Sentecia definitiva Nº 22 de Secretaría Penal STJ N2, 12-03-2009

Fecha de Resolución:12 de Marzo de 2009
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 23252/08 STJ
SENTENCIA Nº: 22
PROCESADO: RÍOS LUIS ANTONIO
DELITO: ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 12-03-09
FIRMANTES: S.N. – BALLADINI – ESTRABOU (SUBROGANTE)
///MA, de marzo de 2009.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “RÍOS, L.A. s/Robo simple en grado de tentativa s/Casación” (Expte.Nº 23252/08 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 295) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia Nº 80, del 29 de agosto de 2008, el Juzgado Correccional Nº 14 de la IIª Circunscripción Judicial resolvió condenar a R.L.A.R., como autor del delito de robo simple en grado de tentativa, a la pena de dos meses de prisión efectiva y a pagar las costas del proceso (arts. 42, 45 y 164 C.P. y 372, 374, 375, 379, 385, 498 y sgtes. C.P.P.).

Asimismo, en carácter de pena única, le impuso al mencionado seis años de prisión, condena comprensiva de la sanción impuesta en estos actuados y de la pena unificada en la causa Nº 4245/02 de la Cámara Primera del Crimen de General Roca, y revocó en consecuencia la libertad condicional de que venía gozando y lo declaró reincidente por primera vez (art. 50 C.P.).

1.2.- Contra lo decidido, el defensor particular doctor H.L.T. dedujo recurso de casación (fs. 275/279), que fue declarado admisible por el a quo (fs. 284/285 y vta.).
///2.
2.- Argumentos del recurso de casación:

La defensa sostiene que la atribución de autoría y participación que se le enrostra a su defendido no surge de un análisis correcto de los diversos elementos probatorios colectados en este proceso, en el que tampoco se observaron las reglas de la sana crítica racional para concluir en el pronunciamiento de certeza requerido.

Agrega que el pronunciamiento tiene “como cuasi única prueba de cargo” (sic) los testimonios de la “víctima” A. y del testigo R., los que no constituyen elementos de convicción suficientes.

También afirma que no se ha acreditado el dolo que se exige como presupuesto de la tentativa y que el imputado nunca amenazó ni amedrentó a la víctima como para que ésta supusiera que estaba ante un robo, y en este sentido declaró la señora A..

Además, alega que la declaración del testigo A. fue obviada arbitrariamente, que hay muchas preguntas sin respuesta, que la víctima -aunque lo niegue- tuvo presentes los robos anteriores padecidos, que el testimonio del señor R. es parcial y no tiene credibilidad porque es el que persigue al acusado y en su declaración en la comisaría nunca aclaró que vio bajar de la escalera al encartado, y que las pruebas de criminalística y pericial de “fs. 38/39 y 98/101” (sic) determinaron que las huellas supuestamente dejadas en la caramelera y los diarios del kiosco no se corresponden con las del imputado.

Por último, entiende que no se acreditó que el imputado haya entrado por la ventana y mucho menos que haya ///3.- pruebas de violencia en las cosas o persona para poder tener por configurado el delito de robo.

3.- Examen de admisibilidad formal:

Cabe recordar, una vez más, que este Tribunal viene sosteniendo en forma continua y reiterada que el análisis de admisibilidad del recurso de casación del tribunal de grado inferior debe responder a los nuevos parámetros fijados como garantía de la doble instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CASAL” (C. 1757, XL., del 20-09-05, ratificado en los fallos “M.A., del 25-10-05; “BENÍTEZ”, del 28-02-06, LL del 03-05-06, y “DÍAZ” y “VERÓN” del 04-07-06). En este sentido, se deben analizar detalladamente los argumentos recursivos y exponer –de modo mínimo- el método racional seguido para la reconstrucción del hecho acusado, conforme lo sostiene la Corte Suprema en los sumarios 29 a 31 del fallo “CASAL” mencionado.

Asimismo, este Cuerpo ha afirmado que los precedentes citados no implican por sí una habilitación automática de la doble instancia por la sola interposición del recurso contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. En efecto, aunque ahora el control abarca las cuestiones de hecho y prueba y deja fuera sólo aquellos aspectos que dependan de la inmediación del debate oral (esto es lo sustancial que indica “CASAL”, pues en su nueva matriz el clásico medio de impugnación extraordinario se viste de las notas de los recursos ordinarios, conforme M. y G.G.C., “La Teoría del máximo rendimiento en el derecho procesal”, en Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, 21-07-06), se debe realizar una evaluación de verosimilitud de ///4.- los agravios esgrimidos mediante un análisis circunstanciado de procedencia de cada uno de ellos.

Así, el Tribunal debe evaluar la interposición de una crítica concreta y razonada a la legalidad de la decisión dictada. En tal tarea, tampoco puede sustraerse al mérito y la consideración de la doctrina legal que resuelva la cuestión propuesta a discusión, pues conspiraría contra el debido proceso legal la habilitación de la instancia para tratar agravios que manifiestamente no puedan prosperar.

De igual modo, ante la presentación de planteos nulificatorios, debe hacerse un somero análisis del cumplimiento de sus requisitos de admisibilidad, entre los que no pueden obviarse el interés que sustente el agravio y su temporaneidad.

De tal forma, el carácter total de la revisión no implica per se que deba habilitarse la instancia ni que el examen que este Superior Tribunal de Justicia debe realizar respecto de la sentencia deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa. Ello es así porque, al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida en que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador.

En consecuencia, es necesario realizar un nuevo análisis de admisibilidad (esto es, no sólo de los requisitos formales previstos) respecto de aquellos expedientes que manifiestamente no puedan prosperar, con el ///5.- objeto de una mejor administración de justicia y para evitar un desmedro de la garantía constitucional de la duración razonable del proceso y de la celeridad de su trámite. Ello...

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