Sentencia Nº 20309 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los once días del mes de marzo de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "C.R.S. C/ CORREDERA A. S/ Despido Indirecto", E.. Nº 117992/16 (E.. Nº 20309/17 r.C.A.) venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. Nº 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo:

I.- La sentencia en recurso.- De acuerdo al pronunciamiento dictado con fecha 04 de septiembre de 2017 -obrante a fs. 610/622- el Sr. juez de Primera Instancia en lo L. Nº DOS hizo lugar a la demanda -por despido indirecto- interpuesta por R.S.C. ordenándole pagar la suma de Pesos trescientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y nueve con setenta y seis centavos ($ 323.659,76), en concepto de indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva de preaviso y SAC correspondiente, integración mes de despido -arts. 245, 232, 233, 246 y cc de la LCT-, días trabajados del mes de despido -mayo de 2016-, vacaciones proporcionales no gozadas, diferencias salariales, sanción del art. 2º Ley 25.323; e incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 9 y 15 de la Ley 24.013, con más intereses tasa activa que aplica el Banco de La Pampa para operaciones comerciales a 30 días -desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago- y a hacer entrega de la certificación del art. 80 de la LCT. Impone las costas a la parte accionada y regula honorarios profesionales de los letrados intervinientes y perito contador actuante.-
II.- Los fundamentos de la sentencia.- Para así decidir, el Sr. juez a-quo consideró que las partes acuerdan respecto de la existencia de relación laboral y que la actora prestaba tareas en el local comercial propiedad del accionado -denominado "Confitería La Recova"-, pero no coinciden en la fecha de ingreso, la categoría laboral que le correspondía y en la existencia de diferencias salariales a favor de la demandante, como así también, discuten respecto del cumplimiento o no, por parte del demandado del deber de ocupación y, como consecuencia de ello, controvierten la existencia de justa causa para que la actora se considerara despedida.-
Respecto de la fecha de inicio, le asigna razón a la versión actoral, dando por cierta la fecha denunciada -24 de agosto de 2010-, desestimando la consignada por el accionado -1 de enero de 2012- en la documental laboral acompañada, considerando relevante a tales efectos la declaración de la testigo A.G. (fs. 241/242), quien expresó que cuando ella llegó a trabajar en "La Recova", en el año 2011, la actora ya estaba ahí, cree desde hacía un año -según respondió en la pregunta nº 2-, siendo ello coincidente con lo actuado en el Sumario Administrativo nº 117/2015 -de la Delegación de Relaciones L.es de esta ciudad- en cuya hoja de relevamiento de personal (fs. 457) consta que la fecha de ingreso expresada por la actora es el 24.8.2010.-
Señala que ese relevamiento se encuentra suscripto por el accionado, que no lo ha cuestionado, sino que, por el contrario, fue sancionado conforme Disposición 0697/2016 del 5.8.2016 -por hacer constar en los recibos de haberes que se abonaba media jornada cuando surgía de esa planilla jornada completa- y a la fecha resulta firme; no siendo aceptable -dice- que en esta instancia alegue lo contrario, dado que ello significa ir contra sus propios actos anteriores, jurídicamente relevantes, y no enerva dicha conclusión la comunicación de fs. 5 -mediante la cual la actora rectifica la fecha de ingreso invocada- porque importa una suerte de renuncia a los derechos laborales por parte de la trabajadora -conf. Art. 12 de la LCT-, deviniendo nula.-
En relación a la categoría laboral -y aplicando lo expresado respecto del valor probatorio de las actuaciones administrativas y su falta de cuestionamiento- recepta la reclamada -ayudante principal de cocina- desestimando la registrada por el empleador -peón general/lavacopas-, puesto que, además, resulta coincidente con lo respondido (a la pregunta 4ª de tales declaraciones) por los testigos G. -fs. 240/242-, P. -fs. 243-, A. -fs. 246/247- y F. -fs. 248/249-. Agrega que, siendo que el "ayudante de cocina" es aquel empleado que colabora con el jefe de partida en la preparación de comidas, no así en su cocción -art. 9 del CCT 489/04- categoría superior a la de lavacopas y peón general, corresponde su aplicación por ser más beneficiosa para la actora; concluyendo, conforme a ello, que la relación laboral se encontraba deficientemente registrada.-
En lo atinente al deber de ocupación, señala que el local "Confitería La Recova" fue clausurado el 14.4.2016 (fs. 225) y así se mantiene en la actualidad, que el 26.4.2016 la actora denunció el incumplimiento del demandado de su deber de ocupación y lo intimó a aclarar la situación laboral (fs. 6) y luego de 12 días denunció que no se le asignaba tareas, y ante ese requerimiento, el empleador respondió que era su voluntad continuar con la relación, que no existía negativa a asignar tareas, sino que ante la clausura del local se encontraba efectuando trámites administrativos (según comunicación de fs. 93 del 28.4.2016), a efectos de lograr el levantamiento de la clausura, pero sin embargo -dice- no habiendo variado la situación desde aquella época, es evidente que la prestación laboral no podría efectivizarse, de allí que estando la fuerza de trabajo a disposición del empresario, éste incumplió con el deber de ocupación efectiva.-
Concluye que si bien el accionado manifestó su voluntad de continuar con el vínculo laboral, no ha demostrado haber tenido intención de abonarle a la actora los haberes del mes de mayo de 2016 en adelante, y a pesar de no asignar tareas específicas, debió al menos acreditar que tenía a disposición sus haberes mensuales, lo que resulta entonces una mera declamación o declaración de principios, o una estrategia para evitar el reclamo.-
Pondera a tales efectos que la medida adoptada por el municipio -la clausura- no importa un caso de fuerza mayor previsto en la LCT -tal lo invocado por el demandado- y que ello provocara una crisis económica y financiera no imputable a la empresa, puesto que aquella es un hecho que no se puede evitar ni prever, pero según surge de las constancias de fs. 220/226 y 306/439, la clausura del 14.4.2016 fue la culminación de un proceso iniciado dos años antes -por falta de habilitación desde el 15.12.2014-, habiendo logrado posteriormente una medida cautelar -que quedó sin efecto el 22.12.2015- sin haber solucionado los inconvenientes para evitarla, por lo cual debió haber previsto que esa clausura ocurriría.-
A renglón seguido -y en cuanto a los motivos del distracto- señala que en razón del principio de invariabilidad de la causal de despido -art. 243 de la LCT- las consignadas en las comunicaciones de fs. 6 y 8, se han probado, dado que el accionado incumplió con el deber de ocupación -art.78 de la LCT- y la actora se encontraba deficientemente registrada, de allí también la existencia de diferencias salariales, no obstando a esa conclusión el hecho que la actora hubiera ingresado a trabajar en otro comercio del rubro -el 21.4.2016- por media jornada (según informe de fs. 443/445), de tarde, de 19 a 23 hs. (según declaraciones testimoniales de fs. 239/240, 241/242 y 246/247), dado que la clausura de la Confitería "La Recova" se produjo el 14.4.2016 y a partir de esa fecha el demandado no le asignó tareas a los empleados (según respuesta a la repregunta 6 del testigo G. de fs. 261/262), y ante ese panorama, es lógico que busque otro empleo para lograr su subsistencia por la incertidumbre que la situación planteaba; considerando entonces que existe injuria suficiente de tal gravedad que justifica resolver el vínculo laboral.-
Recepta entonces los rubros indemnizatorios del despido incausado (días trabajados del mes del despido, integración mes de despido, indemnización por antigüedad, SAC; vacaciones proporcionales no gozadas año 2016; SAC s/ Vacaciones) desestimando que se concrete alguno de los supuestos contenidos en el art. 247 de la LCT para reducir la indemnización -no existiendo fuerza mayor y el procedimiento preventivo de crisis no fue acogido en sede administrativa-; como así también recepta las diferencias salariales reclamadas -mediante misivas de fs. 6 y 8- que surgen de la categoría deficientemente registrada.-
Por su parte, hace lugar a las indemnizaciones previstas en el art. 9 de la Ley 24.013 -por haberse acreditado que el demandado consignó en la documentación laboral una fecha de ingreso distinto a la real- y en el art. 15 de igual norma, por cuando la actora intimó a su empleador a que registre debidamente la relación laboral y el demandado no procedió de tal manera; razón por la cual no habiendo abonado el empleador -debidamente intimado a ello- las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, obligó a la actora a instar acciones legales, y ello determina la procedencia -también- de la sanción prevista en el art. 2 de la Ley 25323, no encontrando motivos que justifiquen -dice el J. a-quo- la reducción del incremento indemnizatorio.-
Ordena además hacer entrega del Certificado previsto en el art. 80 de la LCT, de acuerdo a lo solicitado por la actora, conforme las circunstancias de la relación laboral habida entre las partes, bajo apercibimiento de aplicar la sanción conminatoria dispuesta en el art. 45 de la Ley 25.345.-
Finalmente, señala que las sumas por la que prospera la demanda -$ 323.659,76- devengarán intereses conforme Tasa Activa que aplica el Banco de La Pampa para operaciones comerciales a 30 días, conforme lo expresado en los precedentes que cita -fs. 620- del Juzgado a su cargo y de la Cámara de Apelaciones de la IIª Circunscripción Judicial (causa 5184/13 r.C.A.), teniendo en consideración el carácter alimentario del crédito...

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