Sentencia Nº 29326/3 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2015

Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2015
 
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En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil quince, se reúnen los señores Ministros, Dr. H.O.D. y Dr. E.D.F.M., como integrantes de la S. B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “PALACIO, R.A.; VILLA, J.I.; CRESPO, M.A. en causa por sobreseimiento por prescripción de la acción s/ recurso de casación presentado por el F. General”, registrados en esta S. como legajo n.º 29326/3, con referencia al recurso de casación interpuesto a fs. 1/10, por el F. General, Dr. G.S., contra la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal, que decidió hacer lugar al recurso de impugnación formulado por la defensora oficial y sobreseer a los imputados de autos en orden al hecho investigado en el legajo principal, y;
CONSIDERANDO:
1º) Que el Tribunal de Impugnación Penal dispuso el sobreseimiento, de los imputados PALACIO, VILLA y CRESPO por entender que había expirado el término de 90 (noventa) días para realizar la investigación preparatoria por parte del Ministerio Público F. y sin haber formulado acusación.-
2°) Que el F. General, Dr. G.S. interpuso recurso de casación contra aquella sentencia, bajo la invocación del art. 420 del C.P.P., por cuanto esa decisión le causa un agravio de imposible reparación ulterior; “...no solo cierra definitivamente el proceso, sino que reviste gravedad institucional, pues se basa en una interpretación forzada, tanto de la ley procesal como de fondo, que provoca serios inconvenientes en la tarea del Ministerio Público F. (art.419 inc.2° del C.P.P)” (fs.1/2).-
a) En el punto titulado: “ANTECEDENTES DEL CASO”, explicó que la investigación fue formalizada el día 29 de mayo de 2014 sólo respecto a R.A.P. y J.I.V.. En esa oportunidad, el fiscal M.P., requirió el desalojo de la vivienda que se encontraba usurpada por los imputados.-
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Posteriormente, el 11 de julio del mismo año, se formalizó la investigación contra el imputado M.Á.C., y se reiteró la petición del desalojo del inmueble; el Juez de Control se expidió el 16 de octubre sin hacerse efectiva la referida medida.-
Con fecha 19 de diciembre el titular de la acción nuevamente requiere el desalojo, y el magistrado interviniente otorgó un plazo “hasta el día 28 de diciembre” para desocupar la vivienda.- Ante esa decisión la defensa, planteó recurso de impugnación, y el T.I.P. con fecha 28 de mayo del corriente año, dictó la resolución de la que se agravia el F. General.
b) En el acápite indicado como “MOTIVOS DEL RECURSO”, el recurrente consideró, como cuestionamiento central, la decisión que define que ante el incumplimiento de la acusación, dentro del plazo de 90 días que el Código Procesal asigna para la conclusión de la investigación fiscal preparatoria, provoca indefectiblemente la prescripción de la acción.-
A ello agregó que esa determinación se adoptó sin considerar la persistente actividad desarrollada por ese Ministerio F., impulsando la persecución penal, de forma tal que logró el desalojo del inmueble, luego de sucesivas audiencias. Explicó que el Código Procesal Penal establece el término en que debe cumplirse la investigación fiscal, pero su inobservancia no establece sanción procesal; en todo caso “... podrá acarrear eventualmente como consecuencia posible, la aplicación de una sanción de tipo disciplinaria, pero no constituirá una causal de preclusión” (fs. 5).
Recordó que la redacción del art. 274 del C.P.P. resulta idéntica a la que preveía el art. 186 de la anterior ley adjetiva (ley 332), con un plazo de cuatro meses a partir de la declaración indagatoria para el desarrollo de la instrucción del hecho investigado, y que nunca un operador judicial “... planteó la posibilidad de afirmar que
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dicho plazo revestía el carácter de perentorio para el caso de no requerirse prórroga. Por el contrario, fue pacífica la opinión que dichos plazos eran meramente ordenatorios” (fs. 5).- Criticó la decisión del T.I.P. de que para argumentar su postura de que el plazo de 90 días estatuido para llevar a cabo la investigación fiscal preparatoria es de carácter perentorio, haya recurrido a disposiciones de otros códigos provinciales, como el de Neuquén o Chubut, cuando el legislador pampeano no consideró la posibilidad de que la acción penal prescriba en el término dispuesto por el art. 274 del C.P.P.-
Agregó que en el pronunciamiento objetado se introdujo una causal extintiva de la acción en el orden local “... en desmedro de las facultades legislativas del Congreso de la Nación” (fs. 6).-
Consideró que un plazo de 90, 180 o 300 días no puede vulnerar la garantía constitucional de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable, específicamente de aquellos que no se encuentran privados de la libertad. Adunó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso “Mozzatti”, relacionó por primera vez la referida garantía con la prescripción de la acción penal “... sosteniendo que era la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso de tiempo, salvaguardando de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas” (fs.7).- En ese contexto, entendió que el transcurso del tiempo previsto legalmente por el art. 274 del C.P.P. no impone el sobreseimiento del imputado, no sólo porque no se encuentra dispuesto legalmente, sino porque tampoco es el resultado razonable de conformidad con los principios constitucionales en juego, especialmente, el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia.-
c) Al cerrar su presentación recursiva, señaló que el Tribunal de Impugnación Penal mencionó en el pronunciamiento puesto en crisis que su tarea, como tribunal de alzada en...

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