Sentencia Nº 20352 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:18 de Febrero de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 18 días de febrero de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "S.C.A. c/ INSTITUTO POLYMEDIC S.R.L. s/Cobro de Haberes", Expte. Nº 20352 r.C.A., venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. Nº 2 de Ia. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo:

I.- La sentencia en recurso.- Viene en apelación la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2017 -fs. 354/364 vta.- por el Sr. J. de Primera Instancia en lo L. Nº DOS que hace lugar -parcialmente- a la demanda interpuesta -el 29.3.2016- por el Sr. C.A.S. contra Instituto Polymedic SRL condenándolo a abonar la suma de Pesos Seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuatro con nueve centavos ($654.604,09) con más intereses -a tasa activa- desde que resulta debida y hasta su efectivo pago, como así también -en los plazos previstos por el art. 128 de la LCT- la suma de Pesos nueve mil setecientos setenta y cinco con ochenta y siete centavos ($ 9.775,87) hasta que acredite -de modo fehaciente- haber efectivizado el ingreso de los fondos retenidos como aportes con destino a la Seguridad Social. Impone las costas del juicio a la demandada -conf. arts. 62, primer párrafo del CPCC- y regula los honorarios profesionales y periciales.-
II.- Los fundamentos. Para así decidir, el magistrado ha valorado -de acuerdo a los términos en que se trabó la litis- que no resulta controvertido que el actor fue empleado de la demandada, que ingresó a prestar servicios el día 21 de septiembre de 2001, cesando la relación laboral el día 19 de noviembre de 2014 en virtud de la incapacidad total, definitiva y permanente dictaminada por la Comisión Médica local - por las lesiones producidas en un accidente de trabajo ocurrido el día 20 de septiembre de 2013- ni que la ART contratada por la accionada brindó las prestaciones en especie y dinerarias correspondientes al infortunio (la incapacidad determinada - 86%-, el pago de suma única adicional de la LRT y, el adicional del art. 4 de la Ley 26.773).-
Lo que viene discutido -dice- es el reclamo del actor respecto del beneficio dispuesto por el art. 212 -inciso 4°- de la LCT, los haberes de 19 días de noviembre de 2014, el SAC proporcional al segundo semestre del 2014, vacaciones no gozadas del 2014 y la multa del art. 2 de la Ley 25323, ponderando que, ante la incapacidad absoluta - tal el caso del actor- , el contrato de trabajo no puede proseguir por imposibilidad de cumplimiento de su objeto (el trabajador no puede trabajar en ningún puesto) ya que su capacidad restante no le permite mantener el empleo ni procurar reinsertarse en el mercado de trabajo mediante la búsqueda de una nueva ocupación.-
Expresa que la norma -el art. 212 de la LCT- no distingue el origen de esa incapacidad absoluta -cita el texto de la misma-, es decir, si es por accidente o por enfermedad inculpable o enfermedad laboral; y, reafirmando tal interpretación, señala que dicho artículo establece -en el párrafo 5º- que ese beneficio no es incompatible y se acumula con los que puedan disponer los estatutos especiales o convenios colectivos de trabajo para tal supuesto; referenciando doctrina y jurisprudencia orientada en tal sentido.-
Concluye así que la procedencia de la indemnización dispuesta por el artículo 212 -inciso 4°- de la LCT resulta de haberse acreditado la incapacidad absoluta adquirida durante la vigencia de la relación laboral - hechos que en autos se encuentran acreditados-, y debe interpretarse aquel precepto como abarcativo de otros beneficios, tales los previstos en la Ley 24.557, puesto que de seguirse la postura de la accionada -que sólo procede ante accidente inculpable o no laboral- ello derivaría en una vulneración de igualdad de trato ante situaciones iguales, puesto que en el supuesto de haber adquirido esa incapacidad absoluta por un accidente no sería acreedor de tal beneficio lo que resulta injusto e inequitativo.-
Admite entonces, en base tales argumentos, el reclamo, ordenando abonar al actor una indemnización de monto igual a la establecida en el art. 245 de la LCT -que tarifa en $ 127.086,31- conforme lo determinado por el perito actuante (fs. 316/321), como así también algunos rubros (SAC proporcional, vacaciones no gozadas y SAC sobre éstas) dado que la obligación de pago se encuentra reconocida por la accionada (fs. 87) pero no surge que se hubiera efectuado, ascendiendo su monto a $ 14.284,60; y desestima otros (haberes de 19 días noviembre/2014) porque le corresponde su pago a la ART hasta la extinción del contrato.-
Asimismo, recepta la aplicación de la multa del art. 2° de la Ley 25.323, porque -dice- el beneficio del art. 212 de la LCT es equiparable a la indemnización por despido del art. 245 de la LCT, dado que aún cuando la naturaleza jurídica sea distinta, ambas se otorgan a fin de resarcir la imposibilidad de continuar con la relación laboral, y siendo que la Ley 25.323 tiende a evitar la renuencia del empleador al pago de las indemnizaciones y el hecho de obligar al trabajador a iniciar acciones judiciales, estima aplicable – a este caso- aquella sanción, incrementando en un 50% la indemnización otorgada (del art. 245 de la LCT) estableciéndola en la suma de $ 63.543,16; porque -señala- no encuentra motivos que justifiquen su reducción.-
En cuanto a la indemnización del art. 132 bis de la LCT, expresa -previa transcripción de la norma- que del informe de la AFIP (fs. 279/284 y reiterado a fs. 287/292) surgen impagos aportes y contribuciones de los períodos (los que indica) que han sido incluidos en un plan de pagos; y de acuerdo a lo informado por OSPACA (fs. 252) se han ingresado a esa obra social los aportes retenidos al actor "hasta octubre de 2013", y a partir de esa fecha se encuentran impagos, no encontrándose incluidos en el plan de facilidades señalado por el perito Contador (a fs. 319 del 29.04.2008) los períodos de noviembre de 2013 a noviembre de 2014.-
Concluye que el plan de pagos -del 14.09.2016- fue realizado cuando el contrato de trabajo ya se encontraba extinguido (el 19.11.2014) de allí que al momento de la disolución no estaban ingresados total o parcialmente los aportes retenidos al trabajador, y no habiendo la accionada controvertido tales constancias probatorias, resulta evidente que corresponde acoger la indemnización prevista en la norma, debiendo abonar la demandada al actor una sanción conminatoria mensual (de $ 9.775,87, equivalente a la remuneración percibida al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo) que se devengará mensualmente hasta que la empresa acredite haberlo efectivizado; y que, habiendo transcurrido 46 meses desde la finalización del vínculo, establece que -hasta la fecha de la sentencia- el monto provisorio de la indemnización asciende a la suma de $ 449.690,02 ($ 9.977,87 x 46), ello sin perjuicio del devengamiento -mensual- de la sanción impuesta.-
Finalmente, establece que las sumas acordadas llevarán intereses a Tasa Activa que aplica el Banco de La Pampa para operaciones comerciales a 30 días, desde que cada suma es debida y hasta su pago, citando como fundamento de lo decidido lo ya expresado en los casos sentenciados (que cita), y teniendo en cuenta el carácter alimentario del crédito laboral, por resultar la más adecuada -dice- al contexto económico financiero del país y siendo más beneficiosa para el trabajador, dado su carácter de sujeto especialmente tutelado.-
II.- La apelación.- La sentencia viene recurrida -únicamente- por la parte accionada en los términos del memorial obrante a fs. 370/378vta., que ha merecido contrapunto de la parte accionante (fs. 380/383) ; quien, por su parte, ha consentido -al no deducir apelación- aquellas parcelas del reclamo que le fueron rechazadas y, como tal, arriban firmes a este estadio.-
II.-a) Los agravios.- Desde el inicio corresponde puntualizar que la revisión jurisdiccional que les compete encuentra su marco decisor en los límites estatuidos por los artículos 257 y 258 del CPCC.; y en tal andarivel se extrae del escrito postulatorio que la demandada deduce sus reproches contra los siguientes extremos: 1) La recepción de la indemnización del art. 212 de la LCT; 2) La Indemnización del art. 132 bis de la LCT; 3) La sanción del art. 2 de la ley 25.323 y 4) La tasa de interés aplicada.-
II.-a. 1) La indemnización del art. 212 de la LCT.- Expresa la recurrente como afirmación inaugural de su agravio que se ha hecho lugar a la demanda cuando no se presenta el hecho objetivo que motiva la indemnización del art. 212 de la LCT y que el pronunciamiento resulta contradictorio puesto que el Sr. J. a-quo reconoce el infortunio laboral de S. como un accidente de trabajo amparado por legislación específica, para luego aplicarle la ley de contrato de trabajo, referida a enfermedades y accidentes inculpables.-
A renglón seguido extracta párrafos doctrinarios (sin referenciar autoría) que darían apoyatura a su criterio, señalando que resulta inexorable la aplicación de la Ley 24.557 y la Ley 26.773, normas que imponen al empleador la obligación de asegurarse en una ART, excluyéndolo como sujeto pasivo directo frente al acaecimiento de un accidente o enfermedad laboral; evidenciándose del texto normativo su carácter integral, dado que abarca desde la prevención hasta la reparación de los infortunios laborales; pero -dice- el juez a-quo continúa con su errónea postura de sostener que la LCT regula ambas situaciones posibles, cuando de la literalidad de la norma surge que el referido artículo -212 de la LCT- se incluye en el Título X -De la suspensión de los efectos del contrato de trabajo- que en el Capítulo I refiere "De los accidentes y enfermedades inculpables"; y si bien el inciso 4° de aquel precepto no menciona el carácter de "inculpable", el capítulo entero se encuentra...

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