Sentencia Nº 20599 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 9 días del mes de mayo de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "BALAJOCH, M.R. C/ ELORZA, C.J. S/ Diferencias Salariales" (Expte. Nº 20599/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. Nº 2 de la Ia. Circunscripción Judicial, estableciéndose por sorteo el siguiente orden de votación: 1º) Sra. J. L.B. TORRES; 2º) Sr. J. G.S.S..-

La J.T., dijo:
I.- De la resolución en recurso. Mediante sentencia de fs 212/223 el Sr. juez a quo hace lugar a la demanda interpuesta por M.R.B. contra C.J.E. y lo condena a pagar la suma de PESOS SESENTA MIL VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 60.022,75) con más los intereses a tasa activa dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la misma; como así también a entregar en dicho lapso el certificado de remuneraciones, constancias de aportes y contribuciones previstas por el art. 80, LCT y art. 12 inc. g), ley 24.241, y la Libreta de Aportes; con costas al demandado vencido (art.62, primer párrafo, Cód. Procesal); regula honorarios a los profesionales intervinientes.-
Asimismo, atento el apercibimiento dispuesto a fs. 192 (cfe. acta de conciliación de fs. 195 y notificación de fs. 194), y ante la falta de justificación en debida forma de la incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, le impuso una multa de $ 13.588,05 (a depositar, dentro de los 3 días de quedar firme, en la cuenta judicial de autos. cfe. arts. 54 LPL y 81 LPL).-
I.a) Para así decidir partió su análisis de considerar que las partes se encuentran de acuerdo que entre ellas existió una relación de empleo y que la misma culminó con el despido producido por la demandada el día 29 de marzo de 2016; señaló también que la diferencia residió en la fecha de inicio de la relación laboral y en la categoría laboral detentada y, por ende, si correspondía, o no, el pago de diferencias salariales en los montos de la liquidación final practicada por el actor y las multas previstas en la Ley 22.250.-
Respecto a la fecha de inicio tiene en cuenta: 1) las declaraciones testimoniales de CISTERNA (fs. 94/95), VARELA (fs. 96/97) y BIROCCO (fs.173/174) las que, según interpreta, no coinciden en el punto en cuestión; 2) que el demandado no acompañó el Libro Especial a que refiere el art. 52 LCT que le fue requerido por lo que, no habiéndose desacreditado -dice- la fecha de ingreso denunciada por el actor resulta de aplicación la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos (conf. art. 55, LCT); 3) la planilla horaria del empleado (fs.13) reconocida como auténtica por la Dirección General de Relaciones L.es de Santa Rosa a fs. 168 y perteneciente al demandado, de la cual surge que el primer día de asistencia fue el 7 de marzo; que dicha planilla fue acompañada en fotocopias por el actor y ante el requerimiento efectuado por el Juzgado no fue presentado el original por el demandado (cfe. arts. 54 LCT -redacción dada por la Ley 27.321- y 55 LCT); y 4) la confección ficta del Sr. ELORZA (cfe. arts 398 CPCC y 84 de la L.P.L).-
Considera, además, que la fecha de alta de la relación laboral "...es cuanto menos llamativo que ello se haya efectivizado el día 13 de marzo de 2016 pues dicho día resultó ser Domingo, ..."; pruebas que lo convencen que la fecha de ingreso del actor a prestar servicios para el demandado fue la denunciada por éste; es decir, el 7 de marzo de 2016.-
En cuanto a la categoría laboral evalúa que, mientras el actor denuncia que se desempeñó como Oficial Especial u Oficial Maquinista, el demandado expresa que lo hizo como Ayudante; ambas categorías del CCT Nº 76/75. En ese marco meritúa los testimonios de CISTERNA (fs. 94/95) que declara que el actor “Trabajaba con el autoelevador y una pala mecánica para cargar camiones” (a la 11); y VARELA (fs. 96/97) quien manifiesta“Yo lo ví trabajando con un zamping...” “Lo veía en un zamping, con ladrillo, cal.” (a la 6 y 11); declaraciones que -dice- no fueron impugnadas por el demandado y que, sumado a la falta de exhibición del Libro Especial del art. 52 LCT; la falta de acompañamiento de la planilla de horarios y su valor probatorio lo llevan a presumir a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos (conf. art. 55, LCT); como así también la confesión ficta del demandado en cuanto a que el actor detentaba la categoría de Oficial Maquinista (posición 6ª).-
Entiende, en definitiva, "... que la tarea del actor era conducir herramientas o maquinarias especiales utilizados para llevar a cabo la obra en construcción..." y, por tanto, su categoría era la de Oficial Maquinista del CCT 76/75.-
En definitiva considera que, si el actor carecía de carné de conductor habilitante para manejar la maquinaria especial (cfe. informe de fs. 80) para desempeñar la función que cumplió a las órdenes del demandado, "ello no afecta su derecho a percibir remuneraciones e indemnizaciones que derivan de la relación de empleo y del distracto, puesto que -en el peor de los casos para el trabajador- se estaría en presencia de un contrato de objeto prohibido, según lo previsto en el art. 40 y 42, LCT. Por lo que, tratándose de una norma protectoria, ...la prohibición sólo está dirigida al empleador. Esto significa: a) que la prohibición sólo puede ser invocada por el trabajador y no por el empleador, quien si no, estaría invocando su propia torpeza, y b) las consecuencias de la violación de la prohibición deben recaer sobre el empleador y no sobre el trabajador.” (ETALA, C.A. “Contrato de Trabajo”, pág. 121, ap. 3)".-
Por consiguiente, hace lugar a las diferencias salariales reclamadas por la primer quincena (7 al 15) del mes de marzo por la suma de $ 3.784,32 ($ 59,13 x 64) con más intereses a tasa activa desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la quincena adeudada y hasta la fecha de su efectivo pago; más la suma de $ 1.107,72, por la segunda; el S.A.C. proporcional ($ 576,20); las vacaciones proporcionales ($ 219,91) y el Fondo de Cese L. ($ 585,46).-
En cuanto a las "multas previstas en la ley 22.250", estima procedente la del art. 18 por falta de depósito del Fondo de Cese L. correspondiente al trabajador o con la insuficiencia del mismo. Así, luego de analizar las normas pertinentes (arts. 15 y 16) colige que, si el empleador hubiera abonado en forma directa el aporte al trabajador dentro de las 48 horas de finalizada la relación laboral y por el importe total correspondiente, se hubiera evitado la aplicación de la misma; sin embargo, dice, de las constancias de autos no surge que ello haya así acaecido, como tampoco que se haya hecho entrega de la Libreta del Trabajador.-
En consecuencia -señala-, probado el incumplimiento del empleador de las obligaciones impuestas en el art. 17, previa intimación del trabajador, corresponde hacer lugar a la indemnización prevista por el art. 18 de la ley 22.250: $ 14.191,20 (equivalente a treinta (30) días de la retribución mensual del trabajador -$ 59,13 valor hora x 8 hs. diarias x 30 días-), la que aprecia prudencialmente teniendo en consideración el tiempo que perduró la relación de trabajo, la categoría laboral de Oficial especializado; como así también al incremento de la indemnización dispuesta en el segundo párrafo “in fine” del art. 18 citado, por la suma de $ 14.191,20 (ante la falta de prueba que fuera inscripto ante el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción -I.E.R.I.C- cfe.art. 13 de la ley 22.250).-
Desestima la multa prevista por el art. 19 de la ley 22.250 por cuanto el despido se produjo el 29 de marzo y la intimación a abonar las remuneraciones debidas se efectuó el día 12 de mayo de 2016 (fs. 6); es decir, que la intimación fehaciente al empleador al no hacerse dentro de los diez posteriores al vencimiento del plazo para el pago de la suma que se reclama, no resulta procedente.-
Estima, sin embargo, la indemnización del art. 45, Ley 25.345 ($ 25.366,74 que surge de multiplicar por 3 el salario devengado -incluido la incidencia del S.A.C.- $ 7.805,15 + $ 650,43 = $ 8.455,58*3 = 25.366,74); considera que si bien en el régimen de la ley 22.250 el empleador está obligado a hacer entrega de la libreta de aportes (arts. 13, 14 y ccds.), ello no significa que se lo libere de hacer entrega de los certificados del art. 80 LCT, máxime teniendo en cuenta que de la referida libreta de aportes no surgen los fondos ingresados a la seguridad social ni las sumas afectadas a los aportes sindicales correspondientes sino que solamente constan los aportes obligatorios realizados al I.E.R.I.C.-
Ordena, por consiguiente, la entrega a la actora de la documentación mencionada conforme las circunstancias de la relación laboral habida entre las partes en el término de diez (10) días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria de carácter pecuniario por cada día de demora en el cumplimiento de lo ordenado y que fija en la suma de $ 50 diarios (cfe. art. 157...

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