Sentecia definitiva Nº 243 de Secretaría Penal STJ N2, 25-09-2017

EmisorSecretaría Penal STJ nº2
Fecha25 Septiembre 2017
Número de sentencia243
///MA, 25 de septiembre de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Enrique J. Mansilla, Ricardo A. Apcarian y Marcelo Chironi -este último por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 367/368, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “A., J.M. s/Abuso sexual s/Casación” (Expte.Nº 28933/16 STJ), elevados por la Cámara Segunda en lo Criminal de la IIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en General Roca, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 82, del 17 de octubre de 2016, la Cámara Segunda en lo Criminal de la IIª Circunscripción Judicial resolvió condenar a J.M.A., como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual reiterado en un número indeterminado de oportunidades, agravado por la condición de guardador y encargado de la educación, y gravemente ultrajante por sus características y duración (arts. 45, 55 y 119 párrafos primero, segundo y cuarto inc. b y 119 párrafos primero y cuarto inc. b C.P.), por los que fue juzgado, y le impuso la pena de cuatro (4) años de prisión, con costas y accesorias legales (arts. 22 y 29 inc. 3º C.P. y 499 C.P.P. -Ley P 2107-), pena que se hará efectiva al adquirir firmeza la sentencia.
1.2. Contra lo decidido, el Fiscal de Cámara doctor Andrés José Nelli y el defensor particular de J.M.A., doctor Jorge O. Crespo, dedujeron sendos recursos de casación, que fueron declarados admisibles por el a quo.
1.3. Mediante Auto Interlocutorio N° 158/17 este Cuerpo resolvió declarar mal
/// concedido el recurso de casación interpuesto por el señor defensor y formalmente admisible el recurso de casación deducido por el señor Fiscal de Cámara. Asimismo, dispuso que el expediente quedara por diez (10) días en la Oficina, para su examen por parte de los interesados.
1.4. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal aplicable, con la comparecencia del señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez y el doctor Jorge O. Crespo, los autos han quedado en condiciones de ser tratados en definitiva.
2. Agravios del recurso de casación del Fiscal de Cámara:
En lo sustancial, el funcionario refiere que se omitió tratar el encuadramiento del hecho en el delito de corrupción de menores agravado (art. 125 inc. 1º y último párrafo C.P.), con lo que el a quo se apartó de la doctrina legal vigente (STJRNS2 Se. 26/10 y Se. 158/14), en razón de que la Cámara en lo Criminal ha concebido el delito como de resultado cuando este Superior Tribunal sostiene que es formal y no de resultado material.
Afirma que los hechos se subsumieron en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (incs. b y f del art. 119 C.P.) y que debieron ser concursados en forma ideal con el delito de corrupción descripto en el art. 125 último párrafo del código sustantivo, pues no pueden ser actos sexuales gravemente ultrajantes por un lado y no ser corruptores por otro.
Agrega que se corrompió a la menor durante cinco años y el dolo del autor siempre fue dirigido a modificar su sexualidad (en forma prematura) y moralidad. Entiende que los múltiples actos de carácter sexual cometidos contra la niña constituyeron una única conducta corruptora para lograr con ello satisfacer la libido del imputado, y siempre fueron actos dirigidos para seguir sirviéndose de la “niña objeto” en el presente y en el futuro, lo que logró durante cinco años hasta que, por cuestiones ajenas a su voluntad, no pudo seguir haciéndolo. El Fiscal de Cámara considera que la sentencia no exhibe ningún fundamento válido para descartar la conducta dolosa corruptora del normal o natural desarrollo sexual, pese a que reconoció un daño psíquico en la víctima, tratando de desvirtuar que el delito de corrupción es de peligro y formal.
También se agravia por resultar arbitraria la pena de cuatro años de prisión, pues contradice la doctrina sentada en el fallo “Brione” de este Superior Tribunal (STJRNS2 Se. 94/14); además, porque se impuso el mínimo legal como si fuera un solo hecho cuando corresponde, por imperio del mismo fallo, una condena mucho más grave.
///2. Finalmente, pide que se haga lugar al recurso y se condene en orden al delito de corrupción de menores agravada por la condición de guardador y encargado de la educación en concurso ideal con el de abuso sexual reiterado en un número indeterminado de oportunidades, agravado por la condición de guardador y encargado de la educación y gravemente ultrajante por sus características y duración.
3. Dictamen de la Fiscalía General:
3.1. El doctor Marcelo Álvarez, en su dictamen de fs. 358/363 vta., dice que comparte todos y cada uno de los argumentos del recurso de casación, los hace propios y remite a ellos en honor a la brevedad.
Afirma que el planteo del Ministerio Público Fiscal importa sostener que las agresiones de las que fue objeto una niña desde los nueve años, por su variedad y su contenido, son portadoras de la virtualidad necesaria para ser consideradas corruptoras, esto es, actos suficientemente nocivos como para modificar el paulatino y progresivo conocimiento de lo sexual por parte del sujeto pasivo de la relación, en razón de que las prácticas fueron prematuras, excesivas y perversas.
Entiende que el a quo ha incurrido en un desacertado análisis de las exigencias normativas del tipo penal partiendo de una premisa falsa y concluyendo de manera equivocada al descartar la aplicación de la norma contenida en el art. 125.
Aduce que los extremos reclamados al tipo penal por el sentenciante no resultan ser los mismos que impone la doctrina legal (STJRNS2 Se. 26/10 y 213/12).
Este tipo de delitos, prosigue, se consuma al amparo de la intimidad y no requiere un dolo directo de corromper, ya que es formal de simple actividad y atiende al peligro que para las víctimas entraña el acto corruptor con independencia de sus resultados, de modo que resultan típicos los actos idóneos para tales fines, como fueron los ventilados en esta causa. También recuerda que se suprimió el dolo específico y que la víctima reúne dos características que la hacen objeto de especial protección, por su edad y por su condición de mujer (Convención de Belém do Pará, ratificada por nuestro país a través de la Ley 24632).
Por último, peticiona que se haga lugar al recurso interpuesto, se declare la nulidad del fallo puesto en crisis por ausencia de motivación y se ordene el reenvío pertinente para que el Tribunal (con otra integración) resuelta conforme a derecho.
/// 3.2. En la audiencia oral, el titular del Ministerio Público Fiscal hace una reseña del trámite y de las constancias de la causa. Alega que la Cámara en lo Criminal excluyó la aplicación del art. 125 del Código Penal, lo que constituye su motivo de agravio, al igual que el monto de la pena, que es subsidiario.
Invoca la falta de motivación y el incumplimiento de la doctrina legal en lo vinculado con la calificación jurídica y añade que se ha incurrido en una incorrecta interpretación de los requisitos normativos. Señala los pasajes de la sentencia que permiten advertir tal error; así, refiere que el juzgador trató la situación de sobreponerse a los daños psíquicos y físicos ocasionados y de su levedad, lo cual resulta incorrecto. También aduce que, de acuerdo con el fallo, los actos fueron prematuros, perversos y excesivos, provocadores de daño, por lo que se cuestiona la calificación jurídica final.
Además, añade, al merituar la pena, el propio Tribunal destacó el enorme perjuicio producido a la víctima, que considera insuperable y con innumerables huellas. Señala las características de los actos que permiten su subsunción en el delito de corrupción, delito formal que no requiere un resultado material, y cita la doctrina legal establecida en los precedentes STJRNS2 Se. 12/01, Se. 26/10 y Se. 27/07.
Alude asimismo a las particularidades de la niña al comienzo de los abusos sexuales y a su falta de conocimiento, así como al número de veces en que ocurrieron y a la perversidad de lo sucedido.
De lo anterior concluye que la sentencia es arbitraria, por lo que solicita que se la nulifique, en razón de la exclusión del tipo penal del art. 125 inc. 3º del Código Penal, y pide su correcta aplicación.
De modo subsidiario, menciona el tema de la pena en el sentido de que, de no aceptarse el planteo recursivo, la mínima impuesta violenta la doctrina legal sentada por este Cuerpo en el fallo STJRNS2 Se. 94/14 “Brione”, a lo que suma que se trató de un concurso de hechos reiterados, pese a lo cual se aplicó el mínimo legal. Sobre el punto, pide que se haga lugar a su recurso y se devuelva la causa a la instancia de origen para que otro Tribunal imponga la pena por la calificación jurídica correcta. Para finalizar, y en conformidad con el escrito que acompaña, hace reserva del caso federal.
4. Alegato del defensor particular de J.M.A.:
El doctor Crespo advierte que en el alegato se ha incurrido en el mismo error que en el
///3. recurso, en tanto este es declarativo de acuerdo con la admisión del Superior Tribunal de Justicia. Aduce que al Ministerio Público Fiscal le falta conocer el caso en concreto, esto es, lo que se acreditó concretamente en la causa, y expresa que su parte no coincide con la condena. Entiende que la Cámara siguió la doctrina legal y...

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