Sentencia Nº 21030 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 5 de Noviembre de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 5 días del mes de noviembre de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "HOLEC NOMMEL S.A. c/CALAMARI S.A. s/Sumarísimo" (Expte. Nº 21030/19 r.C.A.), venidos del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras Nº 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:

I.- La decisión en recurso
Viene apelada por la parte accionada -CALAMARI SA- la sentencia de fecha 20.12.2018 (fs. 161/163vta.) que hizo lugar a la demanda de desalojo interpuesta en su contra por HOLEC NOMMEL SA -por haber operado el transcurso del plazo convenido para la locación- y mediante la cual se la condena -como a los otros ocupantes- a restituirle el inmueble ubicado en calle Avellaneda nº 1264 de la ciudad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, dentro de los 10 (diez) días que quedar firme, le impuso las costas y reguló los honorarios profesionales.
II.- La apelación
De acuerdo al memorial en examen (fs. 181/184) que ha sido replicado por la parte actora (fs. 186/189), la recurrente, previa transcripción de la parte resolutiva del fallo (punto I) que dispone hacer lugar al desalojo promovido, señala que la sentencia deviene "improcedente e inoportuna" por lo que debe ser revocada sin más, rechazándose el desalojo, con costas; para luego señalar (en el acápite III - Fundamentación) que "se agravia" porque la Sentenciante señala que su parte, "más allá del relato fáctico formulado en el responde, ningún otro título invocó para justificar la permanencia en la ocupación del inmueble y resistir la pretensión de la actora", lo cual -dice- "es a todas luces desacertado".
Al desarrollar la apelante las razones que -a su criterio- traducen ese desacierto, señala que "Mi mandante intentó en cada oportunidad procesal que tuvo plantear sus defensas" pero, sin embargo, todo intento fue ignorado por "el Juez de Primera Instancia", y que con sólo observar cómo se desarrolló el proceso, es posible constatar la forma en que lesionó sus garantías constitucionales (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 33 y cc de la CN) convergiendo dichas resoluciones en una sentencia arbitraria (fs. 182); extremo que se derivaría de haber declarado la cuestión de puro derecho sin permitir la apertura a prueba, siendo que las ofrecidas resultaban sumamente relevantes para probar que la actora carecía de legitimación para deducir la acción; luego al rechazar la citación de tercero respecto de M.D., incurriendo en prejuzgamiento por adelantar opinión en relación a la defensa de su parte, cercenando el derecho de recurrir en apelación; y, además, al rechazar la petición de nulidad de esa resolución, con costas; tras lo cual concluye que "no caben dudas que el tribunal transgredió el ordenamiento jurídico".
Refiere que "se agravia mi instituyente porque el a quo no consideró las defensas referidas por CALAMARI SA", tales como que la actora no era la propietaria del inmueble "como engañosa y falsamente afirmó en el instrumento que invocó como fundamento de su pretensión" porque el contrato de comodato ficticio otorgado por quien no era dueño de la propiedad no le otorgaba a la actora derecho alguno sobre el inmueble ni la legitimaba para promover la presente causa, porque no es jurídicamente válido ni eficaz.
Asimismo manifiesta que "se agravia" porque "no se advirtió la existencia de un título que demuestre el derecho del demandado a permanecer ocupando el inmueble y que enerve el derecho del reclamante de exigir su restitución, en defecto de otra prueba que permita alcanzar una solución diferente", tras lo cual expresa que se le otorgó asidero al...

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