Sentecia definitiva Nº 29 de Secretaría Penal STJ N2, 04-04-2011

Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia:29
PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24348/10 STJ
SENTENCIA Nº: 29
PROCESADOS: D. N.
DELITO: CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (APDH)
VOCES:
FECHA: 04/04/11
FIRMANTES: LUTZ – S.N. – BALLADINI EN ABSTENCIÓN
///MA, de abril de 2011.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores L.L., V.H.S.N. y A.Í.B., con la presidencia del tercero y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “Incidente de apelación en autos: \'D., N. s/Delito contra la integridad sexual\' s/Casación” (Expte.Nº 24348/10 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:

C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor L.L. dijo:


1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante sentencia interlocutoria Nº 272, del 16 de diciembre de 2009, la Cámara Primera en lo C.inal de San C. de Bariloche resolvió -en lo pertinente- rechazar el recurso de apelación interpuesto por los señores M.M.B. y F.O. de H. en representación de la Delegación Bariloche de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), efectuada con el patrocinio letrado del doctor R.M.. Así, confirmó la decisión del juez de Instrucción que había rechazado la petición de los nombrados de ser tenidos como parte querellante.

1.2.- Contra lo decidido, se interpuso el recurso de casación sub exámine, que fue declarado admisible por el a
///2.- quo (fs. 48/50) y posteriormente por este Cuerpo (fs. 58/59).

Así, se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de la recurrente. También se intimó a la defensa para que compareciera a constituir domicilio en esta instancia, bajo apercibimiento de tenerla por domiciliada en los estrados del Tribunal –el cual se hizo efectivo según surge de fs. 65-, y se dio intervención al señor F. General y a la señora Defensora General.

1.3.- A la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito comparecen el señor F. General doctor E.N.E. y la señora Defensora General doctora M.R.C.L..

1.4.- En dicha audiencia el señor F. General expresa que los recurrentes no han comparecido a la audiencia, lo que no le impide insistir en cuestiones de orden procesal. Señala que algunos párrafos -que lee- de los considerandos del Auto Interlocutorio Nº 27/09 del Juzgado de Instrucción Nº 6 son copia fiel de otros de autos “ACOSTA” de la Cámara Nacional de Casación Penal (del 25/06/09), aunque no se aclara dicha circunstancia, lo que desmerece la función jurisdiccional del titular del organismo. En tal sentido, sostiene que la resolución toma argumentos prestados como si fueran propios, sin hacer la advertencia respectiva, lo que constituye una falta de pudor procesal y altera la buena práctica de los pronunciamientos, de modo que, si bien no impugna la resolución, solicita que el Superior Tribunal realice alguna advertencia al respecto.
///3.- En cuanto al recurso interpuesto por el doctor M., coincide con la argumentación de la APDH en su petición de constituirse como parte querellante, lo que entiende posible en este caso. Así, lee el último párrafo del art. 79 y el inc. 16 del art. 75 del Código Procesal Penal como fundamento de su postura. Agrega que el caso tiene particularidades por su forma y modo de comisión y por el impacto colectivo que trajo aparejado. Asimismo, menciona la ilicitud emergente por el uso de tecnología, y que el hecho abarca a otros países (Australia y Brasil), junto con la ciudad de San C. de Bariloche, que es el ámbito en que sucede. En tal contexto, destaca el carácter desconocido de los fotografiados, de los fotógrafos, y de los infantes y menores involucrados. Nuevamente hace referencia a la profundidad e impacto de lo que se investiga, y trae a colación los dictámenes de la Procuración General y los fallos de este Cuerpo respecto de la figura del amicus curiae, que le permiten sostener la viabilidad del planteo. Explica que la víctima es no solo la individualmente lesionada, sino la comunidad en general, incluso internacional, y que están garantizados los bienes jurídicos afectados incluso de modo secundario. En este orden de ideas, manifiesta que es necesaria una jurisprudencia que se adapte a las nuevas formas delictuales. Por tales argumentos, reiteración del escrito presentado por Mesa de Entradas –cuya agregación solicita-, pide que se revoque la sentencia recurrida y se legitime a la APDH como parte querellante, y agrega que se propone una nueva visión y jurisprudencia que no responde a otra cosa que al nuevo
///4.- fenómeno tecnológico que transgrede de modo distinto los derechos.

1.5.- Al hacer uso de la palabra, la doctora C.L. adhiere a la postura del señor F. General y sostiene que el delito viola no solo intereses personales, sino que hay un colectivo vulnerado. En tal sentido, expresa que, contrariamente a lo sostenido en la primera instancia y en la Cámara en cuanto a la ausencia de legitimación, este caso amerita la intervención de la APDH, pues se trata de víctimas no individualizadas. Agrega que la postura del Juzgado de Instrucción y la Cámara carece de sustento legal, en tanto la ley prevé el querellante colectivo, lo que implica la ampliación de la intervención para organizaciones que defienden o representan intereses difusos. A ello suma que estos son los fundamentos buscados por el legislador en la reforma al código ritual; que se trata de delitos trasnacionales que afectan a un colectivo, que tienen impacto social importante y una doble cara: la realización de hechos sexuales y el consumo de los pederastas, lo que hace necesaria su reiteración para un nuevo consumo. Alega entonces que las resoluciones cuestionadas no se hacen cargo de la existencia de la figura del querellante colectivo. Finalmente, remite a los demás fundamentos vertidos en su escrito, agregado a fs. 75/89.

1.6.- Concluida entonces la audiencia de debate, los autos quedaron en condiciones para su tratamiento definitivo.

2.- Agravios introducidos en el recurso de casación:

Como cuestión preliminar, los casacionistas sostienen
///5.- que la resolución recurrida reúne las características de sentencia definitiva, en virtud de que impide a la asociación que integran continuar actuando en el expediente, por lo que esta es la última oportunidad para efectuar el planteo de representar a las víctimas.

Refieren los antecedentes de la presentación casatoria, y así dicen que habían solicitado al J. de Instrucción la participación como querellantes en el proceso sub exámine, fundándose en el reconocimiento que la asociación posee -a nivel provincial, nacional e internacional- en la defensa de los derechos humanos y la protección de los menores, en especial carenciados, maltratados, abusados y marginados como las víctimas de autos, lo cual según alegan resulta además “de claro \'interés público\' como una cuestión \'institucional relevante\' para nuestra sociedad” (fs. 42).

Argumentan que, si bien no existe una víctima determinada, quien tiene ese carácter es la sociedad toda, por lo que propician una interpretación amplia del art. 67 del Código Procesal Penal, y consideran que la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de los tratados internacionales, garantiza que los principios del debido proceso y de acceso a la Justicia son amplios tanto para la defensa como para la víctima. Señalan además que sería de aplicación el art. 43 de la Constitución Nacional por no existir víctima determinada que pudiera otorgar poder o solicitar una representación a la APDH, con cita de jurisprudencia en tal sentido.

Agregan que la normativa internacional propicia la
///6.- participación de las organizaciones no gubernamentales en la promoción y vigilancia de los derechos humanos, por lo que estima que el derecho interno debe reconocer el pleno ejercicio de los derechos relativos a la participación en juicio con todas las facultades para ser oídas por los jueces, e invoca jurisprudencia de otros tribunales que han admitido a organismos similares, reconociendo su trayectoria en la materia.

Por tales razones, cuestionan la decisión del a quo y alegan que se basó en la lectura textual del art. 67 del rito y en un análisis parcial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, además de que efectuó un estudio liviano del planteo que se le formulara. Así, señalan que el J. confundió la participación que tuviera la APDH en el caso “G., que fue como amicus curiae y no como querellante, y alegan que los recurrentes no habían planteado alguna similitud con ese precedente, sino que sólo lo habían invocado como antecedente de actuación y reconocimiento del organismo en la defensa de los derechos humanos y del interés de los menores.

También aducen que es evidente que la Cámara ha omitido el planteo de su parte en cuanto a que en el caso de autos la presentación de la querella sería factible no solo por ser una entidad de defensa de los derechos humanos, sino porque no existe víctima determinada que pudiera otorgar a la APDH poder o facultad alguna para representarla, por lo que entienden que sería procedente el planteo efectuado para representar a los niños o menores que serían víctimas sin
///7.- identificar.

Refieren que en ningún momento los tratados internacionales vedan la participación de las entidades intermedias en las causas penales como querellantes, y mencionan en tal sentido algunos precedentes en que la APDH La P. se ha constituido como querellante (causas contra E. y V.W., y causa denominada “Sanz”, por la que estarían presos E. y el médico J.B., así como otros procesos de las provincias de Formosa (expedientes que derivan de la causa madre “CARRILLO, F.A.s.ón forzada”) y Neuquén (causa “REINHOLD, O.L. y otros s/Delitos c/la libertad y otros” y causa de la “Escuelita”).

Entienden que la participación...

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