Sentencia Nº 20440/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 2 de Agosto de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 2 días del mes de agosto de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "SAN MARTIN, María de los Angeles c/CAPECI, Gabriel Osvaldo s/ Cobro de Haberes" (Expte. Nº 20440/17 r.C.A.), venidos del Juzgado Laboral Nº 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo
I.- Resolución apelada: La sentencia de fs. 322/338, hizo lugar parcial- mente a la demanda interpuesta por la Sra. María de los Angeles San Martín contra el Sr. Gabriel Osvaldo Capeci, impuso las costas al demandado vencido y reguló los honorarios a los profesionales intervinientes
Para así resolver, el magistrado de la instancia anterior -luego de exponer que las partes están de acuerdo en que entre ellas existió una relación que las vinculaba y que la demandada reconoció que celebró sucesivos contratos denominados locación de servicios, siendo el primero de ellos -en forma verbal- en julio/2013 y el restante -en forma escrita- en enero/2014-, sostuvo que "En el caso, los elementos de juicio obrantes en autos acreditan que la actora se desempeñó en forma personal para el demandado a partir de julio de 2013..."; asimismo acotó que por el lugar o lugares donde San Martín prestaba sus servicios (en el Hemocentro propiedad del demandado o en las instituciones médicas con las que tenía convenio de asistencia), su objeto y finalidad, el vínculo era de tipo laboral, habiéndose encubierto -a través de la celebración de un contrato de locación de servicios (fs. 87/88) y facturación de servicios- una relación de empleo bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado
En el sentido arriba expuesto, consideró que no es el nomen iuris utilizado -contrato de locación de servicios-, sino la realidad material el dato que debe tenerse presente, a los efectos de la configuración de una relación laboral, siendo el trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional, por lo que habiendo aceptado el demandado la realización de tareas por parte de la actora, ello es suficiente para que opere la presunción dispuesta por el art. 23 de la L.C.T., conforme declaración de los testigos de la causa respecto a los servicios prestados para el Hemocentro del demandado y los horarios y días en que se desempeñaba -en cuanto a que dependían de la necesidad de los centros de salud con los que contrataba el Sr. Capeci- y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio, invirtiéndose la carga de la prueba, lo que no ha sido probado
Es así que el juez a quo sostuvo que la Sra. San Martín se desempeñó en forma personal para el demandado a partir del 15 julio de 2013, bajo la categoría Técnico de Laboratorio -conforme arts. 3º, 4º, 5º Primera Categoría del CCT Nº 108/75, aplicable en todo el país a todo el personal técnico que trabaje en Institutos Médicos, Laboratorios de Análisis Clínicos o similares y en general a toda organización sin internación cuya finalidad sea la recuperación, conservación y/o preservación de la salud-, quedando demostrado con las declaraciones testimoniales aportadas a la causa que la actora realizaba tareas de extracción de sangre, preparación y agrupación de unidades de sangre y plaquetas, grupo y factor de donantes y pacientes -sin perjuicio de que no contaba con título habilitante-, teniendo a su cargo la "labor de laboratorio o análisis, dependía de un médico laboralista, de bioquímico o del Director del Instituto, quien le impartía órdenes y establecía las funciones a cumplir", habiéndose producido el distracto como consecuencia del incumplimiento del demandado de regularizar la situación laboral y de abonar las diferencias salariales desde la fecha de ingreso -conforme TCL de fs. 93-, por cuanto si bien la trabajadora no esperó el plazo fijado por la ley para que el empleador cumpla con la registración -mediante intimación cursada a fs. 92-, atento el tenor de la contestación de la CD de fs. 17 -en la que negara la relación laboral-, lógico pensar que ello no sucedería, encontrándose probados los motivos esgrimidos por la actora para la ruptura del contrato, los que configuran una injuria de tal gravedad como para resolver el vínculo
Consecuentemente, hizo lugar a la indemnización por despido (art. 245 L.C.T.); falta de preaviso (art. 231 L.C.T.), integración mes de despido (art. 233 L.C.T.) y SAC sobre ambos rubros; SAC proporcional 2º semestre de 2014 (art. 123 L.C.T), indemnización vacaciones proporcionales no gozadas 2014 (art. 156 L.C.T.) y SAC sobre ellas; haberes 14 días septiembre 2014 (art. 233, segundo párrafo L.C.T.); indemnizaciones dispuestas por los arts. 8º y 15º de la Ley N° 24.013; pena dispuesta por el art. 2º de la Ley N° 25.323; entrega del certifi- cado de trabajo, aportes y remuneraciones dispuesto por el art. 80 de la L.C.T. y art. 12 inc. g) de la Ley Nº 24.241, bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta por el art. 45 de la Ley N° 25.345, y diferencias salariales entre lo que correspondía percibir y lo que efectivamente percibió la actora por la jornada normal y habitual de 8 horas según convenio colectivo aplicable -no así el de horas extraordinarias, por entender que no han sido probadas en su cantidad, su valor, si eran al 50% o al 100%, ni en que lugar se efectuaron las mismas-, con más la Tasa Activa que aplica el Banco de La Pampa, para operaciones comerciales a 30 días, por los rubros concedidos, tomando en consideración una antigüedad por el período laborado (15/07/13 al 16/09/14), la categoría de Técnica de Laboratorio y la mejor remuneración devengada en el último año, incluyendo la incidencia del SAC en la base de cálculo de la indemnización
La mentada sentencia fue apelada por el demandado, incorporándose la expresión de agravios a fs. 349/374 -los que fueron respondidos por la Sra. San Martín a fs. 380/383- y por la actora, luciendo sus agravios a fs. 387/390 -los que fueron respondidos por la contraria a fs. 393/396-.
II.- Previo a resolver la apelación interpuesta por el demandado, corres- ponde decidir sobre el planteo introducido a fs. 349/351vta. Punto II.- en el que se requiere la producción de prueba en esta instancia, conforme lo establecido por los arts. 73, 65 inc. g), 84 de la NJF 986 y 242 incs. 2) y 4) del CPCC.
Se queja el recurrente afirmando que el sentenciante denegó errónea- mente -mediante resolución de fecha 13/06/17 (fs. 309)-, la incorporación de la carta documento OCA (oblea CCM 00218698) y acuse de recibo, ofrecida en el punto C.2 y D.3 del escrito de contestación de demanda de fs. 103/121vta., a través de la cual se dió por rescindido el contrato de locación de servicios con la actora, resultando su reclamo extemporáneo, la que si bien -al momento de diligenciarse el oficio de fs. 139 no pudo ser agregada, pues la empresa postal informó a fs. 240 que resultaba indispensable el número de oblea y la fecha de su imposición para su identificación-, con fecha 06/06/17 el Sr. Capeci encontró la misma, lo que plasmara en el escrito glosado a fs. 306/307, solicitando como "medida para mejor proveer" su incorporación y la pertinente prueba informativa a OCA para corroborar su autenticidad, lo que fuera rechazado por extempo- ráneo por el Sr. juez a quo a fs. 309. Asimismo, señala que al así fallar, el juzgador ha efectuado un uso arbitrario de sus facultades, notificándose de ello el 07/07/17.
Al respecto debe señalarse -tal como claramente lo prescribe el art. 73 de la NJF 986, citado por Capeci a fs. 350vta. segundo párrafo- que sólo es admisible el replanteo de prueba en la Alzada, cuando la medida de prueba denegada haya sido debidamente apelada con efecto diferido, conforme rezan taxativamente los arts. 41 segundo párrafo, 65 inc. g), 66, 68 inc.b) de dicha normativa, el que deberá fundarse dentro del plazo de cinco días otorgado para expresar agravios contra la sentencia definitiva (cfme. art. 70 segundo párrafo de la norma adjetiva).
Del análisis de la causa se observa que notificado el demandado mediante cédula del 07/07/17 obrante a fs. 320/321, de las resoluciones de fechas 13/06/17 -de fs. 309- que rechazó por extemporánea la documental acompañada el 06/06/17, de acuerdo a lo establecido por los arts. 315 del CPCC, 23 inc. f), 34 inc. c) de la NJF 986, ya que se encontraba firme y consentido el auto que decretó la clausura del período probatorio y vencido el plazo para alegar (fs. 300, 304 y 316); y del 04/07/17 -de fs. 319- (que ordenó notificar lo proveído a fs. 309, no obstante encontrarse firme la resolución de fs. 316); omitió interponer recurso de apelación contra la misma.
Por dicha razón, la resolución de fecha 13/06/17 obrante a fs. 309 se encuentra firme y consentida por el demandado.
Si bien el demandado notificado el 29/08/17 (fs. 344) de la sentencia dictada el 23/08/17 (fs. 322/338), interpuso apelación contra la misma el 01/09/17 (fs. 342), el que fuera concedido a fs. 343 en relación y con efecto suspensivo (art. 70 NJF 986), ello no conlleva de forma implícita o ínsita la apelación de resoluciones denegatorias de prueba -consentidas- que poseen una regulación específica, a tal efecto.
Es por ello, que la pretensión del demandado de incorporar la documen- tal aportada y producir la prueba ofrecida en la Alzada, deviene legalmente improcedente, por cuanto la resolución denegatoria no fue oportunamente impugnada, siendo irrevisable en esta instancia, ante la inexistencia de apelación, lo que constituye un requisito condicionante para su viabilidad.
III.- APELACION DEL DEMANDADO: Formula los siguientes agravios: a) Respecto al encuadre laboral de la relación que unió a las partes; b) Por la categorización de la actora como Técnico de Laboratorio (art. 5 Primera Cate- goría del CCT N° 108/75); c) Por el modo y...

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