Sentecia definitiva Nº 26 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 12-03-2012

Fecha de Resolución:12 de Marzo de 2012
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 12 de marzo de 2012.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores V.H.S.N., R.H.M. y G.A., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "SISARIC IVAN c/ MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN" (Expte. N° 25430/2011-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de la siguiente:


V O T A C I O N

El señor Juez doctor V.H.S.N. dijo:

Llegan las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora, contra la Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Carlos de Bariloche, en su carácter de Tribunal Contencioso Administrativo por la cual se rechazó la demanda que peticionaba la revisión, revocación o nulidad de los actos administrativos que adjudicaron, en el marco de la licitación pública Nº 003/06, al oferente M.E., la concesión para la explotación del local comercial sito en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de San Carlos de Bariloche y los daños y perjuicios ocasionados en virtud de tales actos.

La Cámara, en lo sustancial, resolvió rechazar la acción considerando –dentro del control de legalidad de la Licitación realizada por el Municipio- que no se advierten irregularidad o arbitrariedades en el trámite administrativo que amerite la revocación de los actos cuestionados que se encuentran debidamente motivados.

Para resolver de dicha manera la Cámara remite al dictamen de la Asesoría letrada Municipal que advirtió respecto de que el ahora actor declaró como bienes propios automotores con la sola acreditación de boletos de compraventa sobre los mismos, no cumpliendo con los requisitos formales para acreditar el dominio, esto es, la debida anotación en el registro.
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Además, el Tribunal a quo advirtió el aserto del dictamen en cuanto observa la discordancia entre la AFIP Y DGI, de lo denunciado en la declaración jurada efectuada por el actor en lo referente al carácter laboral del mismo. También consideró que asiste razón al Municipio en cuanto desestima que la oferta del recurrente haya sido la más ventajosa.


La Cámara también tuvo en consideración que la Comisión de Preadjudicación municipal dictaminó fundadamente desestimando la presentación del actor en cuanto no acreditó la disponibilidad del dinero en efectivo, que resulta en la oferta de un 32% del activo denunciado.


Sostiene el Tribunal que no se advierte la inobservancia de disposiciones legales aplicables, en especial del art. 40 de la Ord. 257/89 de Contrataciones, en el Acta de preadjudicación del 16.8.06 la que se encuentra debidamente motivada analizando la oferta del actor.


Afirma que no se observa del plexo probatorio que el actor hubiere demostrado que su oferta se ajustó en un todo a los pliegos al momento de su presentación, ni demostrado en autos que las observaciones en cuanto a la acreditación de su solvencia fueran infundadas.


En síntesis, el decisorio resuelve que la accionada no se ha apartado de las normas que rigen el proceso licitatorio municipal.


Ante lo así resuelto el actor se agravia y señala que la sentencia incurre en errónea valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas de la licitación cuestionada e impugnada. Considera que la sentencia confirma un actuar administrativo con excesiva discrecionalidad en su resultado y abuso de los mismos.-
También aduce violación al principio de congruencia y correspondencia incurriendo por ello en arbitrariedad y absurdidad. Dice que la sentencia contraría la doctrina legal administrativa mayoritaria y resuelve en base a criterios contrarios a los principios rectores del derecho administrativo.-
Entiende que la Cámara valora en forma errada los hechos y las circunstancias del proceso licitatorio y como consecuencia de lo mismo la conclusión en sentencia de los hechos constitutivos, modificatorios y extintivos de derechos entre las partes.

Finalmente se agravia por la imposición y graduación de costas.

A fs. 342/356 obra dictamen de la Sra. Procuradora General quien entiende que el intento recursivo no puede prosperar, debiéndose ratificar la sentencia del Tribunal a quo.

Manifiesta que el recurrente incumple...

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