Sentencia Nº 277 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 19-05-2020

Fecha19 Mayo 2020
Número de sentencia277
MateriaS/ REIVINDICACION

SENT N° 277 C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, a los Diecinueve (19) de Mayo dos mil veinte, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo C.il y Penal, integrada por los señores V.D.C.B.S., y los señores Vocales doctores D.O.P. y D.L., bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “A.J.H.v.P.D.A. s/ Reivindicación” Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores D.O.P., D.L. y doctora C.B.S., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor D.O.P., dijo: I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara C.il y Comercial Común, del 28/6/2019 que no hace lugar al recurso de apelación incoado por aquélla contra la sentencia del 05/12/2018 y, en consecuencia, la confirma. II.- El recurrente sostiene que la sentencia incurre en violación a la ley y arbitrariedad en la apreciación de la prueba. Le agravia que la Cámara otorgue al Sr. R.R.D. (quien transfiere el inmueble a título de venta a favor del demandante) el carácter de “liquidador” de la sociedad disuelta, con poder suficiente para transferir el domino, sin dar para ello fundamento alguno. Afirma que el mentado no fue nunca socio de la sociedad en cuestión. Quien fuera socio es el Sr. R.G.R.D., conforme surge de fs. 229, la que fue ligeramente leída por el sentenciante. Tampoco consta que fuera administrador de la sociedad conforme el sistema regulado por la Ley de Sociedades. Cita su art. 60 e indica que no está acreditada la registración o inscripción de aquél como administrador. Le agravia la sentencia cuando considera la naturaleza jurídica del poder de administración y disposición que se hace constar en la escritura pública y que habilitaría al Sr. R.R.D. a actuar en nombre y representación de una sociedad en liquidación. Indica que la cuestión es puesta en claro a través de la jurisprudencia que cita. Concluye que no puede sostenerse, como en la sentencia, que el representante actúe en una actividad liquidatoria del acervo societario tácitamente asignada a su parte por el art. 102 LSC. Afirma la existencia de gravamen en la consideración sentencial relativa a que su parte no tendría interés en que caiga el boleto de compraventa no impugnado por quienes se encontraban legitimados para efectuar tal planteo toda vez que ese acto intenta frustrar su derecho a repeler la acción reivindicatoria intentada. Destaca que no se encuentra acreditado en autos, a pesar de que la Cámara lo afirme, que la empresa Anexos Rodríguez Drago S.R.L. haya tenido la posesión en tanto adquirente del inmueble a la empresa Constructora DezoCostanzi S.A. en el año 1996 ya que, solicitado el informe al Registro Inmobiliario, el mismo expresa que “no se agrega copia por encontrarse deteriorado”. A su turno, señala que no se consideró su testigo (Sr. P.) que expresamente reconoció la posesión del demandado anterior al año 2009 ni se consideró el informe de verificación agregado como prueba por el actor que acredita que al tiempo de dicha medida ya se encontraban construidos los muros medianeros que circunscribe la propiedad. La materialización del perímetro a que alude el informe del agrimensor es un acto posesorio que pertenece a la familia P.; el actor no hizo mención nunca en su demanda a ella porque indudablemente le era ajena hasta para su propio conocimiento. Agrega que si bien la Cámara considera el pago de impuestos inmobiliarios por el actor no tiene en cuenta que si la presunta adquisición ha operado en 1992, no consta documentación alguna que acredite el pago de dichos impuestos desde ese año a 2009. Detalla las boletas de pago de CISI, períodos, fechas de pago y concluye que, tales, prueban igualmente que estos instrumentos nunca fueron emitidos a nombre del actor desde el año 1998 como falsamente expone en la demanda. Aclara que ninguna de tales boletas goza de prueba de autenticidad. Le agravia que la Cámara no tenga presente el testimonio de Cabalín que prueba su posesión desde 15 años o más a la fecha. Que por todo lo expuesto su parte tuvo la posesión durante 25 años (1989-2014) la que no fue cuestionada por la empresa Rodríguez Drago SRL (ya que había efectuado la tradición a los P.) ni mucho menos por el demandante. La posesión fue adquirida conforme los artículos 2379 y 2380 y ccdtes del código velezano. Presunción que se origina en el artículo 2363 CC. Que después de 22 años el actor intenta denuncia penal contra su parte, de la que fue sobreseído. Que resulta extraño que durante 22 años el accionante no haya efectuado ningún acto posesorio. Cita el art. 3270 CC; 399 del CCCN; 2789 CC. La sentencia ignora la disposición de este último artículo al mencionar que el A quo recurrió acertadamente a la presunción del art. 2790 CC. Explicita que la sentencia viola el art. 40 procesal; 60 LSC; aplica erróneamente el art. 279 y ccdtes. CC. Presenta precedentes jurisprudenciales. Menciona el art. 157 de la LSC señalando que no lleva confusión entre los conceptos de administración y representación. Redunda en ello citando el art. 1869 CC y si bien llama a reflexión el art. 1870 inc. 3 CC, no se encuentra norma alguna en el CC o Cód. de Comercio que constituya excepción a la teoría del órgano de la doctrina comercial. La aplicación clásica del contrato de mandato ha quedado superada por su inhabilidad respecto de las personas colectivas, tal como lo sostiene calificada doctrina. Abunda en ello y presenta fallo de este Alto Tribunal sobre los requisitos de la acción reivindicatoria. Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado. III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 05/9/2019; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y, en su caso, la procedencia del mismo. IV.- El Tribunal a quo considera los agravios de la parte recurrente que resume en: a) indebida valoración de la escritura n° 1102 del 14/09/10, como título válido para promover acción de reivindicación, en tanto resulta nula por haber sido otorgada cuando la sociedad vendedora se encontraba disuelta por vencimiento de plazo contractual. Al respecto señala que no asiste razón al apelante en el punto. Ello, por una parte, en tanto la aludida disolución no importa la revocación de los poderes otorgados sino que los mismos subsisten a los fines de la liquidación del ente. En efecto, señala el sentenciante que la disolución de la sociedad, aunque comporte la prohibición para los administradores de emprender nuevas operaciones....no les priva del poder representativo de la sociedad en el lapso que va desde la disolución hasta la liquidación. Que en virtud de lo dispuesto por el art. 435, Cód. de Com., la disolución de la sociedad no producía la caducidad de los poderes otorgados, sino que subsistían para liquidar los negocios pendientes. Que actualmente la jurisprudencia ha entendido que, disuelta la sociedad, se la considera existente a efectos de su liquidación, restringiéndose el uso de la firma social a la facultad de liquidar y contraer obligaciones que sean consecuencia natural de la liquidación. Es decir que...”se mantienen subsistentes los poderes otorgados con anterioridad a la sociedad (gerentes, procuradores o abogados), salvo extinción por otras causales distintas a las de la liquidación y con la advertencia de que las facultades otorgadas no deben exceder las limitaciones a que la misma sociedad en liquidación se haya sujeta...el liquidador asume la representación de la sociedad en liquidación” (CSJT, “G.J.J.v.D.G. y Cia SRL y Otros s/ Indemnización por antigüedad” S.. N°865 del 29/12/1994). Agrega que, con respecto a la tarea liquidativa posterior a la disolución se ha entendido que la disolución por expiración del plazo legal se opera ipso iure; que no es necesario que sea declarada judicialmente ni que se inscriba, toda vez que los mismos socios convinieron y publicitaron la disolución de un modo anticipado al inscribir el contrato originario. Que la disolución así operada inicia el proceso de liquidación tendiente a realizar todas las operaciones que determinen el haber social que va a distribuirse entre los socios y su entrega posterior, previa extinción de las obligaciones sociales. Que se impone, entonces, la designación del liquidador. Que el art. 102 LS se aplica subsidiariamente y, en virtud del mismo y como regla general, los liquidadores natos son los administradores. Que el hecho de la disolución transforma a los gerentes en liquidadores. Que ante el silencio de los estatutos, la LS interpreta que se ha optado por la transformación de los administradores en liquidadores. Lo que se sustituye es la actividad de administración especulativa por la actividad de liquidación. Esto puede suponer un cambio en el elenco de las personas encargadas de la nueva gestión, pero no es necesario que sea así, es más, por principio general la liquidación está a cargo del mismo órgano de administración, salvo casos especiales o estipulación en contrario. De acuerdo al contrato social los socios son los administradores. Por lo tanto de conformidad al art.102 LS tácitamente son designados liquidadores...

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