Sentencia Nº 24/06 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2008

Fecha de Resolución:24 de Junio de 2008
 
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SA-B24.06-24.06.2008

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 24 días del mes de junio del año dos mil ocho, se reúne la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dr. Julio Alberto PELIZZARI y por su Vocal, Dra. Graciela Cristina MARTIN, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: "PEREZ, Arturo c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa", expediente Nº 24/06, letra d.o., registro del Superior Tribunal de Justicia, Sala B, del que

RESULTA:


1.- Que a fs. 12/23, Arturo PEREZ, con el patrocinio letrado de los Dres. Víctor María BENSUSAN y Alberto José ACOSTA –luego apoderados-, interpuso demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa. Persigue la declaración de nulidad de las Resoluciones de fechas 20/02/06 y 07/04/06, dictadas por el Tribunal de Superintendencia Notarial, en el Expte. n.º 1/ 04 (reg. Superint. Not.) caratulado “Colegio de Escribanos de La Pampa s/ remite actuaciones sobre sumario sustanciado al escribano Arturo PEREZ, Titular del registro de Contratos Nº 1 del Departamento Atreucó”. Por la primera le fue impuesta una sanción de suspensión de la matrícula de escribano por tiempo indeterminado y por la segunda se confirmó dicho pronunciamiento. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del art. 51, inc. d) de la Ley Provincial n.º 49 -Orgánica del Notariado- que contiene la sanción aplicada.-

Relata los hechos, manifestando que con fecha 20/01/88, en su carácter de Titular del Registro de Contratos Nº 1 del Departamento Atreucó, cito en la ciudad de Macachín, de esta provincia, intervino en el otorgamiento –mediante escritura pública n.º 3- de un poder general recíproco entre la señora Margarita Juanes de Fernández y sus hijos Orlando Daniel y José Miguel, ambos de apellido Fernández.-

Continúa diciendo que las tres personas antes citadas eran de su conocimiento y que tras el fallecimiento de Fernando José Fernández –marido de la señora Juanes y padre de Orlando Daniel y José Miguel- comenzaron a funcionar como una sociedad de hecho, siendo la principal actividad la explotación agropecuaria familiar de un campo ubicado en la zona rural de Rolón.-

Agrega que debido al conocimiento personal aducido, puede afirmar que los hermanos Fernández era muy diferentes entre sí. Orlando, tímido, trabajador y austero y José Miguel, muy sociable, amante de las reuniones glamorosas y viajes de lujo, capaces de poner en riesgo el capital familiar y su persona. Incluso había iniciado una actividad privada, como vendedor de vehículos, además de continuar como gestor y administrador de la explotación agropecuaria familiar.-

Aduce que no le resultó extraño, entonces, que se lo convocara para el otorgamiento de un poder recíproco entre los tres miembros de la sociedad, el cual fue empleado, a menudo, por José Miguel, por ser el encargado de las gestiones ante clientes, proveedores y bancos.-

Sostiene, asimismo, que a casi veinte años, no tiene un recuerdo preciso de las circunstancias en que se firmó el poder, pero afirma que en su práctica notarial jamás dejó de asistir a la firma de las escrituras pasadas ante él, por lo que está seguro de que los tres estuvieron en su Escribanía al otorgarse el acto y firmaron ante él.-

Agrega que le consta que dicho poder fue utilizado, durante años, por ante distintas entidades, principalmente el Banco de La Pampa, y con acuerdo de los tres miembros, tal es así que en 1993 realizaron una manifestación común de bienes ante el banco citado, lugar donde tenían abierta, como sociedad, la Carpeta de Crédito 81/7.-

Expresa que tal era el nivel de acuerdo entre los miembros que cuando finalmente se produjo una situación de riesgo para el patrimonio (un accidente de tránsito responsabilidad de José Miguel, donde murieron dos personas), los tres miembros de la familia se pusieron de acuerdo para desapoderar de su patrimonio a José Miguel, a través de una escritura pública de transferencia de su porción de campo, a favor de su hermano Orlando, hecho que ocurrió el 12/12/96.-

Continúa diciendo que luego, en 1998, José Miguel, ya en conocimiento de padecer una grave enfermedad que lo llevaría a la muerte meses después, gestionó y obtuvo en el Banco de La Pampa, en representación de la sociedad de hecho y empleando el poder recíproco que obraba en poder de esa entidad, una ampliación de plazos en los préstamos comerciales que la sociedad tenía impagos. Vale decir, que la sociedad operaba frecuentemente con el Banco, tenía cuatro créditos vigentes y actualizaba periódicamente sus declaraciones de bienes. La prórroga solicitada se instrumentó a través de un contrato de mutuo, que en realidad era una renovación/novación de su obligación anterior.-

Manifiesta que en abril de 1999, fallece José Miguel y el Banco de La Pampa –sucursal Macachín- tomó contacto con los restantes miembros de la sociedad de hecho, para reclamarles la regularización de la deuda que mantenían con esa entidad. En esa oportunidad, Orlando Daniel efectuó una concreta propuesta de pago en su calidad de deudor, que fue rechazada por insuficiente, razón por la cual se planteo en sede judicial, la ejecución del mutuo que tramitó a través del expte. “Banco de La Pampa c/ Fernández Orlando Daniel y otros s/ Ejecutivo y embargo preventivo” (n.º C 33148/00, reg. Juzg. Prim. Inst. N.º 4, local).-

Agrega que para resistir dicha ejecución, Orlando Daniel y su madre Margarita Juanes plantearon, en dicha causa, un incidente de Redargución de Falsedad ante el mismo Juzgado, logrando la producción de una pericia caligráfica mediante la cual se determinó que, en la escritura n.º 3 de 1988, pasada ante él, por la cual los tres integrantes de la familia se otorgaron poder recíproco, la firma de Orlando Daniel no era auténtica, en cambio sí lo era la de Margarita Juanes, quien también la había desconocido. La falsedad de una de las firmas llevó a la nulidad absoluta de la escritura.-

Manifiesta que tal estado de cosas, indujo a comunicar la situación al Colegio de Escribanos, entidad que impulsó el sumario administrativo que concluyó con las resoluciones del Tribunal de Superintendencia Notarial que ahora impugna.-

En el punto IV de su escrito, critica la resolución impugnada. Aduce que dieciocho años después del hecho se le reprocha que una de las firmas impresas en una escritura pública pasada ante él, resultó ser falsa. Asegura que su práctica notarial ha sido invariable en el sentido de estar presente en la firma de todas las escrituras y que tenía conocimiento personal de los tres intervinientes en el acto, con lo cual, concluye que el señor Orlando Daniel Fernández falseó su propia firma al comparecer ante él, obteniendo un provecho personal indiscutible de la situación y los otros dos miembros de la familia no están vivos para contarlo.-

Entiende que existen claros indicios de la personalidad del señor Orlando Daniel Fernández, pues el poder que discute en el año 2001 fue usado en forma frecuente ante el Banco de La Pampa, su madre, Margarita Juanes, lo acompañó en la redargución de falsedad, negando la validez de su propia firma, mintiendo ante los tribunales, Orlando Daniel no desconoció la deuda con el banco y además, en defensa del patrimonio familiar, coadyuvó con su extinto hermano José Miguel a fin de insolventar a éste ante una posible demanda de daños y perjuicios en su contra. Empero el Tribunal de Superintendencia Notarial no tuvo en cuenta ninguna de estas circunstancias al evaluar su conducta. Razón por la cual sostiene que de corresponderle una sanción, ésta debe ser menor a la aplicada, pues fue notoriamente sorprendido en su buena fe.-

Agrega que le llama la atención el rigor extremo del Tribunal de Superintendencia Notarial, que incluso amonesta al propio Colegio de Escribanos y que no efectuó ningún análisis de la carencia de antecedentes disciplinarios, civiles o penales, ni que se estaba juzgando un hecho remoto y que su actuación correspondía a los cánones de una pequeña localidad, como es Macachín. Por ello entiende que no se encuentra comprobada falta alguna de su parte, correspondiendo entonces su absolución, la que solicita se declare.-

Con relación a la “Nulidad” de acto, aduce que padece de un gravísimo defecto de forma, del cual deviene su nulidad, en razón de la intervención en el acto de dos personas que carecían de la calidad de miembros del cuerpo que lo dictara.

Agrega que se refiere a los escribanos Rodríguez Errea y Cabello, quienes, conforme el acta del Colegio de Escribanos, habían cesado en su...

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