Sentencia Nº 26 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 27-05-2015

Fecha de Resolución:27 de Mayo de 2015
 
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///MA, 27 de mayo de 2015.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI, Liliana L. PICCININI y Enrique J. MANSILLA, con la presencia de la señora Secretaria doctora Stella Maris GOMEZ DIONISIO, para el tratamiento de los autos caratulados: “ROJAS, ANDREA VIVIANA C/ LEY, RUBEN OSCAR Y OTROS S/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte Nº 25957/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 238/255 por los codemandados Rubén Oscar LEY, Andrea Cristina VEGA y ZIZA SRL, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión, el señor Juez, Doctor Sergio M. BAROTTO, dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. El tribunal de grado hizo lugar en lo sustancial al reclamo de Andrea Viviana Rojas contra Rubén Oscar Ley, Andrea Cristina Vega y Ziza SRL, condenándolos solidariamente a indemnizarla por despido injustificado, con el agravante previsto en el art. 2 de la ley 25323 y la multa del art. 80 de la LCT, más intereses y costas.
1.2. En cuanto interesa destacar ahora, tuvo presente el a quo -fs. 219 y ss.-, en virtud de su valoración de las pruebas producidas, que Rojas trabajó como vendedora en los locales de venta de ropa denominados "Planet", y fue registrada como dependiente de Rubén Ley desde junio de 2004 hasta diciembre de 2006; de Andrea Vega, en enero de 2007, y de Ziza /// ///
SRL, hasta el despido, aunque sin cambiar de funciones ni de establecimientos ni de empleadores reales, que a su criterio fueron siempre Vega y Ley, máxime la falta de prueba incurrida por los demandados sobre la real existencia de Ziza SRL, de la cual no se determinara su patrimonio ni se aportara el correspondiente contrato social.
En lo concerniente asimismo al despido directo -fs. 9 y 103-, reputó que la causal invocada no se probó en modo alguno, pues Rubén Ley no acreditó haberse constituido en el domicilio denunciado laboralmente por Andrea Rojas, para constatar su estado de salud los días 8 y 9 de marzo de 2010 en compañía de médico alguno, de quien tampoco obrara mínima constancia de servicio de contralor, ni se ofreciera declaración testimonial ni se mencionara siquiera su nombre profesional en el responde.
1.3. Orfandad probatoria del cese que motivó al a quo a disponer su correspondiente resarcimiento, agravado con la sanción del art. 2, ley 25323 y la multa del art. 80, LCT; esta última por resultar extemporánea la entrega de los certificados adeudados a la trabajadora.
2. Los agravios del recurso:
2.1. Los codemandados Rubén Oscar Ley, Andrea Cristina Vega y Ziza SRL solicitan ante esta instancia extraordinaria se case el fallo de grado por razón de arbitrariedad, incongruencia, violación de doctrina legal y violación expresa de la ley, que afectara su defensa en juicio -fs. 238/240 y ss.-.
2.2. Dicen en torno del cese que se fundó en la imposibilidad de que el empleador pudiera controlar a su dependiente, con inasistencias por una supuesta dolencia que no padeció, según lo tuvieran por cierto los jueces -afirman; fs. 242-. Y sostienen que se malinterpretó la cuestión -fs. 252/253-, pues el art. 210, LCT prevé la obligación del trabajador de someterse al control médico del empleador, lo cual se frustró porque Rojas no se hallaba en su domicilio, donde ya no vivía.
2.3. Cuestionan también la condena solidaria, aun cuando expresan que, según las constancias, Ley, Vega y Ziza SRL fueron sus empleadores, si bien arguyen que la sociedad adquirió de los dos primeros el comercio donde prestaba servicio Rojas -fs. 241, 243, 244-, e impugnan que Ziza carezca de patrimonio, afirmando que desde hace casi 10 años la SRL es titular del comercio -fs. 245-.
A continuación -fs. 245/246- efectúan consideraciones acerca de la solidaridad como mecanismo sancionatorio de los fraudes laborales y de la normativa societaria -cf. arts. 59, /// ///-2- 274 y 54, LSC-, sosteniendo en abstracto -fs. 248 y ss.- que la conflictividad laboral ha determinado distintos supuestos de responsabilidad de los socios, según prevé también el art. 54 de la ley 19.550, por fraude a la ley, al orden público, a derechos de terceros y a la buena fe laboral.
Admiten sin embargo que la extensión de responsabilidad a los socios puede resultar no sólo del art. 54, LSC, sino también de los arts. 5, 14 y 31 de la LCT, de considerarlos como los verdaderos y directos empleadores -v. fs. 249-; pero niegan que en el caso haya habido fraude para que resultaran alcanzados -fs.250-.
3. Análisis y solución del caso:
3.1. Pues bien, observo desde ya, según puede advertirse de lo precedente, la carencia de crítica concreta en orden a controvertir argumental y fácticamente el fundamento normativo y la motivación probatoria del fallo de grado. Y en este sentido no se exhibe tampoco en el recurso dónde incurriera el tribunal de grado en falta de congruencia con la traba de la litis, o en efectiva arbitrariedad en la evaluación de las constancias del caso, o en una concreta vulneración de doctrina legal de este Cuerpo o aun de norma legal o constitucional alguna, al fijar las premisas mayor y menor del decisorio.
En efecto, nada suplen los recurrentes respecto de la falta de prueba de la injuria denunciada por el principal y ponderada por la Cámara -fs.219 y ss.-, ni elevan refutación de peso acerca de la falta de acreditación de la real existencia de la SRL como efectiva empleadora de la actora, máxime que al despedirla y en otras comunicaciones, el codemandado Ley no se presentó a sí mismo como órgano de la SRL, sino que actuó como directo y real empleador -v. fs. 4, 9, 103 y 102-.
3.2. Es también por demás sabido que se trata la valoración de la injuria de materia propia de la instancia de grado, en tanto la selección y prelación del sustrato fáctico probatorio conducente y su valoración es materia reservada al tribunal ordinario, exenta en principio de control mediante recurso extraordinario, en tanto este Superior Tribunal no constituye segunda o tercera instancia, sino que tiene fundamentalmente a cargo revisar la legalidad.
En tal sentido y más allá de su proclamado interés formal, no cabe desatender que los recurrentes persiguen la revisión de la índole injuriante del cese directo; tarea que resulta exclusiva de los tribunales de mérito y ajena por naturaleza al ámbito casatorio; irrevisable /// ///
en esta instancia de legalidad, salvo demostración de absurdidad en la valoración probatoria, que no advierto configurada en el presente caso.
Ello se compadece sin duda alguna con el sistema procesal laboral de apreciación en conciencia (art. 53, párrafo segundo, de la Ley P Nº 1504), respecto de la significación de las pruebas producidas que asumieran a través de sus percepciones; siempre que -reitero- no se traduzca arbitrariedad en el veredicto; y no ha sido este el caso de autos.
Por otra parte, no controvierten la falta de certeza acusada por el a quo en el invocado ejercicio del derecho de control sanitario del art. 210, LCT, pues no se ha intentado siquiera suplir la omisión de señalar al galeno que habría intervenido en la emergencia para respaldar la detonación del despido directo, pretendidamente justificado por incuria de la dependiente.
3.3. En lo concerniente, por último, a la responsabilidad de los empleadores de existencia física, es decir, de Rubén Oscar Ley y de Andrea Cristina Vega -quienes a la sazón reconocen en su recurso haber sido verdaderos empleadores-, ciertamente se justificaría en el caso más allá del cauce del art. 54, LSC, impugnado en el recurso, porque aun de admitirse el ejercicio de la calidad de empleador por parte de la personería jurídica de la SRL, interpuesta según el a quo tan sólo nominalmente en el vínculo laboral de Rojas, y más allá también de haberse incumplido con los aportes correspondientes y sus registros antecedentes en los límites mismos del art. 14, LCT-, la razón de reputar el carácter de empleadores responsables a los mentados Ley y Vega halla respaldo en las significativas particularidades fácticas del caso en examen, esto es, fundadamente en el marco de los arts. 5 y 26, LCT.
Sin embargo, a tenor de los términos recursivos, me hallo en la obligación de señalar previamente que, tal como ya lo he sostenido al decidir sobre la extensión de condena enmarcada en el art. 54, LSC (cf. STJRNS3 "SANDOVAL" Se. 113/12), la posibilidad de extender la responsabilidad en forma solidaria a ciertos socios por las deudas contraídas por las sociedades, a raíz de reclamos de trabajadores que han tenido una relación laboral con estas últimas, siempre es una cuestión delicada en la medida que ponga en crisis el principio sobre el que se asienta la personalidad jurídica diferenciada de los entes de existencia ideal, eje del sistema legal estructurado sobre la base de los arts. 2 de la Ley 19550 y 33 y 39 del Código Civil (STJRNS3 "PEREGO", Se. Nº 17/12). Y se trata en efecto de una cuestión que a veces debe ser revisada en atención a los datos de la realidad, en tanto manifiesten el uso /// ///-3- desviado de la personalidad jurídica, con fines que nada tienen que ver con aquellos para los cuales fue concebida.
Es, por lo demás, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Palomeque, Aldo R. c. Benemeth S.A. y otro"; 03/04/2003); a saber, que resulta improcedente la resolución que extienda solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por la falta de registración de una parte...

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