Sentencia Nº 20045/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:24 de Julio de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 24 días del mes de julio de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "B., M.A.c., R. y Otro S/ Ordinario" (Expte. Nº 20045/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 5 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:-

I.- Sentencia de fs. 455/465:-

Rechazó la demanda iniciada por M.A.B. por falta de acreditación de actos posesorios de parte del anterior poseedor, G.H., basándose en la prueba testimonial, documental, informativa e inspección ocular analizada, por entender que no se habían probado de manera clara y convincente -por el carácter de orden público que poseen las normas que regulan la usucapión- los presupuestos indicados para la procedencia de la acción. Impuso las costas al actor vencido, regulando honorarios profesio- nales.-

La sentencia dictada en la instancia de grado fue apelada por la parte actora a fojas 474, habiendo expresado sus agravios a fojas 480/494, los que fueron respondidos por la contraria a fojas 497/500.-

A fs. 512 obra respuesta de la Oficina Unica del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, Sra. Fiscal, Dra. A.G.M.G., informando la desestimación del Legajo N° 3230 -denuncia penal por falso testimonio efectuada por el actor en autos contra el Sr. G.H.- resolución que se encuentra firme.-

El apelante, luego de referir los antecedentes de la causa, sintéti- camente se agravia: (a) del modus operandi implementado por la juez a quo, lo que, a su entender, desacredita la sentencia como acto jurisdiccional válido; (b) de una arbitraria e irracional valoración de la prueba.-

II.- Tratamiento del recurso:-

La primera queja del apelante se centra, sintéticamente, en los siguien- tes argumentos:-

(II.a.i.) Que la juez a quo omite el análisis exigido por el art. 7 del C.C.C., toda vez que si bien la interposición de la demanda fue previa a la entrada en vigencia del referido Código, a partir de la sanción de la nueva normativa, lo previsto por el artículo citado se torna determinante e ineludible, debiendo previamente establecerse el ordenamiento jurídico aplicable y, al hacerlo justificar su decisión. Que al no aplicar los principios introducidos en el nuevo código de fondo -de constitucionalización del derecho privado, de judicialización y de centrar a la persona como fundamento del ordenamiento jurídico-, refiere la parte apelante que el pronunciamiento es arcaico, disociado de cambios ya institucionalizados y divorciado de los preceptos consagrados por la doctrina y jurisprudencia predominante en la materia, ya que el nuevo ordenamiento está sistematizado bajo la estructura de principios, abriendo la puerta a la ponderación de valores y soluciones filtradas por la idea de razonabilidad.-

(II.a.ii) Que al no aplicar el referido ordenamiento -sigue sosteniendo el recurrente-, la juez a quo no tuvo en cuenta el art. 2 que consagra la interpre- tación legal a partir de principios y valores jurídicos, habiendo delineado una resolución judicial disociada con principios y ajustada a la norma -que ya no rige- pero desvinculada del resto de la legislación, de los valores y principios emanados de la Constitución Nacional y de los Derechos Fundamentales, carente de lógica y sentido común, cualidades que debe tener quien se erija en intérprete y ejecutor de la ley, privilegiando, al haber aplicado la norma, al titular registral por sobre el poseedor.-

(II.a.iii) Que la sentencia carece de análisis sociopolítico y hermenéutico de derecho, sobre todo de la legislación provincial (Ley N° 2.222) que desco- noce la magistrada, al no asistir personalmente a las audiencias, no cumplimentar por sí misma el reconocimiento judicial producido en autos y carecer de todo contacto material y directo, no sopesó las circunstancias de tiempo y lugar y no proyectó sus vivencias personales, lo que hace que la sentencia carezca de razonabilidad y deba ser revocada.-

En primer término se analizará la norma aplicable al caso, ya que según el apelante la magistrada debió -por lo normado en el artículo 7 del C.C.C.- regirse por dicha normativa en forma inmediata.-

El referido artículo contiene, según R.L.L. una norma dirigida al juez que le indica qué norma debe aplicar en cada caso. La hermenéutica en el supuesto de autos es clara, la ley indica con precisión que las relaciones o situaciones jurídicas que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior -como en el presente- se resuelven bajo el anterior sistema, ya que, en estos autos, no hay ningún supuesto de excepción a la irretroactividad legislada.-

Tal es el criterio ya sentado en numerosos pronunciamientos de esta Cámara, en sus diferentes S., emitido en general en estos términos...

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