Sentencia Nº 2125/22 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023

Número de sentencia2125/22
Fecha27 Abril 2023
EmisorSuperior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
EstatusPublicado

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 27 días del mes de abril del año dos mil veintitrés se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.E.F.M. y por su vocal, Dr. J.R.S., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “ETCHART, C.N. c/ MENDIARA, L.M. s/ Compensación Económica”, expte. nº 2125/22, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

RESULTA:

I.- Por actuación n° 1.710.971 la abogada K.L.Á.M., en su carácter de apoderada del Sr. L.M.M., interpone recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 261 incisos 1 y 2 del CPCC contra la sentencia de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que resolvió: “I) Rechazar el recurso de apelación articulado por el demandado, con costas…” (Actuación n° 1.666.690).

Acredita el cumplimiento de los recaudos formales y relata los hechos de la causa diciendo que la parte actora interpuso el día 20/12/2021 demanda por compensación económica contra el Sr. M.. Alega que la parte demandada contestó la demanda entablada en su contra y planteó la caducidad de la acción, oposición fundada en el artículo 525 del CCC. Ello, refiere, en función de que el plazo de seis meses establecido en la norma se encontraba vencido.

Aclara que el cese de la convivencia se produjo el 31/05/2021 de modo que al tiempo de interposición de la demanda había operado la caducidad del derecho a reclamar, máxime si se tiene en vista que la mediación provincial (reglamentada por Ley N° 2699) no establece la suspensión de aquel plazo.

Manifiesta que la actora, por su parte, se opone a la caducidad planteada en base a la tesis contraria expuesta por la actora, esto es la suspensión del curso de caducidad por el requerimiento de la instancia de mediación.

Aduce que el juez de primera instancia rechazó la caducidad en virtud del fundamento que sostuvo que la fecha del cese de la convivencia no se acreditó con certeza y que en función de la perspectiva de género se debían flexibilizar los plazos de caducidad.

Sostiene que la resolución que así resuelve fue apelada por su parte con sustento en una crítica razonada y fundamentada. Refiere que la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó el recurso de apelación interpuesto. Así, indica, aquella decisión fue objeto del presente recurso extraordinario provincial.

En cuanto a los fundamentos del recurso, menciona, en primer término, el motivo que encuentra asidero en el inciso primero del artículo 261 del CPCC, es decir errónea aplicación de la ley.

Alega, en tal sentido, que la Cámara de Apelaciones aplica erróneamente el artículo 525 del CCC que puntualiza, la acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523.

Esgrime que el tribunal de apelación seleccionó la norma aplicable pero le otorgó una interpretación errónea y así rechazó el planteo de caducidad opuesto por la parte demandada. El error, determina, estriba en haber dado otro significado a la letra de la ley pues el concepto de acción establecido en el artículo 525 del CCC debe entenderse de manera literal. Así pues, sostiene, el término ‘acción’ jamás podría ser equiparado al pedido de mediación, como lo entiende la Cámara.

En el sentido expuesto, advierte la distinción que en materia de prescripción otorga el Código Civil y Comercial al pedido de mediación y a la acción judicial, en tanto la primera no posee el carácter suspensivo o interruptivo que se le asigna a la segunda.

Asegura que la misma tesitura adoptó la legislación local pues asimiló el pedido de mediación a la constitución en mora del deudor pero no a una demanda judicial (art. 76, Ley N° 2699). Con ello, concluye que el pedido de mediación no es la acción destinada a hacer valer la pretensión ante una autoridad judicial con la intención de no abandonarlo, como acto requerido por el artículo 525 del CCC.

A esto último, añade que las graves consecuencias de mantener la interpretación de la Cámara de Apelaciones daría lugar a situaciones abusivas e irrazonables pues podría el requirente sostener sine die la instancia de mediación y así quedar el reclamo atado de por vida. Objeta que estas consecuencias no fueron tenidas en miras por la decisión recurrida.

Por otra parte, la recurrente también articula el vicio de violación de la ley en referencia a los artículos 2567 y 2569 inciso a) del CCC. Al respecto, alega que en virtud de la regla sentada en el artículo 2567 del CCC el plazo de caducidad no se suspende ni interrumpe, por lo tanto la consecuencia inevitable es que al vencimiento del plazo estipulado si no se cumplió con el acto que mandaba la norma se extingue el derecho.

No obstante, revela, el precepto prevé puntualmente una excepción y está dada en la circunstancia que exista una disposición legal en contrario en materia de caducidad de los derechos. El tribunal de apelación, refuta, encuentra aquella excepción en la ley de mediación nacional y la aplica, en base a una interpretación integral y ante el vacío normativo en la ley provincial, para dirimir la contienda planteada.

Claramente, arguye, si la legislación local no prevé ningún supuesto de suspensión o interrupción del plazo legal indefectiblemente operó la caducidad. Entonces, finaliza, la decisión de la Cámara violó el artículo 2567 del CCC.

En otro orden de cosas, la recurrente vierte los fundamentos que sustentan el vicio de falta de fundamentación legal (inciso 2° del art. 261 del CPCC). Destaca que el voto del Dr. C. viola el artículo 35 inciso 5° del CPCC por no encontrarse fundado en ninguna norma. Es que, replica, de los cuatro párrafos que estructuran el voto, en ningún lugar se hace mención al orden jurídico aplicable, por lo que la falta de motivación es manifiesta. Este vicio, defiende, impide el control posterior de la decisión y coarta el derecho de defensa de su parte.

En lo que respecta al absurdo, la parte apelante encuentra configurado tal vicio en las consideraciones que se efectúan en torno a la perspectiva de género, puesto que los hechos de violencia alegados por la parte actora resultaron falsos e infundados.

Aquí, resalta, es palmaria la discordancia entre los antecedentes obrantes en la causa y lo resuelto por el tribunal, pues la mera alegación de la perspectiva de género, sin ninguna prueba que la sustente, no puede ser absorbida por el juzgador ni siquiera para configurar una presunción ni mucho menos para flexibilizar el plazo legal de caducidad.

Con soporte en el inciso segundo, la quejosa también se agravia de la imposición de las costas al vencido. Argumenta que ante las disidencias planteadas, el presidente de la Cámara de Apelaciones, D.I., adhiere al voto del Dr. C.. Advierte nuevamente que el voto del nombrado viola el artículo 35 inciso 5° del CPCC por no encontrarse fundado en ninguna norma jurídica. Pero además, hace notar, incurre en absurdo por cuanto la solución que adopta en este aspecto no es clara ni fundamentada.

Es que, argumenta, si justamente adhiere al voto del primer votante, es decir D.R., que dejó plasmado en los fundamentos de su voto la existencia de criterios de interpretación discordantes y, como derivación de ello, que la demandada pudo razonablemente considerarse con derecho a incoar la caducidad y recurrir, no se advierte por qué luego se aparta de la imposición de las costas en el orden causado y su variación hacia el vencido.

Es entonces, cuestiona, que si adhiere a sus conclusiones y por ende al razonamiento del magistrado que lo precedió luce palpable el error lógico, grave y manifiesto.

Finalmente, mantiene la reserva del caso federal en los términos del artículo 14 inc. 1º de la Ley Nº 48, atento a que en el pleito se ha puesto en cuestión la validez de una ley del Congreso y la decisión fue contra la misma, constituyendo además una sentencia arbitraria.

Por último, peticiona que se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, casando la sentencia dictada.

II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima facie admisible (actuación n° 1.956.579) en los términos del artículo 261, incisos 1 y 2 del CPCC.

III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta por actuación n° 1.993.409 y solicita que se rechace el recurso interpuesto.

IV.- Dictamina el Sr. Procurador General (actuación n° 2.025.097) quien expresa que el Dr. C. ha expresado su opinión respecto a cada una de las cuestiones esenciales en debate, bien que remitiéndose en buena medida a los fundamentos del primer votante, con los cuales coincide. El voto así formulado, confirma, presupone un estudio del caso y transmite a los litigantes las razones que motivan lo resuelto y con ello queda cubierta la exigencia que sobre el punto contiene el art. 257 del CPCC.

En lo que respecta al absurdo sostiene que el análisis pormenorizado de la prueba que realizó la Cámara de Apelaciones en su sentencia y la lógica de los fundamentos vertidos avalan con suficiencia la decisión adoptada.

VI.- Por actuación n° 2.025.299 se llama autos para sentencia y;

CONSIDERANDO:

Cabe aclarar que en atención a las particularidades del caso las cuestiones propuestas a consideración de este Superior Tribunal de Justicia serán abordadas en forma conjunta.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo a los incisos 1 y 2 del art. 261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?

PRIMERA CUESTIÓN: 1°) En primer lugar, es pertinente señalar que la circunstancia de haberse declarado prima facie admisible el recurso extraordinario provincial, no impide que, abocado el Superior Tribunal de Justicia a decidir la causa, reexamine el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad (STJ, Sala A,...

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