales y costas (comprensiva de esta y la recaída en autos 4216-CC-III).
3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA