Sentencia Nº 24/05 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2007

Fecha de Resolución:13 de Septiembre de 2007
 
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SA-B24.05-13.09.2007

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los trece días del mes de septiembre de dos mil siete, se reúne la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dra. Rosa Elvira VAZQUEZ y por su Vocal, Dr. Víctor Luis MENENDEZ, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: "GHIGLIONE, Jorge Gonzalo c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa", expediente Nº 24/05, letra d.o., registro del Superior Tribunal de Justicia, Sala B, del que

RESULTA:


I.- A fs. 463/471, los Dres. Carlos Alberto GONZÁLEZ y Fernando MARTÍNEZ MONTALVO, en el carácter de gestores del Señor Jorge Gonzalo GHIGLIONE (ratificado por el actor a fs. 473), readecuan la demanda interpuesta en los términos de la Ley 952. Su objeto es el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con la Provincia de La Pampa y su reincorporación como empleado de la Administración Pública.-

En tal tarea, aclara que no existe un acto administrativo formal que pueda ser objeto de individualización e impugnación, sólo la voluntad del Estado expresada en una carta-documento mediante la cual se consideró despedido arbitrariamente. Tal misiva expresa que “Por disposición del Señor Gobernador de la Provincia de La Pampa, me dirijo a usted a los efectos de rechazar por improcedente la totalidad de las infundadas y falaces pretensiones contenidas en su Carta Documento Nº 31.628.967 IAR de fecha 28 de noviembre de 2.002.. Ello por no revistar usted en relación de dependencia con el Estado Provincial. En virtud de la inexistencia de relación laboral, resultan también carente de sustento fáctico y legal el presunto distracto laboral, resultan también carente de sustento pretensas reclamaciones remunerativas, indemnizatorias y de certificación de servicios formuladas en su Carta Documento Nº CD 351.649.115 AR...”. Sostiene, por lo tanto que carece de significación intentar agotar la vía administrativa.-

En virtud de ello, encausa la presente acción en el art. 12, inc. f) que dice “mediare una clara e indubitable conducta de la Provincia que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil.”.-

Relata los hechos diciendo que con fecha 1/03/00 es contratado por el Gobierno Provincial para realizar tareas de vigilancia en el “Proyecto Vida”. Tal actividad era realizada de acuerdo a turnos rotativos de 12 horas de trabajo por 36 de descanso.-

Agrega que percibía su salario en forma mensual, siendo abonado en efectivo durante el año 2000 y parte de 2001 bajo la firma de un recibo del cual no se daba copia; luego se depositaba el monto en una caja de ahorro (nº 89078/4) y parte se abonaba en pesos o lecops.-

La relación laboral duró hasta el 30 de noviembre de 2002, fecha en la cual se le comunicó, en forma verbal, el despido sin causa. Aclara que tal despido no está previsto en el derecho público, por lo que debe interpretarse como una cesantía.-

Se pregunta ¿Si no hubo relación de dependencia entre el Sr. Ghiglione y el Estado Provincial, qué relación los unió?. Oportunamente, el estado, al contestar la demanda en sede civil, afirmó que “... la cuestión bajo análisis (...) es una vinculación ad hoc producida dentro del ámbito del derecho público (...). De ello deviene que, la vinculación existente entre el actor y demandado era de 'capacitación laboral'...”.-

Expresa el actor que detrás de ese “contrato de capacitación”, hay una relación laboral, pues laboró para el estado provincial, en un horario determinado y realizando tareas ordenadas y dirigidas por el Director del Programa, que era funcionario público. Existió continuidad por el lapso de dos años, con percepción de sueldo en forma mensual, todas características de un contrato de trabajo. Con ello sostiene que su labor no puede ser calificada como de locación de servicios o de obra, o de mandato o de socio, sino en relación de dependencia.-

Agrega que si bien fue contratado por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Bienestar Social, no hubo contrato o acto administrativo de autoridad competente.-

Concluye diciendo que si bien su reclamo comenzó dentro de la órbita del derecho privado, se debe considerar que el empleado contratado es un sujeto de derecho del trabajo, y el principio protectorio a través de las garantías del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, se aplica con mayor intensidad, al establecerlo como derecho constitucional la “... estabilidad del empleado público...”.-

Ofrece prueba, funda su derecho en las Leyes 643, 2116 y 952 y Constitución Nacional (art. 14 bis) y peticiona se haga lugar a la acción intentada, en la forma pedida, con más sus intereses, costos y costas a cargo de la demandada.-

II.- A fs. 476/498, el Fiscal de Estado de la Provincia de La Pampa, Dr. José Alejandro VANINI y la Dra. Laura B. TORRES, ambos en representación de la demandada, contestan la demanda incoada.-

En primer término, plantean la inconstitucionalidad del art. 12 inc. f) del Código Contencioso Administrativo.-

Asimismo, sostienen la inadmisibilidad del proceso, atento la falta de impugnación a un acto administrativo específico y concreto y la falta de agotamiento de la vía administrativa, además de que la demanda de autos –como también la planteada en primera instancia fue interpuesta fuera del plazo de treinta (30) días previsto en el orden...

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