Sentecia definitiva Nº 21 de Secretaría Civil STJ N1, 11-03-2019

• Emisor: Secretaría Civil STJ nº1
• Número de sentencia: 21

VIEDMA, 11 de marzo de 2019.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores S.M.B., E.J.M., R.A.A., L.L.P. y A.C.Z., con la presencia de la señora Secretaria doctora R.C., para el tratamiento de los autos caratulados: ''MICROOMNIBUS 3 DE MAYO S.A. s/ INCIDENTE DE REVISION s/CASACION'' (Expte. Nº 29954/18-STJ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 151/164 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.-¿Es fundado el recurso?
2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor S.M.B. dijo:
I.- Antecedentes de la causa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Interlocutoria Nº 510 de fecha 26 de septiembre de 2017 dictada a fs. 132/137 y vta. resolvió: ''I) REVOCAR la resolución de 02/09/11, en cuanto fue apelada (fs. 85), determinando una tasa similar a los restantes créditos. II) IMPONER las costas por su orden. ?''.
Esto es y en lo que aquí importa, revocó la sentencia de Primera Instancia que a fs. 83/84 hiciera lugar parcialmente al incidente de revisión promovido en autos, rechazara el planteo de inconstitucionalidad formulado por el concursado y ordenara que la sindicatura proceda al recálculo del crédito verificado teniendo en cuenta las tasas de interés legal.
II.- Agravios del recurso.
Contra lo así decidido, la incidentista interpone a fs. 151/164 y vta. Recurso Extraordinario de Casación, planteo que fue contestado por la Síndico designada en autos a fs. 171/180 de las presentes actuaciones.
A fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, la recurrente argumenta que la sentencia impugnada ha incurrido en falta de fundamentación mínima, razonada y legal (art. 200 de la Constitución Provincial), soslayando la exigencia del art. 34 inc. 4º del CPCyC respecto de la jerarquía de las normas involucradas en la resolución del caso; en la errónea, absurda y arbitraria apreciación de las cuestiones que tocaba resolver y por consiguiente de la normativa aplicable; en la especie, la Ley 11.683 (arts. 37 y 52).
En los aspectos de derecho sustancial, expresa que el pronunciamiento de la Cámara entraña una clara y directa infracción y violación de las normas sustanciales vigentes. Sostiene que la solución dictaminada por la Cámara se limita a hacer una mera afirmación dogmática y antojadiza, ya que arriba a una conclusión jurídica con el aporte de un equívoco fundamento doctrinario o jurisprudencia en aras de sostener la posición adoptada.
Expresa que, en el caso concreto, la ley que debe aplicarse para la liquidación de los intereses de los créditos impagos es la Ley 11.683 (T.O. en 1998 y sus modif.) conjuntamente con los decretos y resoluciones generales que rigen la materia.
En síntesis, sostiene que los intereses de la deuda que se ejecuta deben liquidarse de conformidad a la tasa legal aplicada en el momento de la verificación de los créditos. Máxime cuando, en la especie, no ha mediado declaración de inconstitucionalidad de la normativa que respalda la aplicación de las tasas de interés impugnadas, etc.
III.- Contestación de los agravios.
Corrido el pertinente traslado, el Síndico designado lo responde a fs. 171/180 solicitando el rechazo del recurso de casación deducido por la AFIP.
En ese cometido, aduce que la facultad morigeradora de las tasas de interés no implica de modo alguno una injerencia del Poder Judicial en actos o razones de oportunidad, mérito o conveniencia de los otros poderes del Estado.
Expresa que las tasas de interés cuya aplicación se pretende resultan confiscatorias, lo que implica una violación directa y manifiesta al derecho de propiedad establecido por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Argumenta que la ley faculta de esa potestad morigeradora al...