Sentencia Nº 20070/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2017
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los días del mes de diciembre de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver los autos caratulados:"T.H.F. y otro S/ Insania" (Expte. Nº 20070/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 3 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo

I.- La resolución en recurso.- Viene apelada la resolución interlocutoria de fecha 23 de febrero de 2017 [fs. 311/313 vta.] mediante la cual el juez de primera instancia declara su incompetencia para continuar interviniendo en el proceso de revisión de la sentencia de declaración de incapacidad de F.T.H. y, por consiguiente, ordena remitir legajo de copias al Juzgado competente en turno y materia de la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, por resultar el lugar donde aquél reside conforme lo previsto por el artículo 36 del CCyC
II.- Los fundamentos.- Sustenta la declinación de su competencia en virtud que, oportunamente y de oficio se dispuso la revisión de la sentencia de fecha 19.6.2001 que otrora declaró la insania respecto de los Sres. M.H. y F.. T.H. (obrante a fs. 140/142]. En ese pronunciamiento, además, se ordenó mantener la internación [previamente dispuesta el 15.11.2000] respecto de F.T.H. en la "Orden Hospitalaria de S.J. de Dios Casa Nuestra Señora del P. sito en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires, designándose curadora definitiva de los nombrados a la madre de ambos, Sra. A.H.


Expresa que, ordenada que fuera la revisión de aquella sentencia (19.6.2001) se dispuso la citación de los Sres. T.H. y la elaboración de los informes interdisciplinarios a cargo del Consultorio Médico Forense y el Equipo técnico del Juzgado de Familia y del Menor, ambos pertenecientes al Poder Judicial de esta provincia; y que de los antecedentes y diligencias llevadas a cabo a fin de determinar el estado de salud psíquico y la situación contextual de los presuntos incapaces, surge que sólo se efectuaron respecto de M.H., no así respecto de F., puesto que se encuentra internado en el establecimiento antes referenciado, constando sólo un informe psiquiátrico del estado mental suscripto por los profesionales médicos de esa institución (obrante a fs. 261)

Remitidas las actuaciones al F. General para que se expida respecto de si el tribunal actuante resulta competente para seguir entendiendo en las presentes actuaciones -revisión de la sentencia de restricción de la capacidad en relación a F.T.H. - aquél se expide por la incompetencia, de acuerdo a lo dictaminado a fs. 280/283, y según lo cual concluye que debe entender el juez del domicilio real del interesado, por aplicación de los arts. 36 segundo párrafo del CCyC y 5° inciso 8° del CPCC, en tanto ello posibilita el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional y coadyuva en mayor medida a proteger los derechos del presunto insano, de acuerdo a lo estatuido por los arts. 9 y 13 de la CDPD, la Ley N° 26.657 de Salud Mental y el CCyC, señalando que en supuestos como el de autos, resulta necesario extremar la salvaguarda del principio de inmediatez en resguardo de los derechos fundamentales de la persona en procura de su eficaz protección

III.- Las apelaciones.- El decisorio es recurrido por la Sra. A.H., por su propio derecho, en los términos del memorial obrante a fs. 319/323; y también por la Sra. Defensora en lo C.N.D.-.C.D.- en su carácter de representante técnico de los Sres. F. y M.T., quien ha expresado sus agravios a fs. 330/333 vta

IV. Los agravios.- De la lectura de sendas apelaciones, se colige que ambas recurrentes se agravian por la declaración de incompetencia que ha dispuesto el magistrado de grado para continuar entendiendo en el proceso de revisión de la sentencia de declaración de incapacidad de F.T.H. ; no obstante, si bien se orientan al mismo objetivo [ que se revoque esa decisión y se mantenga la competencia del juzgado de esta circunscripción judicial provincial], en la consecución de ese fin se basan en distintos argumentos, que seguidamente se extractan.

IV.-a) La Sra. A.H. (madre de F. y curadora designada oportunamente en la sentencia que se encuentra en proceso de revisión) expresa que si bien la interpretación efectuada por el juez a-quo es correcta desde el punto de vista teórico-legal, en cuanto a que la solicitud de declaración de incapacidad o restricción de la capacidad debe ser efectuada ante el juez correspondiente al domicilio de la persona tutelada o del lugar de internación de acuerdo a lo estatuido por el art. 36 del CCyC; esa solución no es acertada desde lo humanitario y, especialmente, en punto a la salud del interesado.

En tal sentido señala que F. se encuentra "viviendo" en Luján, provincia de Buenos Aires, desde hace "más de 10 años" por cuanto su situación médico-clínica no ha variado, que padece de un retraso mental profundo y trastorno autista en el que persisten las "condiciones psicofísicas de limitación de sus facultades mentales" (cita el informe de fs. 245/246) y que en base a ello es que "se solicitó se tuviera en cuenta el mejor interés y protección de la persona incapaz y se priorizara el interés del insano como también el interés familiar" [fs. 320].

Dice, en apoyatura de su posición, que el principio de "Economía Pro- cesal" se impone sobre el de "inmediatez", puesto que no sólo se debe tener en cuenta la condición médico-clínica del F., sino su edad (74 años) que imponen la necesidad de abreviar y simplificar el proceso; de allí que la remisión de estas actuaciones a la jurisdicción donde reside F. "tornaría inoperante la tutela de los derechos e intereses aquí comprometidos" , a lo que debe sumarse la "economía de gastos" evitando costos innecesarios, debiendo reducirse al mínimo el costo de la función judicial, dado que de radicarse el proceso en la provincia de Buenos Aires, la Sra. H. debería contratar un abogado en aquella jurisdicción, con los costos que ello irroga [fs. 320].

Seguidamente, y desde otra óptica, señala que el principio de inmedia- ción no se encontraría desvirtuado en tanto si bien es cierto que el magistrado actuante en autos no tuvo contacto personal con F., su situación no ha variado ni va a modificarse en el futuro; surgiendo ello de los "informes de autos" dado que es una persona con autismo que carece de lenguaje oral y gestual, de allí que "tomar contacto con F., no modificaría en absoluto la decisión a tomar" porque lo descripto en los informes médicos es suficiente para comprender que aquél no habla ni entiende lo que le transmiten "siendo prácticamente lo mismo para él, tomar contacto o no" [fs. 320 vta.].

Finalmente esgrime que, cuando se dictó sentencia de incapacidad (19- .6.2001) F. ya estaba internado en Luján, siendo idéntica la situación en aquella oportunidad que en ésta, habiendo variado sólo recientemente su cambio de domicilio, "a efectos de agilizar los trámites con la Obra Social (PROFE)"; debiendo tenerse en cuenta el interés familiar junto al de economía procesal "por encima de la "incompetencia" planteada por el Sr. F." y ese interés superior de F. se encuentra, en este caso, en la revisión de la sentencia de "insania" por el Tribunal ante el cual tramitó oportunamente, dado que la radicación en otro fuero implicaría un gravamen de difícil reparación ulterior "para la familia de la persona incapaz"; así también resalta que cuando se corrió vista a los organismos judiciales (Defensoría civil n° 2, en su calidad de patrocinante y la Defensoría Civil nº 3 en su calidad de Ministerio Público) nada han dicho al respecto, interrogándose ¿Cómo es posible que encontrándose en "juego" un tema tan sensible, nada dijeran? [fs. 320 vta. y fs. 321].

- IV.-b) La Sra. Defensora en lo Civil N° DOS (en su carácter de repre- sentante técnico de los Sres. T.) a su turno, titula tres agravios, señalando en el primero de ellos "...la interpretación errónea que ha tenido el a-quo respecto de lo que ha considerado como domicilio real del Sr. F.T.H. dado que debe asignársele ese carácter al indicado en el escrito de demanda (fs. 28/28 vta.) y el que surge de la documental obrante a fs. 8 (copia certificada del documento de identidad) y no el lugar donde se cumple la internación ordenada judicialmente, esto es, en la Orden Hospitalaria de S.J. de Dios "Casa Nuestra Señora del P." sito en Luján, provincia de Buenos Aires.

Que el artículo 36 del CCyC contiene -en lo atinente a la atribución de competencia, una opción (el del juez correspondiente a su domicilio o del lugar de internación) y que en este caso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que rodean a F., el juez a-quo puede elegir declararse competente.

Luego, señala que sin perjuicio de ello "a estas alturas resulta proce- dente plantearse si es necesario y procedente llevar a cabo la revisión de la sentencia, toda vez que nos encontramos ante un estado de salud incurable e irreversible conforme surge de los informes agregados a s. 62/66 y 261/262 de autos" y que el estado de salud de F., implica "para su familia (madre-recurrente) una pesadísima carga en lo que hace a la asistencia y acompañamiento del enfermo, motivos que fueron tenidos en cuenta a la hora de ordenar la internación de F." a lo que se suma -según refiere a fs. 332- " la de participar y colaborar en la actividad judicial que, a todas luces y para el caso de marras, resulta innecesaria, inútil, molesta e invasiva, no haciendo otra cosa que comprobar que "el enfermo sigue enfermo" y que la "revisión en sí, implica una intromisión en la vida familiar, desde el momento en que se requiere de la actuación de un juez, defensor técnico, designación de un abogado que inicie las actuaciones en el lugar de internación -conforme resolución recaída en autos-, intervención del Ministerio Pupilar, equipos técnicos, profesionales del...

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