Sentencia Nº 21281 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:21281

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 7 (siete) días del mes de mayo de 2020, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "BRAT, Alberto Ramon c/ DE MARIA, Carlos Dario s/ Despido Indirecto" (Expte. 125816 - 21281/19 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:

I.- De la sentencia en crisis

Mediante sentencia de fs. 211/222 (26/08/19) el Sr. juez a quo, luego de señalar las posturas asumidas por las partes, consideró que la controversia de autos radicó en la naturaleza jurídica de la vinculación a partir del 25/01/08 (fecha en la que el demandado le comprara a la esposa del actor -Susana Oses- la empresa de transporte de encomiendas -Santa Rosa-Córdoba- y cuya oficina comercial siguió funcionando en el domicilio de la anterior propietaria); así, mientras el actor consideró que se trató de una relación laboral subordinada (empleado administrativo de primera: recibir encomiendas, atención al público, elaborar presupuestos, etc.), el demandado alegó que fue socio de una sociedad de hecho.

En ese contexto y encontrándose reconocida la prestación de tareas por parte del Sr. Brat evaluó que, de conformidad a lo preceptuado por los arts. 23 LCT y 360 CPCC, la carga de la probar que la vinculación era de carácter no laboral era de De María, discurriendo sobre el particular en los términos que al respecto establece el primero de los artículos citados; para, seguidamente, dejar establecido que "...en el caso de autos no se encuentra acreditada la existencia de sociedad alguna -ni regularmente ni de hecho-. No se ha producido prueba alguna que acredite ello. Ni siquiera analizando la prueba producida de acuerdo a las reglas de la sana crítica existen indicios de que ello fuera así. …" (fs. 213).

Evalúa entonces la situación del socio-empleado (cfe. art. 27 LCT) y señala que, "...estando reconocido que el actor prestaba en forma personal y habitual toda su actividad para aquella supuesta sociedad, ya que se encuentra reconocido que en el lugar donde funcionaba la empresa hasta mediados de 2017 era el propio domicilio del actor; considero que éste era dependiente de esa "sociedad", pese a que también habría sido socio de la misma -según la versión del demandado-, calidad ésta que no le impide tener la de empleado, conforme lo establecido por el art. 27 citado, norma que constituye una importante regla antifraude". A lo que agrega que "...quien debió probar que la relación fue únicamente societaria, o que el actor no prestaba a la "sociedad" toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual; era el demandado ..." (fs. 213 vta.), circunstancia esta que, según especifica, no acreditó.

Analiza, además, que pese a la defensa esgrimida por el demandado, este no argumentó acerca de la participación de las partes en los resultados de la supuesta sociedad o cómo se percibían los dividendos; máxime cuando, según aduce, "...le compró a la esposa del actor "la empresa"; le pagó $130.000 por ello: y a partir de ese mismo momento, decidió dividir las ganancias que obtuviera esa empresa con la propia vendedora y su esposo, para lo cual conformaron una sociedad de hecho…"; versión que, a criterio del juzgador, no se presenta lógica ni razonable en el ámbito negocial ni avalada por prueba o indicio alguno en el marco de este expediente.

Concluye así que, por aplicación de los arts. 27 y 14 LCT, y a tenor de las declaraciones testimoniales coincidentes en señalar la efectiva prestación de servicios por parte del actor y por aplicación del art. 23 de la citada ley, descarta el carácter de socio, entendiendo que la inserción en una empresa ajena, independientemente de los conocimientos específicos determinados para realizar la tarea que le compete, autoriza presumir que ello se debe a la existencia de un contrato de trabajo; pues, siendo carga del demandado demostrar que la vinculación con Brat era en el carácter de socio, asumiendo riesgos económicos y aportando capital propio para soportar pérdidas, no lo hizo. Por el contrario, señala, que el propio demandado confesó a fs. 95 que era él quien asumía en forma exclusiva los costos de la actividad (fs. 217).

Tampoco acompañó, dice, contrato societario, desconociéndose "...cuáles habrían sido, en calidad y cantidad, las funciones que tenía cada socio en la "sociedad"..."; meritando, finalmente, que en el intercambio epistolar habido ninguna referencia efectuó el demandado respecto a la existencia una sociedad de hecho (fs. 216).

En definitiva, considera que el actor fue puesto al margen de todo tipo de protección legal, viendo vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los arts. 14 bis de la CN y 47 de la CP, y que su situación corresponde ser regida por la ley obrera (arts. 4, 21, 22 y 23 LCT). Por consiguiente, de acuerdo al principio de la realidad establece que existió una relación laboral que se inició el 25 de enero de 2008 hasta el 22 de setiembre de 2017 -en que se pone en situación de despido indirecto-, que la prestación de tareas era diaria y de acuerdo a los horarios indicados por Brat, ya que los testigos así lo declararon y De María, pese a haber sido intimado, no acompañó los libros previstos en el art. 52, lo que hizo operativa la presunción legal del art. 55, ambos de la LCT.

En consecuencia, merced a las consideraciones de orden fáctico-legal que realiza -acorde a lo más arriba señalado-, hace lugar a la demanda entablada y condena al demandado a pagar -dentro del...

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