Sentencia Nº 256 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 15-11-2021

Fecha15 Noviembre 2021
Número de sentencia256
MateriaHILL TERAN PERCY ALBERTO Vs. SANMILLAN DE BUSSOLA LUCIA CARLOTA S/ COBRO (ORDINARIO)

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala I ACTUACIONES N°: 2650/06AUTOS: H.T.P.A. c/ SANMILLAN DE BUSSOLA LUCIA CARLOTA s/ X* COBRO (ORDINARIO). Expte.: 2650/06 - SALA 1 SENTENCIA N° 256 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los quince días del mes de noviembre de 2021 se reúnen los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, S.I., para considerar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Sra. Lucía C.S. de B., contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019, que corre agregada a fs.1676 a 1686 de autos. Establecido el orden de votación, dijo la Sra. Vocal preopinante Dra. M.G.F.F.: I. Sentencias de primera instancia y de SCSJT Que mediante sentencia de fecha 30 de Septiembre de 2019 (fs. 1676 a 1686 de autos), el Juzgado de Documentos y Locaciones de la Iª Nominación resolvió: “I. No hacer lugar a la excepción de cumplimiento parcial interpuesta por la accionada. II.H. lugar a la demanda promovida por P.A.V.H.T., en contra de la Sra. Lucía C.S. de B., y en consecuencia condenar a L.C.S. de B. a abonar al actor, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente, la suma de $25.000 (pesos veinticinco mil) en concepto de capital, con más los intereses que se calcularán desde la fecha de la mora (7/04/2006) hasta la fecha del efectivo pago, con la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

III.- COSTAS a la accionada vencida. (...)”. Ante la apelación de la parte demandada, Sra. Lucía C.S. de B., la Sala IIIª de esta Cámara de Documentos y Locaciones decidió: “I) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada Lucía C.S. de B., contra la sentencia de fecha 30 de Septiembre de 2019 dictada a fs. 1676/1686 de estos autos, la que se confirma. II) Costas: atento el resultado del recurso se imponen a la demandada vencida (art. 107 del CPCyC). III) Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad”. Pero esta resolución fue casada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia en los siguientes términos: “I.H. lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada en autos, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara en Documentos y Locaciones, del 26/6/2020 y, en consecuencia, se la casa y anula conforme con la doctrina legal enunciada. Los autos deberán volver al tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito. II. Costas, como se consideran. III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad”. Entre sus consideraciones el Superior Tribunal explicitó: “… VII. Por todo lo expuesto, se casa y anula la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: ‘No resulta arreglada a derecho la sentencia que, desatendiendo las constancias de la causa y las pretensiones expresas de las partes litigantes, formula una arbitraria interpretación sobre el alcance del contrato celebrado entre las partes’. La nulidad del fallo no implica pronunciarse sobre la cuestión explicitada en el punto anterior la que deberá ser analizada por el tribunal interviniente por intermedio de quien corresponda. Lo que aquí se deja sentado se refiere únicamente a la determinación de la naturaleza del monto de $25.000 retenidos, al yerro consiguiente en el razonamiento del Tribunal de Alzada y a cómo este error vicia el acto jurisdiccional. Ello así puesto que, más allá de que algunas de sus consideraciones puedan ser receptadas, lo cierto es que la equivocación argumentativa refiere a cuestión relevante y conducente; tiñe al acto de arbitrariedad e invalida la conclusión cuando a ella se llega por este camino”. II. Plataforma fáctica: Con fecha 16 de mayo de 2006, el actor, P.A.V.H.T. inicia demanda por cobro ordinario de pesos en contra de la Sra. Lucía C.S. de B., reclamando la suma de $ 25.000 en concepto de capital, con más intereses, gastos y costas. Indica que en fecha 12 de mayo de 2005 suscribió con la demandada un contrato de locación de obra bajo el sistema “llave en mano”, por la construcción de una vivienda unifamiliar en el inmueble sito en calle S. y V.N.° 1005, esquina Venezuela, de la ciudad de Yerba Buena. Señala que el precio total convenido era de $250.000, cuyo pago se convino del siguiente modo: Un anticipo de $150.000 a la firma del anteproyecto; la suma de $50.000 a los treinta días; la suma de $25.000 a los noventa días y, el saldo de $25.000 al momento de entregar la obra. Que las partes acordaron que el plazo de duración del contrato finalizaba el 28 de marzo del 2006, pero que el arquitecto contratista contaba con 30 días más para ajustar detalles (cláusula tercera). Es decir, que el plazo de entrega podía extenderse hasta el 27 de abril de 2006. Asevera que cumplió el acuerdo y que según lo convenido, una vez terminada y entregada la obra, la demandada debía cancelar el saldo de precio, es decir, $25.000. Agrega que las partes debían controlar las condiciones en que se entregaba la obra, pero que ello no se efectuó. Que tampoco se hizo la tradición de la obra, ya que la accionada ingresó unilateralmente y se instaló en la vivienda antes del vencimiento del plazo contractual. Que en el acta de constatación de fecha 07 de abril de 2006 consta que la Sra. S. se negó a pagar del saldo del precio ($25.000) alegando cuestiones que para él son ajenas al contrato y resultan falsas, evidenciando su mala fe. Ofrece prueba y solicita que se haga lugar a la demanda, condenando a la accionada a abonar la suma de $25.000, más intereses y gastos. En contrapartida la demandada niega que el actor haya dado fiel cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato por el que le encargó al arquitecto H.T. la construcción de una vivienda unifamiliar de 140 m2. Destaca que en forma concomitante con la celebración de ese contrato, el actor le presentó para su suscripción una Orden de Trabajo del Colegio de Arquitectos de Tucumán concerniente a las encomiendas profesionales de Anteproyecto, Proyecto, Conducción Técnica y Administración. Que allí se consigna que los honorarios se estipularon en un 10 % del monto de la obra, cuando el monto total de $250.000 convenido en el contrato de locación de obra de fecha 12 de mayo de 2005, incluía los honorarios de esas encomiendas. Afirma que en fecha 23 de mayo de 2005 el actor le presentó documentación técnica individualizada como plano de Obra Construida y Ampliación - Anteproyecto, visado luego por la Municipalidad de Yerba Buena (el 04 de julio de 2005). Que avanzada la construcción, el actor le hizo suscribir un plano Conforme a Obra y Ampliación del que surge que es autor del Proyecto y que asumió la Dirección Técnica de la obra. Que dicha documentación fue presentada el 24 de agosto de 2005 por el profesional en la citada Municipalidad (Expte. 8716-S-05) donde fue visada el 05 de octubre de 2005. Expone que a medida que la construcción avanzaba comenzaron a surgir fricciones por la mala calidad de los materiales y de la mano de obra empleada y porque el actor no incluía determinados trabajos que el arte y la técnica del buen construir imponían. Que ello determinó que realizara por su cuenta muchos trabajos, los que nunca fueron descontados del precio pactado. Resalta que el profesional asumió la tarea de Dirección técnica aunque ésta es incompatible con la construcción material de la obra. Que ello le impidió que la supervisión técnica fuera realizada. Asevera que ante la proximidad de la fecha de entrega de la obra, el actor le permitió el acceso y que convocó al profesional para instrumentar el acto de recepción. Que de ello resultó el acta de constatación labrada en fecha 07 de abril de 2006...

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