Sentencia Nº 28 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 13-04-2016

Fecha de Resolución:13 de Abril de 2016
 
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///MA, 12 de abril de 2016.
Visto: Las presentes actuaciones caratuladas: “MORETE, FACUNDO ANTONIO JESUS C/URBAN S.A y OTROS S/ACCIDENTE DE TRABAJO S/INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. N° 27772/15-STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIAN dijo:
1.- Antecedentes de la causa:
Mediante la sentencia que luce glosada a fs. 426/433 la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad rechazó totalmente la demanda impetrada por el actor contra la empresa URBAN S.A. y reguló -en lo aquí pertinente- los honorarios del Dr. Guillermo M. Ceballos, por la representación ejercida por URBAN S.A. en el 12% más el 40% sobre el monto base considerado de $ 500.000,00 (valor reclamado), fijado en la suma de $84.000,00 a la que se adicionará el I.V.A. en caso de corresponder.
Contra lo así resuelto, se alzó el letrado apoderado de la empresa URBAN S.A., por derecho propio, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos que se desprenden de la pieza obrante a fs. 454/459 vlta. el que fuera declarado admisible por el a quo por interlocutorio obrante a fs. 498/500.
2.- Agravios del Recurso:
Sostiene el letrado recurrente que la sentencia -en su punto IV- incurre en violación y errónea aplicación de la ley en cuanto regula sus honorarios de modo insuficiente, con afectación a los derechos de propiedad -art. 17 C.N.- e igualdad -art. 16 C.N- al menguar, arbitraria e injustificadamente el honorario que por ley corresponde, y que por su naturaleza alimentaria no podrá ser disminuido. Argumenta que el a quo no actualizó el monto base y que si bien, en el caso, se rechazó la demanda, la solución debería ser la misma que en los supuestos en que hace lugar, ajustándose de igual modo el monto base a los fines arancelarios.
Argumenta que la regulación dispuesta en el punto IV del fallo agravia los principios rectores que deben informar la regulación de honorarios profesionales, por dos cuestiones 1.- por no haber aplicado los intereses al monto de la demanda rechazada en su totalidad y; 2.- por no haberse ceñido a los porcentajes que teniendo en cuenta "... la naturaleza y /// ///
complejidad del proceso, la labor profesional y fundamentalmente el resultado obtenido (arts. 6 /10; 12, 20, 23,34, 38, 40, 51 de la L.A.), debieran haber resultado en la regulación de sus honorarios.
Trae a colación doctrina legal de este Cuerpo en su anterior composición, en sentido contrario a su pretensión, pero aduce que en virtud de las circunstancias y por efecto de la realidad económica y jurídica el Superior Tribunal en su actual integración tendría que reveer aquel criterio.
Finalmente peticiona la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561 en lo referido a la redacción que le concede al art. 10 de la ley 23918, toda vez que -dice- agravia el derecho de propiedad resguardado por el art. 17 de la Constitución Nacional, al impedirle la prohibición de indexar la acumulación de los intereses al capital reclamado a los fines arancelarios.
3.- Análisis y solución del caso:
3.a) Admisibilidad formal del recurso:
Este Superior Tribunal tiene dicho que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto "[a] las bases adoptadas para fijarlos, salvo violación de las normas legales pertinentes" (STJRNS1 "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06, y precedentes allí citados). En igual sentido, también se ha expresado que todo aquello que suponga impugnación de bases computables a los fines de la regulación, no es revisable por vía del recurso de casación (STJRNS1 "GARCIA" Se. 47/00; "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06) Y, por último, que "determinar la aplicación de las escalas previstas por los artículos 11 y 7 de la Ley de Aranceles Nº 2212 dependerá en definitiva de los factores y/o pautas de apreciación contenidos en el art. 6 de dicha norma, cuestiones estas de hecho y de exclusiva incumbencia de los jueces de grado, y ajenas al recurso extraordinario de casación" (STJRNS1 "LESCANO", Se. 24/03; "SCOTIABANK QUILMES S.A.", Se. Nº 13/07).
En el caso puntual de autos, el letrado formula tres tipos de cuestionamientos: a) que no se hayan incluído los intereses en la determinación del monto del proceso a los fines de la regulación de honorarios; b) que resulta baja la estimación porcentual que hiciera el tribunal a quo al momento de evaluar su trabajo y establecer sus honorarios (12 % + 40 % sobre monto base) y; c) la imposibilidad de actualizar o indexar el capital reclamado en la demanda en /// ///-2- virtud de la prohibición de indexar prevista en el art. 10 de la Ley 23928 (cf. Art. 4 Ley 25561), lo que repercute negativamente en su crédito arancelario.
De los tres agravios reseñados sólo resulta desde mi óptica admisible aquél vinculado a la omisión de incluir los intereses reclamados en el monto del proceso, en la medida que implica una errónea interpretación y aplicación del art. 20 de la ley arancelaria.
No desconozco que este Superior Tribunal de Justicia mantiene una doctrina legal hasta hoy vigente en sentido adverso al pretendido por el letrado, pero luego de un pormenorizado estudio de la cuestión, y por las razones que más adelante expongo, decididamente me inclino por revisar dicho criterio y proponer al acuerdo una solución distinta.
Resulta inadmisible en cambio el cuestionamiento del porcentaje adoptado por el a quo al momento de evaluar el trabajo profesional del recurrente, en tanto se trata de una cuestión de hecho cuya ponderación se encuentra reservada con exclusividad al tribunal de mérito, siendo por lo tanto ajena al recurso extraordinario (STJRNS1 "LESCANO", Se 24/03; "SCOTIABANK QUILMES", Se 13/07, ya citados y STJRNS3 "MARIN", Se 12/15).
Tampoco procederá, el planteo de inconstitucionalidad la Ley 25.561. El profesional recurrente aduce aquí -fs. 452- que "la falta de actualización de la demanda por su rechazo para integrar el concepto de monto base, afecta mi derecho de propiedad y el de igualdad ante la ley, ambas de raigambre constitucional, por lo que solicito se declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25.561 en cuanto redacción del art. 10 de la ley 23.928, y ordene la aplicación de intereses al importe de la demanda rechazada TOTALMENTE para que resulte el MONTO BASE sobre el cual se deba calcular mis honorarios con los mismos intereses que se aplican a la demanda que procede ..." (lo resaltado en cursiva me pertenece).
Surge con claridad de lo expuesto que su objeción no se dirige en rigor contra la prohibición de indexar; no hay un ataque fundado al art. 10 de la Ley 23.928 (texto cf. Ley 25561) que prohíbe la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas. Lo que el abogado pretende es que los intereses sean incorporados al monto base a los fines de la regulación de honorarios, tal como la doctrina judicial lo ordena cuando la demanda prospera, con lo cual el agravio queda /// ///
subsumido en el restante, cuyo tratamiento y solución no requiere del test de constitucionalidad de la norma impugnada.
Ello, sin perjuicio de recordar que "... la declaración de inconstitucionalidad de una norma, por su seriedad, gravedad y trascendencia, es una herramienta que debe ser considerada como la "última ratio" del orden jurídico, en atención a la presunción de validez que emana de los actos dictados por los Poderes competentes del Estado, en ejercicio de las funciones que la propia Constitución les atribuye." (conf. STJRNS3 "MORAGA" Se. 13 /95 ; "AGUERO" Se. 370/03 ; "MELLADO" Se. 148/04 entre muchas otras).
3.b) La inclusión de los intereses en el monto base. Doctrina legal vigente
Desde el precedente "PAPARATTO", Se.15/91 como después quedara dicho en "BAQUERO LAZCANO" con cita de "RIO NEGRO FIDUCIARIA", Se. 52/06 y "SCOTIABANK QUILMES", Se...

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