Sentencia Nº 20852 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:13 de Agosto de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 13 días del mes de agosto de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver en los autos caratulados: "P., C. A. S/ Restricción de la Capacidad" (Expte. Nº 20852/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de la Familia y del Menor de la IIIra. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:

I. De la elevación en consulta.
Vienen elevadas las presentes actuaciones en virtud de lo ordenado -en el punto III de la parte resolutiva- del decisorio de fecha 4.07.2016 (fs. 106/108) dictado por la Sala 1 de esta Cámara de Apelaciones -con diferente integración- y mediante el cual se resolvió: "I.- Readecuar la sentencia de fs. 83/85 declarando que el Sr. C. A. P. posee capacidad restringida para la realización de los actos que deberán ser detallados en forma precisa, y designando asimismo los sistemas de apoyo que lo asistan como así también su modalidad de actuación (...)" y " ...III.- Cumplido lo anteriormente dispuesto y siempre que no medien impugnaciones de parte deberán elevarse nuevamente las presentes actuaciones a este Organismo colegiado." (conf. causa Nº 19213/15 r.C.A.).
I. a) Preliminarmente corresponde aclarar que la intervención que ahora nos convoca, no responde a una modificación del criterio adoptado por esta Sala (con nueva integración) a partir del precedente "ZALDARRIAGA Ana María y Otro s/ Declaración de Incapacidad y Designación de Curador" (Expte. Nº 19950/17 r.C.A) respecto a la improcedencia de la elevación en consulta (art. 602 del CPCC) en virtud de la entrada en vigencia del CCyC -a cuyos fundamentos nos remitimos- ni atiende a situaciones en las que cabía hacer excepción de aquél e ingresar al tratamiento por advertirse la vulneración al plexo constitucional y jurídico vigente y la falta de actividad recursiva contra el fallo así dictado (conf. causas Nº 20056/17, 20247/17, 20293/17 y 20298/17 r.C.A.), sino que la remisión propiciada obedece -en este caso- a la directiva fijada por esta Cámara de Apelaciones en el marco de la sentencia dictada y por ello, ahora, atiende a corroborarse si lo ordenado fue así receptado conforme los parámetros indicados.
I. b) La actuación del juzgado de origen.
De acuerdo a aquella sentencia como sus directivas (puntos I y II; fs.107vta./108) el tribunal de origen debía integrar la decisión de mérito detallando los actos para los cuales el Sr. PALELLA posee capacidad restringida, como así también, designar los sistemas de apoyo y la modalidad de actuación (conforme arts. 32 -1° párr.-; 35, 37, 38 y 43 del CCyC).
Remitido el expediente, la Dra. De La Iglesia -titular del juzgado de Familia- ordenó la intervención del Equipo Técnico -cuyas conclusiones lucen en el informe obrante a fs. 134/136-, realizó la entrevista personal con el Sr. P. (fs. 159/160), se agregó una evaluación cognitiva suscripta su médica tratante (fs. 161/164) y, en base a tales actuaciones, el día 27.06.2018 (fs. 176/178) resolvió " I- Integrar la Sentencia de la Cámara de Apelaciones, determinando que C. A. P. tiene capacidad restringida para el ejercicio de los siguientes actos: a) Actos de administración ordinaria y extraordinaria, b) Actos de disposición del patrimonio; c) Actos relacionados con el derecho a la salud; d) Actuaciones que impliquen la intervención de la misma en los actos procesales de disposición, judiciales y/o administrativos en los que resulte parte; para los cuales deberá actuar con el acompañamiento y ratificación de la persona designada como apoyo, conforme lo expuesto en los considerandos" y " II.- Designar como figura de APOYO para la realización de los actos que restringen la capacidad de la causante, a D. E. O., DNI ..., quien deberá presentarse en primera audiencia a aceptar la responsabilidad que aquí se le atribuye, firme que sea la presente; conforme lo establecido en los considerandos".
Para así decidir y conforme se extrae de los considerandos, señaló que de los informes obrantes como del contacto personal con el Sr. P. surge que necesita del sostén de otra persona para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con su movilidad -asearse, vestirse, tomar medicación-, como para actos relacionados con su actividad intelectual y consecuente toma de decisiones; agregando que si bien el informe de fs. 161/164 demuestra, desde un aspecto técnico, las limitaciones que lo aquejan para desarrollar actos más complejos que hacen a la administración y disposición de sus bienes, aquellas no se advierten en las entrevistas mantenidas con aquél.
Ponderó que D. E. O. -conviviente de P.- aparece como un apoyo adecuado en razón de ser quien se ha ocupado, desde el accidente que aquél sufriera, de todo lo atinente a su protección y asistencia, por lo que entiende aconsejable que permanezca en ese medio familiar, expresando que la modalidad de actuación del apoyo en cuanto a los actos para los que se restringe la capacidad será conjunta, debiendo llevar la firma del "causante" y la del apoyo, no supliendo su voluntad sino complementándola. Finalmente expresa que, en cualquier momento, el interesado puede peticionar la revisión de la sentencia; ello sin perjuicio de su reexamen en un plazo no superior a tres años y la fiscalización en el Ministerio Público respecto de ello (conf. art. 40 CCyC).
II. Su tratamiento.
Pues bien, memorando la sentencia de Cámara, se colige que en aquella oportunidad se dejó sin efecto la de primera instancia dictada el 28.05.2015 (fs. 83/85vta.) que declaró "...la incapacidad total por trastornos de la personalidad debido a lesión cerebral de C. A. P." y dispuso "...la inhabilitación total para ejercer cualquier acto de disposición y/o administración en cualquiera de sus formas por considerarlo comprendido en la causal que contempla el art. 141 y cc. del Código Civil...", efectuándose su readecuación a las nuevas disposiciones del CCyC y, en virtud de ello, se determinó que el Sr. P. se encuentra restringido en su capacidad, por lo cual se ordenó que el tribunal de origen debía explicitar a qué actos alcanzaba aquella restricción, como así también designar un sistema de apoyos como su modalidad de actuación.
Conforme a ello, si bien la magistrada ha dado cumplimiento a la intervención interdisciplinaria como a la entrevista personal, y según explica, de esa proximidad advirtió que no se derivan las limitaciones que se indican en el informe técnico, ese previo análisis luego no se conjuga con la explicitación de los actos que, en virtud de aquella percepción, efectúa en la parte resolutiva (punto I); así, utiliza categorías genéricas y ampliamente abarcativas -actos de administración ordinaria y extraordinaria, actos de disposición del patrimonio, actos relacionados con el derecho a la salud; realización de gestiones administrativas; actuaciones que impliquen intervención en actos procesales de disposición, judiciales y/o administrativos en los que resulte parte- que, en rigor de verdad, se traducen en una restricción para todo acto, sin distinción. Es decir, retrocede entonces a aquella primigenia sentencia en la que se dispuso que el Sr. P. se encuentra inhabilitado para ejercitar todo acto de administración y disposición.
Igualmente, en esa parte resolutiva se indica que para el ejercicio de tales actos la modalidad de actuación del apoyo será de "acompañamiento y ratificación", pero sin efectuar distingo de actos y sin mayor explicitación respecto de la "modalidad de actuación" -si resulta integrativa de aquellos o condicionante de su validez, o no-.
Bajo tales parámetros la decisión "integrada" se presenta como inconvenientemente genérica, dado que no debe perderse de vista que la regla es la capacidad y el espíritu que inspira a la normativa vigente en la materia (Ley de Salud Mental 26.657, CCyC, CDPD) se orienta a lograr la mayor autonomía de la persona conforme el contexto de su propia realidad, y según lo antes dicho, el "detalle" de los actos cuya capacidad de ejercicio se restringe, tal como ha sido estipulado en la resolución en consulta, opera como una restricción total o cuasi total, diluyéndose entonces aquella finalidad perseguida y promovida.
Ese objetivo se logra si se respeta y promueve la autonomía, asistiendo a la persona en la comunicación, comprensión y expresión de los deseos y preferencias; para cuyo ejercicio resulta esencial la figura del apoyo designado (art. 43 CCyC), resultando relevante señalar que no existe una sola y unívoca medida en el sistema de apoyos, sino que "... pueden conformarse a través de diferentes modalidades (asesoramiento, interpretación, contención, co-decisión, o incluso, en casos...

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