Sentencia Nº 3 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 04-02-2019

Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2019
 
EXTRACTO GRATUITO

///MA, 04 de febrero de 2019.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores L.L.P., S.M.B., A.C.Z., R.A.A. y E.J.M., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: ?NONNENMACHER, R.D. Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD INGENIERO HUERGO S/ AMPARO S/ APELACIÓN? (E.. Nº 30030/18-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
V O T A C I Ó N
La señora J. doctora L.L.P., dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Llegan a resolver las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 600 y fundado a fs. 603/607 por la apoderada de los amparistas, Dra. B.S.P., contra la sentencia dictada por la Sra. J. a cargo del Juzgado de Familia de la ciudad de Villa Regina, Dra. C.E.V., obrante a fs. 591/599 vta., que decretó el levantamiento de la medida cautelar ordenada en fecha 28 de marzo de 2018, obrante a fs. 174/176 vta., consistente en la suspensión de la realización de carreras y la utilización de las pistas existentes dentro de la chacra 436 de la localidad de I.H., en tanto se cumplió debidamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA).
A su vez declaró extinguido el proceso incoado a fs. 1/23 y vta. por los Sres. R.D.N., J.A.P.N. y V.F., en carácter de fruticultores propietarios lindantes a la chacra 436 de la localidad de I.H., toda vez que a su entender no se encuentran reunidos los recaudos para la existencia de un amparo ambiental en los términos de la ley B 2779 ni tampoco un proceso colectivo. Impuso las costas en el orden causado (cf. art. 68 segundo párrafo del CPCC).
Para fundar su decisión, la J. a quo consideró que corresponde hacer lugar a la incidencia planteada por el co-demandado, Sr. F.V.P., respecto al levantamiento de la medida cautelar ordenada oportunamente en autos, toda vez que el estudio de impacto ambiental ya fue realizado (cf. fs. 196/319) y de sus conclusiones de fs. 301 se desprende que la ubicación y funcionamiento del circuito de motocross 742 es compatible con el ambiente, en tanto las actividades productivas no se verán afectadas en detrimento de su calidad por las medidas de mitigación planteadas y el plan de gestión ambiental.
Además, la magistrada consideró como elemento relevante para resolver el levantamiento de la medida cautelar, el dictado del decreto nº 6410 de la Municipalidad de I.H. de fecha 04/07/2018 cuya copia obra a fs. 323/325, que establece en el artículo primero la aprobación de la evaluación de impacto ambiental presentada por el Sr. V.P. (licencia habilitante nº 1487 -decreto 6030/2017-) y en el artículo segundo, se dispuso que el solicitante deberá observar y cumplir estrictamente las medidas de mitigación previstas a fs. 70/74 del EIA (Capítulo VI), bajo apercibimiento de las sanciones legales correspondientes.
La sentenciante esgrimió, ante un cuestionamiento realizado por los amparistas, que el Municipio se encuentra facultado para realizar la presente evaluación de impacto ambiental en el marco de la autonomía que le otorga la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y específicamente el artículo 22 de la ley M 3266 que refiere que la autoridad de aplicación es la autoridad ambiental provincial y los municipios que no hayan delegado tal facultad, siendo este último el caso de la Municipalidad de I.H..
A su vez, destacó que el artículo 28 del decreto reglamentario M 656/2004 detalla los supuestos en que será la autoridad ambiental provincial la que efectuará la evaluación del estudio de impacto ambiental, sin que el presente se trate de un caso que por su mayor riesgo presunto amerite la intervención directa de la autoridad provincial.
Por otro lado, reiteró que en el presente proceso el estudio de impacto ambiental previsto en la ley M 3266 no reviste el carácter de prueba pericial y, en consecuencia, la impugnación que pretenden realizar los amparistas es manifiestamente improcedente dentro del marco de este proceso judicial, debiendo en su caso y de así considerarlo necesario ocurrir por la vía administrativa correspondiente.
A su vez, la J. ponderó que, si bien la presente acción fue enmarcada en la ley B 2779 que regula el procedimiento para el ejercicio de los intereses difusos y/o derechos colectivos, los elementos actualmente reunidos indican que los requisitos para su configuración no se verifican en autos.
Afirmó que actualmente y cumplida la publicidad de la acción (cf. art. 15 de ley B 2779) no se advierte el sustrato necesario para continuar con la tramitación del presente dentro del marco normativo del amparo colectivo, puesto que la pretensión de los amparistas no logra focalizarse en la incidencia colectiva del derecho que alegan, máxime cuando la producción frutihortícola que mencionan repetidamente no es un derecho de tales características (incidencia colectiva).
Sostuvo que el derecho alegado por los peticionantes a trabajar y ejercer industria lícita (cf. art. 14 de la Constitución Nacional) no se vería afectado por el funcionamiento de la pista de motocross a tenor del resultado del informe de impacto ambiental presentado en autos. Enfatizó que este derecho también fue invocado por el co-demandado, Sr. P., con lo que se evidencia que no existe un conflicto en la esfera colectiva y un derecho individual, sino que por el contrario, se verifica una colisión entre dos derechos individuales, cuya ponderación no puede ventilarse en el ámbito de la ley B 2779.
Consideró que si bien podrían existir en autos derechos sobre intereses individuales homogéneos, su defensa no procede por la vía del amparo colectivo, en tanto no hay razones de eficiencia económica y procesal que sostengan este encuadre legal (no hay una decisión que afecte a grandes grupos) ni cause efectos institucionales que devengan del mismo.
Agregó que tampoco se vislumbra la posibilidad del dictado de una sentencia colectiva cuyos efectos excedan a los peticionantes de autos, en tanto no se alega un interés respecto al carácter dañoso de la habilitación o funcionamiento de la pista de motocross sino respecto al lugar donde se encuentra emplazada, demostrándose con ello que sólo se encuentran en juego los intereses individuales o plurindividuales de los amparistas y no un interés colectivo, a lo que cabe adunar que, una vez efectuada la publicación de edictos, nadie más compareció al proceso a constituirse en parte o adherir a las peticiones ya existentes.
Expresó que la suerte de esta supuesta pretensión colectiva quedó también sellada por la última presentación de los amparistas a fs. 572/575, máxime cuando a fs. 573 se hizo referencia a la propiedad del terreno donde funciona la pista y a la existencia al respecto de una sucesión irresoluta, lo que lleva a la indiciaria convicción de que nos encontramos ante un conflicto de índole familiar respecto a la utilización de una propiedad. Observó la existencia de un comodato gratuito que luce agregado en el expediente administrativo (fs. 166) y donde aparece como comodatante el Sr. C.A.N..
Finalmente, entendió que tampoco aparece como razonable el pedido de audiencia requerido para arribar a un acuerdo (fs. 572 vta. y 575), ya que si bien se encuentra previsto en el marco del amparo colectivo cuando existiese un daño ambiental, consideró que no habría posibilidad de acuerdo en sede judicial en atención al resultado de la EIA, del que surge con claridad la inexistencia de daño o afectación al ambiente y, como consecuencia de ello, destaca que el proceso se encuentra agotado.
Al fundar el recurso de apelación incoado la apoderada de los recurrentes, a fs. 603/607
alega que la J. no consideró la legitimación activa de los tres accionantes ni aplicó el proceso de constitucionalización de la tutela ambiental y los derechos de incidencia colectiva en general.
Sostiene que la ley B 2779 es muy clara en sus principios y respecto a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentar un amparo en protección de intereses difusos y enfatiza que, si bien en este caso los accionantes han sido tres, los perjudicados son muchos más, tal como lo demuestra el mapa satelital de fs. 484, donde se observa que en el sector aledaño a la pista de motocross residen 11 familias.
Denuncia la existencia -producto de la actividad aludida- de una alteración del ambiente y del equilibrio ecológico, verificándose en el caso una depredación y devastación del suelo de una chacra destinada a la producción de frutas, de la flora y fauna. Afirma que las carreras contaminan el aire y el agua, destacando que dicha polución afecta y pone en riesgo la vida.
Agrega que también se verifican ruidos molestos y olor de los hidrocarburos utilizados por las motos que son unas 20 o más. Precisa que las motos corrieron despacio el día en el que se hizo el estudio de la contaminación y por eso arrojó los resultados acompañados en autos.
Aduce que la J. a-quo no sopesó la perturbación a la comunidad residente que generan las carreras de competición, puesto que los fines de semana las motos circulan a gran velocidad y ahí es justamente...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA