Sentencia Nº 20470/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:15 de Junio de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 15 días del mes de junio de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "UNION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENS. CIV. L.P. y Otros C/ PODER EJECUTIVO DE LA PAMPA y Otro S/ Acción de A." (Expte. Nº 20470/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de la Ira. Circunscripción Judicial, estableciéndose por sorteo el siguiente orden de votación: 1º) Sra. Juez L.B. TORRES; 2º) Sr. Juez G.S.S..-

La Dra. TORRES, dijo:

I.- Los Sres. N.R.C., R.P.F. y O.E.H.(., V. y V. primero de la Unión de Jubilados y Pensionados Civiles de La Pampa), A.B., M.E. y O.P. (en representación de la Asociación Personal de Empleados Legislativos), C.O. (en representación del Sindicato de Trabajadores de Salud Pampeana) y la señora M.G. (jubilada docente) iniciaron proceso de amparo, al que se unió, luego (como tercero voluntario -art. 82CPCC-, fs. 528/529), C.D.R.(. General del Sindicato de Empleados Judiciales de La Pampa), con el objeto que se condene a los poderes Ejecutivo y Legislativo a dictar la normativa que prevea una compensación económica para los empleados públicos provinciales -incluidos jubilados- por el hecho de encontrarse la Provincia de La Pampa en la región patagónica.-

Fundamentaron su pretensión en la omisión de legislar -en cuanto deber legal y constitucional- en que incurrieron los citados poderes, indicando que la acción de amparo es procedente contra todo acto u omisión de autoridades públicas y que, en este caso, es una omisión la que vulnera derechos reconocidos en la Ley Nº 23.272 y en la Constitución Nacional, (art. 124); cuestión ésta que fue controvertida expresamente por las demandadas representadas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de La Pampa.-

Precisamente, en el acta de audiencia preliminar celebrada se estableció como cuestiones objeto de comprobación: "a) existencia de obligación constitucional y/o legal por parte de la demandada de legislar sobre el otorgamiento de la compensación económica o plus salarial que reclaman los actores; y, b) existencia de discriminación de los empleados públicos de la Provincia de La Pampa respecto de los empleados públicos de las provincias patagónicas", extremos éstos que fueron objeto de pormenorizado análisis y ponderación por parte de la Sra. Juez a quo -mediante sentencia de fs. 840/856-, quien, a la luz de la prueba producida, concluyó: "Los informes recabados permiten apreciar que no hay una matriz salarial para la zona patagónica que se derive de su conformación como región y que incluya, un adicional por esa circunstancia. Existen sí provincias o ciudades (como Cármen de Patagones) que suplementan los haberes del sector público bajo el concepto de "zona" o "zona desfavorable", pero no a partir de la firma del tratado fundacional de la región patagónica, al cual preceden sino con causa en distintos instrumentos legales (leyes, decretos, convenciones colectivas) ajenos a éste y propios de cada uno de los estados provinciales."-

Consideró, además, que "los Estados signatarios del tratado se ocupa- ron de dejar a salvo sus respectivas autonomías, al aclarar en el art. 2º del Estatuto de la Región Patagónica que "La Región de la Patagonia se constituye como un ámbito de unión de voluntades políticas para la concreción de intereses comunes en relación a la región, en su propio beneficio y en el de cada una de las provincias integrantes como así también ante el Gobierno Federal. La pertenencia de los Estados provinciales a la Región no afecta su autonomía ni la de sus municipios y el pleno ejercicio de sus competencias políticas consagradas en la Constitución Nacional y en sus respectivas Cartas Magnas."-

Concluyó, en definitiva, que "ni el tratado fundacional de la región, ni la cláusula constitucional que lo habilitó (art. 124 CN) pueden ser interpretados como un imperativo constitucional o convencional que obligue a los estados provinciales que la integran a dar tratamiento legislativo a un determinado suplemento salarial para todos los empleados públicos de la región"; y que tal imperativo tampoco se deriva de la Ley Nº 23.272 y su modificatoria Nº 25.995 ya que se trata de normativa nacional destinada a regir únicamente la actividad del Estado Nacional en la materia. Por consiguiente desestima la acción de amparo impetrada e impone las costas por su orden.-

II.- De los recursos. Apelaron la sentencia los Sres. A.B. (fs. 863), en representación de la Asociación Personal de Empleados Legisla- tivos, y C.R. (fs. 865) en su calidad de S. General del Sindicato de Empleados Judiciales de La Pampa, en los términos de los memoriales obrantes a fs. 872/874 y fs. 893/908, siendo ambos recursos replicados por Fiscalía de Estado de la Provincia de La Pampa -en representación de las demandadas- a fs. 881/887vta. y fs. 912/919vta., respectivamente.-

II. a).- Recurso de la Asociación Personal de Empleados Legisla- tivos. Su crítica se centra en que ha existido por parte de la magistrada una "Interpretación irrazonable del ordenamiento jurídico". "Concretamente, el agravio consiste en que por un vicio en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas referidas al caso, los trabajadores públicos nos vemos perjudicados en nuestros derechos sociales por omisión del Estado en su obligación constitucional de avanzar en la progresividad de tales derechos..." (fs. 872/vta.); señala que ha mediado "...una aplicación ciega y mecánica del art. 124 de la C.N y la Ley Nº 23.272, omitiendo la aplicación de los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, cuya aplicación resulta obligatoria por imperativo de los arts. 27 inc. 22 y 31 de la C.N"; insistiendo a lo largo de dos páginas sobre tal línea argumental (corrige más adelante la numeración del artículo de la C.N: 75 inc. 22).-

II. a.1) Su tratamiento.- El recurso, se adelanta, se encuentra desierto. Es que no basta con enunciar el yerro que -supuestamente- afecta a la sentencia, sino que es necesario, a fin de poder ingresar en su análisis y tratamiento, precisarlo de un modo razonado y concreto, tal como lo requiere el art. 246 del CPCC; esto es, examinando los fundamentos de la sentencia y concretando los errores que, a su juicio, contiene y de los cuales deriva su crítica; siempre, claro está, dentro de la trama de las relaciones fáctico jurídicas que constituyeron el objeto de juicio.-

Cabe recordar que la controversia de autos quedó plasmada en el acta de audiencia preliminar y bajo tales parámetros la Juez a quo desarrolló sus consideraciones y argumentaciones en derecho, valorando la numerosa prueba documental incorporada -vía informativa- y en virtud de la cual resolvió los puntos discutidos; por consiguiente, era carga procesal del recurrente criticar y demostrar eficazmente el presupuesto sobre el cual sustenta su recurso; es decir, que existió efectivamente una: "Interpretación irrazonable del orde- namiento jurídico". No lo hizo.-

La carencia crítica que se advierte deviene del hecho que el recurrente se ha abstraído de los presupuestos de procedencia de la acción incoada (proceso de amparo), del objeto perseguido (inconstitucionalidad por omisión del deber de legislar) y de los términos en que quedó trabada la litis (cfme. acta de audiencia preliminar), como así también que es bajo tales presupuestos -como no podía ser de otra manera- que la Juez a quo resolvió.-

Tampoco surge de su memorial que se hubiera configurado la consigna del agravio: "interpretación irrazonable del ordenamiento jurídico", siendo carga de su parte señalar cuáles eran las normas de derecho internacional que consi- dera aplicables y porqué, como así también la incidencia causal que una "interpretación integral" -tal su pretensión-, de haberse...

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