Sentencia Nº 20472 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:27 de Febrero de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 27 días del mes de febrero de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "HONDERE H. Javier C/ COOP. DE AGUA y Otros SER. PUBL. ALPACHIRI LTDA. S/ L.", Expte. Nº V 12571/11 - (Expte. Nº 20472/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 1 de la IIIra. Circunscripción Judicial, y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo:

I.- La sentencia en recurso.- Viene apelada la sentencia de Primera Instancia -y su aclaratoria- que receptó -parcialmente- la demanda de daños y perjuicios deducida por el actor H.J.H. contra su empleadora, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de A.L.., como consecuencia de la denuncia efectuada en su contra -de fecha 17.2.2009- que tramitara mediante Legajo 93/09 "H.H. s/Hurto" -y que concluyera en su sobreseimiento-, condenándola a abonar al actor el daño patrimonial -los salarios caídos desde la fecha de amparo legal dispuesto por el art. 48 - parte final- de la Ley 23.551 hasta su efectiva reincorporación-, el daño moral -$ 30.000,00- con más intereses tasa mix desde el hecho generador y hasta su efectivo pago, y el daño psicológico -$ 18.000,00- con más intereses tasa mix desde la fecha de la pericia -23.5.2016-. Impone las costas a la demandada, regulando honorarios profesionales y periciales.-
Posteriormente, a instancias de la parte actora -conforme requerimiento efectuado a fs. 412/412vta. en los términos del art. 158, inciso 2, del CPCC- el Juez resuelve "VISTO el pedido de aclaratoria interpuesto por la presentante y en función de tratarse de un reclamo de daños y perjuicios por falsa denuncia, aclárese a la presentante que salarios caídos resulta equiparable a salario neto, o sea, el obtenido luego de aplicar los descuentos de ley, debiendo descartarse todo otro rubro (aportes y contribuciones) que no forma parte de la pretensión, conforme surge del escrito de adecuación de demanda (fs. 118/135)".-
II.- Los fundamentos del fallo.-
Para así decidir, principió considerando el Judicante que si bien en términos generales se ha determinado -citando doctrina y jurisprudencia- que no toda denuncia resulta apta para generar responsabilidad y que el criterio jurisprudencial se ha inclinado por determinar que sólo procede cuando el denunciante actúa con temeridad o ligereza culpable, corresponde -dice- que en cada caso se aprecien las circunstancias que rodearon la formulación de la denuncia o querella -entre otros extremos- teniendo especialmente en miras el interés social en la investigación y represión de los delitos y que hay culpa siempre que el proceso se desvía de la función social.-
Señala que, en el caso, la acusación proviene del hecho de haber constatado la Cooperativa empleadora, a través de su personal, que en una caja del medidor de la vivienda sito en calle Buenos Aires esquina 25 de Mayo -de Alpachiri- se había realizado un empalme -entre la bajada y la derivación hacia el interior de la vivienda de mención- de forma ilegal, derivando ello en la denuncia policial practicada el 17.2.2009 y el consecuente proceso penal -Legajo 98/09- que culminara con el sobreseimiento del actor.-
Pondera que esa denuncia contra H. pasó por el tamiz del procedimiento penal y, de las circunstancias que rodearon el caso, concluye que la denunciante pretendió alcanzar con el despido del dependiente -fundando en aquellos hechos y de modo previo a su culminación por sobreseimiento- una finalidad diferente a la función social a la que está destinado el proceso penal, lo que importa al menos una ligereza inexcusable y, por aplicación del art. 1109 del CC, hace responsable de los daños que la acusación provocó al actor.-
Ingresa luego a la consideración de la reparación de los daños ocasionados, a cuyo fin sostiene que no puede desvincularse de dicho análisis el contrato de trabajo que sirviera de marco a la relación entre las partes y que, si bien en principio la indemnización que debería percibir el dependiente como consecuencia del despido incausado cubriría la reparación de los daños que la decisión de la empleadora le provocara, lo cierto es que a través de los autos "H.H. contra Cooperativa de Agua Potables y Otros Servicios Públicos de A.L.. s/Sumarísimo Art. 52 de la Ley 23.551 -Expte. V-11284/09- se dispuso la reincorporación y el pago de los salarios caídos desde el despido y hasta la fecha del amparo legal -art. 48 de la Ley 23.551- con más intereses tasa mix, con lo cual se encuadra allí el reclamo por daño patrimonial incluyendo el daño emergente y lucro cesante.-
Es decir, perjuicios que devienen de la imposibilidad de reinsertarse en el ámbito laboral, debiendo recurrir a changas para sobrevivir, a la caridad de amigos y a la ayuda económica del Sindicato de LyF la Pampa, según ha quedado corroborado por los testimonios colectados (M., Selesan, A., L. y Torres) y, por lo tanto, existen pérdidas concretas producto de la conducta de la accionada, y que no puede ser reparada a través de la indemnización tarifada, toda vez que, a la postre, se dispuso la reincorporación a su puesto de trabajo, debiendo por ello abonarle los salarios caídos desde la fecha del amparo del art. 48 -Ley 23551- y hasta su efectiva reincorporación.-
Seguidamente señala que -respecto del daño moral y psicológico- el actor reclama dichos rubros de modo autónomo, y que corresponde su tratamiento global -siguiendo el criterio sentado por el STJ y esta Cámara de Apelaciones- subsumiendo el daño psicológico al daño moral en cuanto aquél sea una proyección de la lesión psíquica en la faz espiritual y, como daño material, en cuanto tenga incidencia patrimonial.-
En ese orden considera que de la pericial Piscológica realizada por el Lic. R. -fs. 323- se infiere que la denuncia y consecuente despido fundado en la misma causa, provocó daño moral en el actor; lo que además, es corroborado por los testimonios de M. -fs. 243/244-, S. -fs. 256/257-, A. -fs. 258/260-, L. -fs. 261/263- y Torres -fs.289/289vta.-, estimando el rubro en la suma de $ 30.000 -con más intereses tasa mix desde el hecho generador y hasta su pago- y en $ 18.000,00 los gastos por tratamiento psicológico en cuanto incidencia patrimonial -de acuerdo a lo estimado en la pericia de fs. 322/324- considerando el tiempo y costo del tratamiento -con intereses tasa mix desde la fecha de la pericia y hasta su pago-.-
III.- Las apelaciones.-
Esta decisión es apelada por la parte demandada (fs. 411) en los términos del memorial obrante a fs. 417/421 -replicado a fs. 424/428 por el actor-; y por el actor (fs. 415) en los términos expuestos a fs. 431/435 -que fuera respondido a fs. 438/439 por la accionada-. En ese orden se les dará tratamiento.-
III.- a) Recurso de la parte demandada.- De acuerdo al texto recursivo en examen, se agravia en los siguientes extremos fallados: 1) La responsabilidad atribuida a la demandada; 2) el daño patrimonial y los salarios caídos y, 3) El daño moral y psicológico.-
III.- a) 1. En lo medular esgrime, como fundamento del primer agravio, que la recepción favorable e imputación de responsabilidad de su parte resulta abstracta y basada en fórmulas genéricas carentes de afectación específica al caso, dado que -señala- para atribuir responsabilidad civil a los denunciantes por denuncias penales que terminan con sobreseimiento o absoluciones, resulta imprescindible acreditar la falsedad de la denuncia y el dolo, o intención eventual o real del denunciante, lo que no surge de la sentencia.-
Cuestiona además, que el Juez a-quo no hubiera evaluado las circunstancias del caso -no surge de ninguna parte de la sentencia-, dado que no se analizó la denuncia penal en sí, ni la existencia real de delito (conexión clandestina), ni que fue advertida por los empleados de la Cooperativa en tareas de rutina ni que el proceder de los representantes en este tipo de situaciones es la realización de la denuncia penal, y que, previo al despido, se instruyó sumario administrativo interno, dándole al trabajador el derecho de defensa (declaró en dicha sede).-
Expresa que el informe técnico agregado en la causa penal constató que uno de los pilares de la vivienda no cuenta con medidor y posee los cables de bajada puenteados para los que van al interior de la misma y que los testigos -B. y D.- concuerdan al declarar en sede penal que se había efectuado un empalme en forma ilegal, como así también que en la misma resolución que dispone la falta de mérito, mediante la cual el Juez penal resuelve que no ha quedado acreditado mediante prueba independiente alguna que el indagado hubiera sido el autor de la conexión clandestina, se estableció sí su existencia-
Refiere que, ante ello, no quedaba otra alternativa que hacer la denuncia; caso contrario, se hubiera incurrido en incumplimiento de responsabilidad para con los asociados, y más aún cuando quien presuntamente cometiera el ilícito resulta ser un empleado de la entidad; agregando que el actor a fs. 6 del sumario interno reconoció la conexión clandestina en su vivienda -conforme surge de la audiencia de fs. 14/15-, circunstancia que, según surge de la resolución del Consejo de Administración, llevan a concluir y determinar una falta de confianza respecto del actuar del empleado en el cumplimiento de sus funciones (fs. 41vta., del sumario 01/09), y que fue esa "falta de confianza" lo que motivó el despido, mas allá de la responsabilidad penal.-
Agrega que la reincorporación del empleado a su trabajo -determinada en Expte del STJ 1455/14- se debió a su calidad de representante gremial y sobre la base de la inmunidad que dicho...

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