Sentencia Nº 22 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 07-02-2022

Número de sentencia22
Fecha07 Febrero 2022
MateriaG.S. S/ SU DENUNCIA (VICTIMA: LUIS M. LEGORBURU)

SENT Nº 22 “2022 – Año de la conmemoración del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán

Y VISTO:
Llega a conocimiento y resolución de esta Excma.
Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores Vocales doctores D.L., A.D.E. y D.O.P., presidida por su titular doctor D.L., el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la Provincia de Tucumán, por derecho propio, contra la sentencia de la Secretaría Contravencional del Centro Judicial Capital del día 12/3/2021, el que es concedido por el referido Tribunal mediante auto interlocutorio del 23/8/2021, en los autos: "Garbarino S.A.I.C.E.I. s/ Su Denuncia (Víctima: L.M.L.)". En esta sede, las partes no presentaron memorias que autoriza el art. 487 CPP, conforme informe de fecha 29/11/2021. Pasada la causa a estudio de los señores Vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores D.L., A.D.E. y D.O.P.. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia. Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor Vocal doctor D.L., dijo:

1.
- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la Provincia de Tucumán, por derecho propio, en fecha 26/4/2021, contra la sentencia de la Secretaría Contravencional del Centro Judicial Capital del día 12/3/2021. Por resolución del 23/8/2021 se declaró admisible el recurso. El pronunciamiento recurrido resolvió que no correspondía la regulación de honorarios al doctor S.L.X..

2.- La parte recurrente sostiene que la sentencia ha incurrido en una “errónea exegesis de la ley n°5480 de honorarios profesionales”. Explica que “la ley es contundente ya en su artículo primero, dice que los honorarios deben considerarse como remuneraciones al trabajo personal del profesional y debe regirse por esta norma”. Añade que “en cuanto al tipo de trabajo realizado es abarcativo de gestiones administrativas, extrajudiciales y por supuesto los devengados judicialmente”. Resalta que “privar de honorarios es dejar sin remuneración al abogado”. Plantea que “en su artículo segundo y en concordancia con el primero, establece y legisla que siempre la actividad del abogado se presume de carácter oneroso”. Indica que “esta presunción, para ser dejada de lado, tiene que tener fundamentos de valía y peso, no necesariamente una mera opinión o subjetividad del magistrado”. Especifica que “el dueño de los honorarios es el abogado” y que “abarca tanto a los honorarios devengados como a los regulados”. Expone que “esto es muy importante porque el profesional ya actuó, ya devengó honorarios y los mismos ya integran su derecho de propiedad exclusiva”, solo restando “determinar el monto de los mismos”. Expresa que “no regularlos, implica una violación al derecho de propiedad del abogado”, pues “según la ley ya integran su patrimonio protegido por la Constitución Nacional. Se pregunta “¿dónde dice la Ley de Honorarios que en las actuaciones procesales de carácter facultativo no corresponde regular honorarios?”. Afirma que “esta mera apreciación subjetiva sin fundamento normativo, es manifiestamente arbitraria y viola varios principios constitucionales, entre ellos la obligatoriedad de la fundamentación de las sentencias”. Señala que “si el magistrado estaba por privar de un derecho, debió fundar y citar la norma correspondiente que sustentaba su decisión” ya que, de lo contrario, “la sentencia no tiene fundamento válido, más allá de lo que erróneamente considere de forma subjetiva el Sr. Magistrado”. Manifiesta que “el abogado actuó, trabajó, asumió responsabilidad, hizo el análisis y el escrito, lo presentó en tiempo y forma en el juzgado, pagó los bonos y aportes de Ley”. Se pregunta si “¿no vale nada su tiempo y su análisis?”. Sostiene que “en este inaudito fallo privativo de derechos constitucionales, se utiliza cono supuesto fundamento, que el abogado ratificó los argumentos de la Resolución apelada”. Indica que “esto le pareció mal al S.J., al parecer pretende que los vuelva a copiar (hoy es fácil con copiar y pegar) o ¿plantee otros diferentes?”. Expresa que “tenemos una Resolución que el abogado que sostuvo la apelación consideró que estaba adecuada y convenientemente fundada”, por lo que “¿por qué cambiarlos?”. Resalta que “lo inaudito del caso es que ganó el pleito con tales fundamentos”, es decir, “la sentencia le dio la razón, entonces ratifica que los mismos eran adecuados y suficientemente fundados”. Plantea que “si pretende el juzgado que se escriba más cosas o cualquier cosa cambiando las palabras para no perder un derecho constitucional, flaco favor le hace a la buena marcha de la Justicia”. Expone que “el principio de economía procesal es conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de Justicia” y que “es por todos sabido que es una queja recurrente por parte de los magistrados, tanto la longitud de los escritos como las repeticiones innecesarias”. Razona que “con la ratificación del abogado, le ahorra un tiempo precioso al Jugado de nuevas lecturas o repeticiones”. Argumenta que “además, para hacer eso, el abogado necesariamente leyó, analizó y decidió sobre la Resolución que debía defender en esta segunda instancia”. Agrega que “su decisión fue la...

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