Sentencia Nº 20115 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:20 de Febrero de 2019
 
EXTRACTO GRATUITO



En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 20 días del mes de febrero de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "PONCE S.M.C./ EULEN ARGENTINA S.A. y Otro S/ L." (Expte. Nº 20115/17 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y Minería Nº 5 de la Ira. Circunscripción Judicial y realizado el correspondiente sorteo, se estableció el siguiente orden de votación: 1º) Dra. L.B. TORRES; 2º) Dra. M.E.A. y 3º) Dra. A.G. LUNA.-

La Dra. TORRES, dijo:
I.- De la sentencia recurrida (fs. 489/503). En el marco del presente juicio la Sra. juez a quo, luego de determinar -a través de un minucioso análisis de la controversia- "...que el actor tuvo derecho a considerarse despedido por culpa de su empleadora con motivo de las dos sanciones disciplinarias injustificadas y desproporcionadas que se le aplicaron..." (fs. 498), hace lugar a la demanda por despido incausado e indirecto, condenando a EULEN ARGENTINA S.A. a pagar la suma que resulte de la liquidación por los rubros declarados procedentes (viáticos -3 días por semana a razón de $60 diarios-; días de suspensión; indemnización arts. 245, 232 y 233 LCT -por antigüedad: -25/07/05 a/17/08/12-, preaviso y SAC s/ él, integración mes de despido-, vacaciones no gozadas y SAC, SAC prop. año 2012, art. 2 Ley 25.323 y 80 LCT), con más intereses a tasa mix; como así también intima a la demandada para que, dentro del plazo de diez días -de quedar firme la presente- haga entrega del certificado de trabajo en debida forma, bajo apercibimiento de ley (arts. 12 L. 24.241 y 80 LCT), imponiendo las costas a la vencida y regula honorarios profesionales.-
II.- De las apelaciones.- Contra dicha decisión se levanta la actora (fs. 507) y la accionada (fs. 509) en los términos de los memoriales obrantes a fs. 515/522 vta. (contestado a fs. 525/526 vta.) y 531/535 (replicado a fs.537/545), respectivamente.-
Pese al orden de los respectivos recursos, atento que la demandada insiste en señalar que el actor no gozaba de causa suficiente para ponerse en situación de despido indirecto y, por ende, de ser acreedora a los rubros indemnizatorios a que se la condena, se alterará su tratamiento, pues los agravios de la demandante discurren sobre la desestimación de algunos de ellos.-
III.- a) Recurso de la demandada.- Se agravia, en primer lugar, porque la Juez a quo avaló -dice- el distracto dispuesto por el actor a raíz de las sanciones impuestas -suspensión de 3 días, primero, y 10 días, después-; que ha efectuado un análisis arbitrario de los hechos de la causa, desprovisto del sustento fáctico y de derecho indispensables; que no aborda ni se apoya en pruebas del expediente para indagar sobre lo acontecido y la motivación que encontró el empleador para adoptar las medidas disciplinarias aplicadas. En definitiva, cuestiona el estricto criterio judicial en la evaluación de los hechos, considerando que "resulta arbitrario y parcial el juicio que realiza; debiendo revisarse y modificarse por contrario imperio, atento resultar las sanciones conforme a derecho y acorde a los hechos ocurridos cuyo único responsable es el actor" (fs. 531 vta.); reeditando así su postura defensiva de que, si el Sr. P. no discutió en tiempo y forma el procedimiento en los términos del art. 67 de la LCT, lo consintió; insistiendo en señalar que si no se superaron los 30 días de suspensión, el distracto dispuesto por el trabajador es excesivo y desproporcionado; citando jurisprudencia que así lo entiende en apoyo de su versión.-
En segundo lugar, se agravia, por el reconocimiento del rubro "viático" que se realiza en la sentencia, en tanto considera que no era habitual que el actor viajara ni todos los días, "pero si eventualmente lo hacía, regresaba a su domicilio a mas tardar a las dos de la tarde, no generando ello gasto alguna fuera de la ciudad, ni el abono de viáticos, siendo éstos improcedentes, no teniendo basamento alguno ...", por lo que solicita su rechazo.-
Cuestiona, en tercer lugar, los rubros y montos indemnizatorios otorgados, como la indemnización por antigüedad por las razones antes expuestas y, respecto del "...art. 2 Ley 25.323, no corresponde ya que aun se debate el modo de desvinculación y si resulta legítimo". Añade, con cita de jurisprudencia, que "La empresa nunca incurrió en mora, "la legitimidad o ilegitimidad sólo será declarada eventualmente en un proceso judicial, no existiendo hasta ese momento un crédito actual en cabeza del trabajador ...", y que "la multa aplicada se ha creado en contra de empleadores que despiden sin causa y, no obstante ello, se niegan a abonar las indemnizaciones pertinentes"; que ello no ha sucedido en el caso, ya que es el actor quien, por propia voluntad, se ha colocado en dicha situación.-
Finalmente, objeta la procedencia de la indemnización prevista en el art. 80 LCT por no darse los presupuestos para su aplicación.-
III.- a.1) Su tratamiento.- El planteo recursivo, a excepción de la indemnización del art. 80 LCT -se adelanta-, deviene desierto en los términos del art. 246 del CPCC, por ausencia de crítica razonada y concreta a los fundamentos de la sentencia a tenor de la prueba valorada, en tanto sólo se brinda un distinto punto de vista, mas se ignoran los sólidos y contundentes argumentos que sostienen y abonan el fallo.-
En efecto, es criterio de esta Cámara -en sus distintas integraciones- que no es disintiendo con la fundamentación judicial como se construye el agravio, sino que es a partir de la sentencia que se marcan los errores de hecho y/o de derecho, señalando clara y concretamente que la conclusión arribada no es ajustada a las circunstancias comprobadas de la causa; tarea que no ha sido desarrollada de modo idóneo por la apelante.-
Así, atento que la disidencia primordial de la demandada apelante reside en que la M. ha considerado que el actor tuvo motivos para sentirse injuriado, cabe recrear el análisis efectuado por la misma en tanto, precisamente, la sentenciante partió para el análisis de la controversia en "determinar si la causal de despido invocada por el actor fue procedente o no" (fs. 492).-
Para despejar ese interrogante consideró, en primer lugar, que no hay disidencia entre las partes que la demandada le impuso al actor dos sanciones disciplinarias de suspensión de tres y diez días respectivamente; que ellas fueron cuestionadas por el actor y que, ante el mantenimiento de la sanción -falta de retractación de la empleadora- el empleado se vió compelido a darse por despedido.-
Para arribar a tal conclusión, que agravia a la demandada -más no rebate sus fundamentos-, la M. evaluó las directivas que dimanan de la LCT -derecho y deberes de las partes-, el principio de buena fe (art. 63), los límites al derecho disciplinario patronal -justa causa y proporcionalidad- previstos en los arts. 65, 67, 68 y 69, como así también que el trabajador goza del derecho de impugnar las medidas disciplinarias impuestas dentro de los treinta días de notificadas, no sólo en cuanto su procedencia, sino también su tipo o extensión, ya sea para que se las suprima, sustituya por otra o limite según los casos.-
Consideró así que el actor ejerció el derecho que le asistía en legal tiempo y forma ya que, "...con respecto a la primera sanción de suspensión -remitida al actor el 22/06/2012, ver fs. 9-, la misma fue impugnada siete días después, el 29/06/12 (ver fs. 4) y, con relación a la segunda suspensión, la misma le fue comunicada al actor mediante carta documento remitida el 17/07/12 (ver fs. 10) e impugnada por el actor diez días después, el 27/07/12 (ver fs. 5). Es decir que el plazo de impugnación de treinta días corridos fue correctamente cumplido por el accionante".-
Ello, en tanto entendió -coincidiendo con una tesis amplia de la doctrina que cita en apoyo de su postura-, que "...no debe exigírsele al trabajador que recurra a un juez para que éste revea la medida disciplinaria que se le ha aplicado sino que basta hacerlo ante el propio empleador, siempre dentro del plazo de treinta días que se erige en un plazo de caducidad ya que, si la sanción no es cuestionada en dicho lapso, se considera consentida por el empleado" (fs. 493 vta.). Señaló, asimismo, que tampoco cabe exigirle al trabajador la utilización de una fórmula sacramental o determinada como condición de validez para ejercer su derecho de impugnación, toda vez que lo único que requiere la norma es que la sanción disciplinaria sea cuestionada en término.-
En consecuencia consideró la M. que, la impugnación del actor a las suspensiones aplicadas y que efectuara directamente ante su empleadora en tiempo oportuno -a través de telegramas-, fue idónea -perfectamente válida- sin que resultara menester su impugnación judicial.-
Despejado entonces el primer interrogante se pregunta -cuestión nodal- "...si, conforme lo afirma la accionada, el hecho de haber impuesto suspensiones disciplinarias le dio derecho al actor a considerarse en situación de despido indirecto, o no" (fs. 494), para lo cual, luego de señalar la opinión de la doctrina al respecto, y establecer que "la suspensión por causas disciplinarias es la más grave de las sanciones que se le pueden aplicar a un trabajador", lo que ha determinado que en razón de esa gravedad, el legislador hubiera previsto límites, y que la doctrina y jurisprudencia elaboraran una serie de principios orientadores que permiten juzgar la equidad de la sanción, tales como el de proporcionalidad, contemporaneidad y "non bis in idem", pasa a examinar la prueba producida en autos.-
En ese sentido evalúa que, de la C.D de fecha 22 de junio de 2012 (fs. 9) surge que,"la accionada le comunicó al actor que, a raíz de haberse retirado sin el permiso de su superior el día 11 de junio, se lo suspendía por tres días a partir del 15 de junio de ese mismo año"; es decir, que se lo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA