Sentencia Nº 261 de Secretaría Penal STJ N2, 21-11-2011

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2011
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 25415/11 STJ
SENTENCIA Nº: 261
PROCESADOS: S.D.A. – PEÑA JUAN CARLOS (SOBRESEÍDOS)
DELITO: ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 21/11/11
FIRMANTES: BALLADINI – S.N. (EN DISIDENCIA) – MATURANA (SUBROGANTE)
///MA, de noviembre de 2011.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores A.Í.B., V.H.S.N. y R.H.M. –por subrogancia-, con la presidencia del primero y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “FISCALÍA II s/ Investigación s/Casación” (Expte.Nº 25415/11 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:

C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor A.Í.B. dijo:

1.- Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 110, del día 6 de junio de 2011, la Cámara Primera en lo Criminal de la IIª Circunscripción Judicial resolvió -en lo pertinente- declarar mal concedido el recurso de apelación de la F.ía contra el auto de fecha 15 de diciembre de 2010, punto II (fs. 1204/1232) en cuanto decretó el sobreseimiento de los imputados D.A.S. y J.C.P. en orden al delito de administración fraudulenta -segundo hecho-.

Contra dicha resolución el señor F. de Cámara, doctor E.A.S., dedujo recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo.- –

2.- Agravios del recurrente:

///2
2.1.- El doctor S. refiere que la sentencia en crisis incurre en inobservancia de las normas que el Código Procesal Penal establece (art. 429 inc. 2º C.P.P.), razón por la cual se encuentra afectada por un vicio que acarrea nulidad. Agrega que se efectúa una errónea aplicación del art. 304 y ccdtes. del rito, a la vez que señala la ausencia de fundamentación razonada y legal en el voto mayoritario.-
El Ministerio Público F. se agravia también puesto que el fallo a que se alude ha entendido que el dictamen de la F.ía de grado, en oposición al sobreseimiento de los imputados, ha sido presentado en forma extemporánea, por considerar que el término para contestar la vista prevista por el art. 304 del código adjetivo se trata de un plazo perentorio e improrrogable.- –

Plantea que la norma mencionada no fija un plazo determinado y afirma que es ordenatorio, nunca perentorio. Cita como fundamento de su posición el fallo “MOYA” de este Cuerpo.- - –

Citando el voto del doctor G.K., señala que la única penalidad para el F. por no contestar la vista en tiempo y forma era que se le diera por decaído el derecho contestarla, pero no se le puede dar por decaído el derecho a apelar. Menciona doctrina y jurisprudencia que considera favorable a su postura.

2.2.- A fs. 187/199, el señor F. General subrogante doctor J.R.P. sostiene el recurso del señor F. de Cámara, escrito a cuyo contenido me remito en mérito a la brevedad.

3.- Audiencia de debate:
///3.
Al realizarse audiencia del art. 438 del Código Procesal Penal, comparecen el señor F. General subrogante doctor J.R.P. y el doctor J.O.C., en representación de los imputados.

3.1.- Al hacer uso de la palabra, el representante del Ministerio Público F. sostiene nuevamente el recurso de casación deducido en autos por el F. de Cámara contra el auto del Tribunal de origen, y solicita que se revoque lo dispuesto y se tengan por reproducidos en la audiencia los conceptos ya vertidos. Luego hace una reseña del trámite de apelación y de los agravios de la defensa, los que considera insostenibles. Asimismo, hace propios los argumentos del voto de la minoría y sostiene que la consecuencia de no haber evacuado la vista es solo eso, con fundamento en el art. 150 del Código Procesal Civil, mas no implica la imposibilidad de recurrir. Agrega que el término es solo ordenatorio y que la vista estaba evacuada en tiempo y forma según la prórroga otorgada por la J. de Instrucción; que tal vista previa era un requisito del sobreseimiento y los plazos eran ordenatorios, según doctrina legal de este Superior Tribunal, que cita. Plantea que la cuestión tampoco era recurrible, pues no está enumerada en el art. 422 del rito ni le causa un gravamen irreparable a la defensa, aun si la causa vuelve a la instrucción. Aduce que la Cámara debió declarar mal concedido el recurso, y que, aun si el F. no evacua la vista, puede recurrir, pues los actos del Ministerio Público F. están sujetos al control de la judicatura. Cita doctrina legal en abono de su postura (Se. 64/03 y 141/04 STJRNSP). Afirma además que la resolución de
///4.- la Cámara omite analizar la fundamentación de los actos del Ministerio Público F. y solo toma los tiempos para la evacuación de la vista, pero no menciona en qué normas se basa para no permitir la apelación ni hace un desarrollo plausible, y luego aplica una sanción no prevista. Expresa que la doctrina citada por el a quo no es aplicable al caso, pues es diferente la personalidad del F. de la del querellante, en tanto el primero es un sujeto esencial y no eventual del proceso. Por lo expuesto, considera que debe revocarse el fallo de Cámara en sus tres primeros puntos, dejando subsistentes los demás, y reenviar la causa al origen para que resuelva sobre el fondo de la pretensión.

Por su parte, el doctor C. manifiesta que cabe distinguir dos temas. El primero, continúa, es si el Ministerio Público F. contesta la vista en término, y el segundo es analizar cómo se refleja el incumplimiento en los actos futuros del proceso. No coincide con el F. General subrogante en que la vista haya sido contestada en término. Posteriormente, hace una reseña del trámite, y refiere que la defensa solicita el sobreseimiento, la J. corre traslado al Ministerio Público F., que no contesta en tres días, ni tampoco en los diecisiete siguientes. Prosigue relatando que la defensa presenta escrito en el que pide que se resuelva la situación y se tenga por no contestada la vista, luego de lo cual el F. solicita la prórroga, que la J. otorga, diecisiete días después de que el plazo hubiera fenecido, y por siete días, lo que la convierte en legisladora de facto. Concluye en que ello agravia a su
///5.- parte, pues la contestación no es en término, porque no existe prórroga, ni existe prórroga porque estaba muerto el plazo. Agrega que la J. resuelve el sobreseimiento pero no su pedido de revocatoria frente a la prórroga, por lo que la Cámara le pide que resuelva tal cuestión. Sigue explicando que la J. no hace lugar a la revocatoria y concede el recurso, lo que le causa agravio; que la Cámara hace lugar a su planteo y entiende que la contestación de la vista fue extemporánea, decisión que ahora se recurre. Alega que no coincide con el concepto del Ministerio Público F. según el cual los plazos de dicha parte son ordenatorios, con cita de C.O., M. y B.. Así, señala v.gr. la falta de ofrecimiento de prueba, y afirma que no todos los plazos son ordenatorios, y que sí lo son los que dan impulso al proceso, punto que cabe analizar en cada caso. Menciona también la requisitoria de elevación a juicio, cuyo plazo es ordenatorio por una necesidad procesal, porque si no se cumple, el expediente no puede pasar a la etapa de juicio. Sostiene que no ocurre lo mismo con el tema sub exámine, donde el acto no es de impulso procesal, de modo que el plazo es perentorio. También manifiesta que este caso, en que el F. contesta cuando quiere, es uno más entre tantos, dado que es habitual el incumplimiento de los plazos por parte del Ministerio Público. Por lo argumentado, solicita que se dicte sentencia confirmatoria de la resolución de la Cámara, en tanto la acusación no ha contradicho el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa.

4.- Resolución del a quo:

///6.
En primer lugar, reseñaré que el 15 de diciembre de 2010, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de General Roca...

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