Sentencia Nº 21011 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:31 de Octubre de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 31 días del mes de octubre de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "MARTIARENA, M.R. c / PREVENCION A.R.T. S.A. S/ L." (Expte. Nº 21011/19 r.C.A.), venidos del Juzgado en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 1 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:
I.- La sentencia en recurso
Viene apelada la sentencia de fecha 30.10.2017 (fs. 306/311) -puesta consideración de esta Sala el 12.08.2019- que hace lugar parcialmente a la demanda promovida por M.R.M. contra Prevención ART SA -en virtud del siniestro laboral denunciado con fecha 21.11.2012-, mediante la cual declara la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT -ingreso base- y la desestima respecto del art. 17 de la LRT -dado que entró en vigencia el 25.10.2012 y el siniestro es anterior-, determina una incapacidad laboral, permanente y definitiva del 11,50% de la total obrera -rechazando el porcentual del 18,5% denunciado- y manda a abonar la suma de $ 42.507,39 -considerando como ingreso base la suma de $ 5910,29, un coeficiente de 1.18%, dividiendo 65 por 55, edad del actor- con más la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la Ley 26773 ( 20%) de $ 8.501,48 -haciendo un total de $ 51.008,87 a la fecha del accidente- y ordena aplicar la actualización RIPTE -arts. 8 y 17 inc.6 de la LRT- desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago; impone las costas a la demandada y regula honorarios profesionales de los letrados de la actora (21%) y de la accionada ( 16%) sobre el monto por el que progresa la acción.
II.- Las apelaciones
La sentencia es recurrida por ambas partes, expresando el actor sus agravios (fs. 323/329vta.) siendo replicados por la aseguradora demandada (fs. 332/334), quien, expresó los propios (fs. 337/342) sin obtener respuesta de aquel.
II.- a) Los agravios del actor
Titula dos; el primero, contra el porcentual de incapacidad determinado, pretendiendo se recepte el dictaminado por el perito interviniente del 23,8% -o el que se considere conforme la prueba rendida- y, el segundo, la omisión en la que ha incurrido el J. al no aplicar intereses respecto de la indemnización según se peticionó en la demanda.
Expresa -al fundamentar su agravio- que la incapacidad determinada del 11,5% ha sido cuestionada en sede administrativa y judicial, como así también objeto de prueba en estos autos, pero el J. ha desestimado el informe pericial producido -por el Dr. BOAGLIO- como así también el acompañado por su parte en la demanda -realizado por la Dra. G.V.Z.- y la restante prueba producida, dando preponderancia al tipo y grado otorgado por la Comisión Médica nº 9 de Neuquén del 11,5% sin realizar una crítica concreta de la peritación efectuada ni un análisis congruente del plexo probatorio, lo que importa una exclusión arbitraria, todo lo cual le ocasiona un concreto perjuicio.
Refiere que a raíz del accidente de trabajo padecido resultó la afectación de la prótesis de cadera que tenía colocada hacía 10 años y que si bien obligaban a un reemplazo, no fue así efectuada por la ART pretendiendo curarlo con medicación y kinesia, habiendo sido posteriormente compelido por la SRT a otorgar esa prestación; pero la mora en cubrirla como la gravedad de la lesión y los trabajos que realizaba -peón rural- que involucran casi totalmente su aptitud física, resultó claramente limitado y disminuido; prueba de ello es que, otorgada el alta por la ART, fue despedido porque ya no podía trabajar como antes lo hacía; de allí que la ponderación de la incapacidad debe ser efectuada considerando tales extremos en tanto que, en el caso, esa valoración resulta subvertida, porque se deja de lado prueba rendida -pericial médica, informe de consultor aportado por su parte, la HC del actor- que han determinado uno el 18,5% y el otro un 23,5%, vulnerándose el principio protectorio que propaga sus efectos también en materia de accidentes de trabajo.
En lo atinente al segundo agravio, cuestiona que al establecer las bases para cuantificar la indemnización, el J. omite la aplicación de intereses solicitada oportunamente por su parte, puesto que, si bien admite la aplicación del RIPTE como índice de actualización de valores, este ha sido establecido a fin de mantener adecuados aquellos valores, comprensivos de la indemnización, con el objeto que los montos previstos por la ley vigente al momento del hecho no resulten disminuidos por efecto de la inflación o devaluación que, en esa época -dice- "escondía el Indec", cuestión que ha sido profusamente tratada por la Doctrina y, la Jurisprudencia, resuelto. Refiere que lo intereses "resultan accesorios del capital adeudado" por lo que debe admitirse su aplicación desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago; citando a tales efectos un fallo de la CAGP ("Corellano, GJ VS. Ausili MA s/proceso laboral, 23.10.2013) según el cual se expresó que corresponde su admisión y, siendo accesorios del capital, los jueces -conf. art. 59 de la LPL 986 y el principio protectorio- pueden fijar en la sentencia un monto condenatorio superior al reclamado supliendo la omisión demandante.
En suma, solicita se admita la incapacidad determinada por el perito B. -del 23,80%- o la que "en base al análisis probatorio y elevado criterio del Tribunal establezca" y se condene a la ART a indemnizar al actor en función de esa incapacidad, conforme las pautas establecidas por el J. de Primera Instancia, con más la aplicación de intereses desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, dado que ha omitido expedirse respecto de ese extremo en la sentencia.
II.- b) Los agravios de la PREVENCION ART
Postula -primeramente- la inconstitucionalidad declarada del art. 12 de la LRT y consecuente determinación del ingreso base mensual en la suma de $ 5910,29; luego -en segundo término- la errónea aplicación del RIPTE; así también -en tercer lugar- la omisión de la sentencia en determinar el modo de actualización del dinero abonado por la ART de $ 51.000 y, -en el cuarto- que deba abonarse la actualización a partir de la fecha del siniestro, para finalmente objetar -en el quinto- la imposición de costas a su cargo.
En cuanto al segundo agravio, previo referenciar que la sentencia -al calcular la prestación dineraria prevista en el art. 14 ap.2 de la LRT y el adicional establecido en el art. 3 de la Ley 26.773- manda a "aplicar la actualización RIPTE (arts. 8 y 17, inc.6° de la LRT) publicado regularmente por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tomando como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social (...) calculándolo desde la fecha del siniestro hasta la de su efectivo pago, descontándosele lo percibido dentro del proceso ($ 51.000,00 -conf. fs. 128/129)", refiere que se efectúa una errónea aplicación de la Ley, en desmedro del derecho de propiedad de su parte, puesto que los artículos 8 y 17 -cuyo texto transcribe- se refieren "a los valores de referencia que se establecen como pisos, fijados a través del Decreto del PEN N° 1694/09, que las Resoluciones emanadas de la Secretaría de la Seguridad Social actualizan mediante la aplicación del RIPTE" pero este, no constituye un mecanismo de actualización de todas las prestaciones que se determinen.
Esgrime -omitiendo la cita del precedente- que el Juzgado L. N° 1 de General Pico, al expedirse respecto a la prestación dineraria del art. 15.2 de la LRT señaló que el tope allí establecido (de $ 180.000) fue eliminado y, a partir del D.. 1694/09, se transfomó en piso que, conforme lo reglado por el art. 8 de la Ley 26773, se actualiza mediante Resoluciones emanadas por la Secretaría de Seguridad Social, cada seis meses, de acuerdo a lo establecido en el D.. 472/2014, a consecuencia de los distintos criterios jurisprudenciales surgidos al implementarse ese sistema de actualización y, que el STJ -dice- se ha expedido en igual sentido -incurriendo en par omisión del precedente- y que, como señaló en su alegato (fs. 291) la CSJN en los autos "E." dejó claro que " ...la Ley 26773 dispuso el reajuste mediante RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a contingencias futuras..."., tras lo cual, solicita, se revoque la sentencia en ese aspecto, porque actualiza erróneamente la prestación dineraria mediante la aplicación de un índice que tiene otra finalidad.
Luego -en el tercero- señala que en la sentencia no se indica de qué manera se actualiza la suma de dinero ya abonada al actor ( $ 51.000) siendo de fundamental importancia establecer desde cuándo y en base a qué metodología debe efectuarse, por lo que solicita a este Tribunal determine "(...) la forma en que debe actualizarla" y que -según expresó a fs. 101vta.- debe serlo desde el momento en que PREVENCION ART se encontró obligada al pago ya que dicha suma fue puesta a disposición y, subsidiariamente, sea a partir del depósito y puesta a disposición de aquel, quien se negó sistemáticamente a recibirlo, conforme aplicación de tasa mix del Banco de La Pampa.
Reprocha -en el cuarto- que en la sentencia se consignara que la suma debida al actor deba actualizarse desde la fecha del siniestro, porque -dice- resulta incorrecto, dado que su parte se encontró obligada a abonar la prestación dineraria "recién con el Dictamen de la Comisión Médica N° 009, de fecha 25/02/2014, que expresamente determina: "Aclaración...

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