Sentencia Nº 23 de Secretaría Penal STJ N2, 11-03-2014

Fecha de Resolución:11 de Marzo de 2014
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26722/13 STJ
SENTENCIA Nº: 23
CONDENADO: SÁEZ MIGUEL EDUARDO
DELITO: ROBO AGRAVADO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (INC. EJECUCIÓN DE PENA)
VOCES:
FECHA: 11/03/14
FIRMANTES: ZARATIEGUI PICCININI BAROTTO APCARIAN EN ABSTENCIÓN MANSILLA EN ABSTENCIÓN
///MA, de marzo de 2014.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “Incidente de ejecución de pena de SÁEZ, Miguel Eduardo en Expte.Nº CR-094/12 \'SANHUEZA, Guillermo Nicolás y SÁEZ, Miguel Eduardo s/Robo agravado\' s/Casación” (Expte.Nº 26722/13 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
La señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 240, dictada el 14 de agosto de 2013, la Cámara Segunda en lo Criminal de la IVª Circunscripción Judicial resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de ejecución de la pena privativa de la libertad de Miguel Sáez (fs. 78/79), quien fue condenado por Sentencia Nº 14 de fecha 14/03/13 a cinco años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del delito de robo calificado por el empleo de arma, tres hechos en concurso real (vid fs. 6).

1.2.- Contra dicha resolución, la señora Defensora Oficial doctora Verónica Rodríguez, en representación de Miguel Eduardo Sáez, dedujo recurso de casación (fs.80/87 vta.), que fue declarado admisible por el Tribunal de origen (fs. 89/91).

2.- Recurso de casación:

Primer agravio: La señora Defensora refiere que, al solicitar que se suspenda la ejecución de la pena de prisión
///2.- impuesta a su asistido, expresó “que, en el caso concreto, el conflicto que se presenta entre la \'mecánica\' o \'automática\' aplicación de la ley (pena de prisión de cumplimiento efectivo para resocializar) y el interés del condenado (libertad ambulatoria) y del beneficio de la sociedad (resocialización, ya que antes o después es receptora final de éste Se. 61/08 STJRNSP-) encuentra solución en la suspensión del cumplimiento de la pena, con el cumplimiento de determinadas obligaciones de conducta hasta un tiempo similar al del cumplimiento de la pena impuesta (Velásquez, Luis E. y Otro s/ Robo calificado s/ Casación, Expte. Nº 22368/07 STJ. Se. 17 [de fecha] 03/08/10). […] Así apareciendo a todas luces irrazonable hacer efectiva la pena privativa de libertad para lograr la resocialización con el riesgo de la desocialización- para quien ha logrado a priori- tal objetivo, solicitando se suspenda la ejecución de la pena impuesta en autos, bajo las pautas de conducta que S.S. estime corresponder” (fs. 82).-
Agrega que del auto recurrido surge una clara contradicción y ausencia total de fundamentos; en primer lugar, porque la suspensión de la ejecución de la pena no fue en los términos del art. 465 del Código Procesal Penal, desatendiendo así los fundamentos de su petición, sobre los que nada argumenta la resolución impugnada, lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido.

Sigue diciendo que comparte y hace suyos “sin perjuicio de la resolución final de la causa que fundamenta el pedido de suspensión de ejecución de pena (Se. 55 [expte.] 22368/04 de fecha 20/12/12), cuya denegatoria funda
///3.- el presente, los fundamentos del voto [del] Dr. Sodero Nievas, porque entiend[e] y así petición[a] debe ser la solución jurídica al presente” (fs. 83).

Segundo agravio: La Defensa entiende que el Tribunal valoró erróneamente la situación familiar del señor Sáez, ignorando la necesaria asistencia que este debe prestarle a su esposa y a su hija de tres años para garantizar el principio de humanidad de las penas previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, bajo el pretexto de que su situación no está comprendida por el inc. f) del art. 32 de la Ley 24660.

Cita el informe socioambiental de fs. 51/52 y el informe psicológico de fs. 72/74, y agrega que su asistido se encuentra apoyado y en compañía de su familia y los informes técnicos no hacen referencia a riesgo o peligro moral o material para su hija de tres años. Plantea que en casos como el presente el análisis debe centrarse en el interés superior de la niña y no en aspectos procesales del padre, ya que el encarcelamiento de un progenitor afecta seriamente la relación filial. Menciona la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas supranacionales, y las...

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