Sentencia Nº 23748/6 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2015

Fecha de Resolución:15 de Diciembre de 2015
 
EXTRACTO GRATUITO

En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa a los quince días del mes de diciembre de dos mil quince, se reúnen los señores Ministros Dr. H.O.D. y el Dr. E.F.M. integrantes de la S. B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al art. 411 del C.P.P. a efectos de dictar sentencia en los autos: “J., J.M. en causa por robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por escalamiento, en concurso real con privación ilegal de la libertad s/ recurso de casación”, legajo n.° 23748/6 y su agregado por cuerda, legajo n.º 23748/8, y-
CONSIDERANDO:
1º) Que el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la sentencia de la Audiencia de Juicio que condenó a J.M.J. y a C.A.A.A. como coautores del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por escalamiento, en concurso real con privación ilegal de la libertad, y a F.E.M., como partícipe necesaria por el mismo delito.
Los defensores de los imputados interpusieron recursos de casación contra el pronunciamiento revisor, bajo la invocación de los incisos 1º, 2º y 3º del art. 419 del C.P.P. 2°) RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE J.M.J. Que el defensor particular, Dr. A.A., indicó que la sentencia del tribunal revisor es nula por falta de fundamentación y tratamiento de sus agravios. En ese sentido, señaló que el T.I.P. no puede remitirse a los argumentos de la Audiencia de Juicio para contestar a los planteos defensistas, pues ellos están dirigidos a cuestionar el fallo condenatorio.
Remarcó que no es posible aceptar como respuesta jurisdiccional que se hacía “... una remisión [a los considerandos del fallo del a quo] para no tener una 'demora procesal'...” (fs.2vta.); por ello solicitó que el Superior Tribunal case la sentencia objetada y remita las actuaciones al Tribunal de Impugnación para su debido tratamiento, en razón de que los pronunciamientos deben ser motivados, conforme lo prescribe el art. 123 del C.P.P..
En relación con lo expresado precedentemente, sostuvo que no se evaluó el planteo acerca de la existencia de violaciones a las garantías constitucionales durante la investigación fiscal preparatoria, pues no se consideró “... la situación que le tocó vivir a la imputada F.É.M. en la Brigada de Investigaciones, sino que simplemente comienza el inicio de análisis a partir de su presencia en F.ía, con presencia de abogado defensor, como modo de justificar todo el proceder previo...” (fs.3 sic.).
Agregó que las nulidades absolutas pueden ser planteadas en cualquier etapa del proceso, y que de oficio deben ser declaradas por el tribunal, por lo que citó doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema a los efectos de sustentar su argumento.
Explicó que la detención realizada a la imputada M. es nula, como así también, todos los actos sucedidos posteriormente, y las razones para así requerirla surgieron en la audiencia de debate, ya que allí “... se manifestó por primera vez de forma Jurisdiccional...” resguardándose las garantías constitucionales. (fs. 6vta.) Consideró que la declaración de la imputada en el debate puso en evidencia “... una intervención policial abusiva, [y] violenta...”, puesto que procedieron a la demora de F.M., con una comisión policial, sin que existieran elementos objetivos que la motivaran.
A partir de esa detención “... se auto-incriminó e incriminó a los coimputados...” debido a la situación de amenazas y presión psicológica por la demora policial, versión opuesta a la descripta por los agentes prevencionales, quienes sostienen que la “invitaron” a concurrir a la Brigada de Investigaciones.-
Indicó que los dichos de la encausada M., permitieron efectuar allanamientos que, de acuerdo con lo manifestado por el defensor, no se podrían haber concretado, y esta “conducta coactiva” hacia ella le permitió al fiscal conocer la “supuesta participación” de su defendido y el otro imputado.-
También consignó que es nulo el reconocimiento de cosas practicado en la Brigada de Investigaciones, por haberse realizado en contraposición a lo dispuesto en el art. 222 del C.P.P., es decir, sin orden judicial.
Otro aspecto del que se agravia la defensa de J.M.J. es del acta de inspección ocular, por no haber sido firmada por testigos civiles y que, al omitirse dicha formalidad, lo allí reproducido, no se puede tener por cierto.
Entendió que la calificación legal que se adoptó no puede encuadrarse en concurso real sino en concurso ideal, ya que la violencia del robo en las personas, contenida en su formulación típica, es desarrollada posteriormente a los efectos de procurar la impunidad del sujeto activo.
En esa idea, consignó “... que existe una unidad de acción en la conducta del imputado, con lo cual en el caso en particular estamos frente a un Concurso Ideal entre la figura del Robo y la Privación Ilegítima de la Libertad.” (fs. 15vta.) Por último, explicó que existió un exceso jurisdiccional en el quantum de la pena impuesta a J.M.J., en abierta violación a los parámetros fijados en los arts. 40 y 41 del C.P., pues no se ajusta a la realidad de los hechos, y “... en consecuencia debe ser readecuada por este Tribunal” (fs. 16).-
Remarcó que no fueron tenidas en cuenta las circunstancias atenuantes del caso, se impuso a su defendido una pena superior al de un homicidio o una violación agravada de menores de edad, sin explicarse por qué se elige la pena máxima para el delito de robo.-

3°) RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE F.E.M. Que los defensores particulares, D.. O.E.G. y A.D.L.L. coincidieron con los agravios manifestados en el recurso desarrollado con antelación, específicamente, en relación con la inobservancia de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) por falta de motivación suficiente del pronunciamiento del T.I.P.- Señalaron que no fueron tratados los reproches esgrimidos por esa defensa, y que no puede convalidarse el procedimiento policial llevado a cabo para detener a su defendida, en razón de que la legislación procesal sólo confiere a la policía facultades provisionales para demorar a una persona y en casos de urgencia o necesidad. Criticaron la decisión que dispuso tener por acreditada la participación, como la colaboración de M., antes del hecho y posteriormente a su comisión, pues su actuación no ha quedado definida con grado de certeza, tal como lo exige el ordenamiento jurídico, para ello consideraron que el testimonio de E.W. era indirecto y mendaz. -
Además adujeron que debe aplicarse para el caso de su pupila “... la limitación de la responsabilidad del cómplice y/o partícipe cuando ha existido un exceso en el hecho...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA