Sentecia definitiva Nº 200 de Secretaría Penal STJ N2, 24-08-2016

Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia:200
///MA, 24 de agosto de 2016.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “LAGOS, M.F.; H., J.E. y H., J.L. s/Homicidio s/Casación” (Expte.Nº 25679/11 STJ), puestas a despacho para resolver los recursos extraordinarios federales interpuestos a fs. 2536/2544 y 2546/2560 vta., concluida la deliberación previa de los señores Jueces, y
CONSIDERANDO:
1. Que, mediante Sentencia N° 203, del 9 de diciembre de 2015, este Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por la señora Defensora de Menores e Incapaces doctora S.A.M. y por la entonces señora Defensora Penal doctora V.R. a favor de los imputados J.L.H. y J.E.H., casó en lo pertinente la Sentencia Nº 38/11 de la Cámara Segunda en lo Criminal de la IVª Circunscripción Judicial y les impuso a los nombrados las penas de nueve (9) y diecisiete (17) años de prisión, respectivamente, manteniendo la subsunción legal de las conductas reprochadas (cf. arts. 45, 165, 41 bis y 189 bis séptimo párrafo C.P.).
Respecto de lo decidido, los imputados apelan in pauperis, por lo que la señora Defensora General interpone los recursos extraordinarios federales de fs. 2536/2544 (respecto de J.E.H.) y 2546/2560 vta. (por J.L.H.), de los que se corre traslado a la F.ía General por el término de ley (art. 257 ley 22434). A fs. 2565/2571 se agrega escrito del Ministerio Público F. en contestación de ambas presentaciones.
2. Que, al fundar el recurso a favor de J.E.H., la señora Defensora General refiere cumplir las condiciones formales de admisibilidad, menciona los antecedentes de la causa y reseña los agravios casatorios.
Luego aduce que la resolución impugnada, si bien ha valorado de manera pormenorizada los parámetros previstos en los arts. 40 y 41 del Código Penal para imponer pena, ha apelado a la doctrina “Brione” (STJRNS2 Se 94/14), que establece de manera arbitraria un punto de partida para la determinación judicial de la sanción obviando los principios constitucionales y convencionales vigentes, lo cual vulnera los principios de legalidad, equidad, igualdad ante la ley, última ratio, intervención subsidiaria, proporcionalidad mínima, trascendencia mínima, humanidad o proscripción de la crueldad y pro persona (arts. 16, 18, 19 y 75 inc. 22 C.Nac., CADH, Reglas de Tokyo y Reglas de
/// Mallorca).
Añade que tal doctrina impone un anclaje en la mitad de la escala penal que no se condice con lo establecido por la ley, esto es, el mínimo de la escala penal, aunque más adelante en otro párrafo “reconoce que el código de fondo no establece expresamente cuál es el punto de inicio que deben tomar los magistrados al momento de determinar la pena”. Sobre tal temática, y en apoyo de su postura, menciona el criterio según el cual dicho punto es el mínimo legal establecido para el tipo.
Insiste en que la doctrina “Brione” resulta injusta en tanto parte de la presunción de que existe una gravedad media en el hecho ilícito atribuido al sujeto imputado y, cuando una persona es encontrada responsable, carga en abstracto con esa gravedad para luego con suerte disminuir o, en el peor de los casos, agravar la pena, lo que genera una arbitraria presunción en su contra.
Reconoce que, por decisión del legislador nacional, la determinación de la pena en cada caso concreto es facultad discrecional de los jueces, pero ello debe ejercerse en el marco de los principios citados, lo cual no se verifica con la doctrina aplicada en cuanto los vulnera de manera acabada.
Asimismo entiende que de la sentencia impugnada surge que el señor J.E.H. fue condenado a la pena de diecisiete (17) años de prisión cuando, de acuerdo con la evaluación realizada por los magistrados en atención a los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41 del código de fondo (condiciones favorables y desfavorables), debería haber sido condenado a cumplir el mínimo legal, es decir, trece (13 ) años y cuatro (4) meses, de modo que el criterio aplicado lleva la sanción a cuatro años por encima del mínimo legal, en clara violación del derecho de defensa en juicio.
Alega además la existencia de gravedad institucional por cuanto la resolución vulnera principios y derechos que no solo afectan la esfera individual sino la general y compromete el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado nacional.
Por todo lo expuesto pide que se deje sin efecto el fallo impugnado y se dicte uno nuevo, acogiendo los agravios explicitados.
3. Que en el remedio deducido a favor de J.L.H. la doctora C.L. también afirma cumplir las condiciones formales de admisibilidad del recurso, refiere los antecedentes de la causa y reseña los argumentos del recurso de casación.
///2. A continuación plantea que la resolución impugnada ha dado un tratamiento inadecuado a la solicitud de absolución y/o subsidiaria de compurgación de pena, con lo que ha violado los principios de excepcionalidad o ultima ratio, proporcionalidad, mínima intervención, subsidiariedad, flexibilidad, brevedad de las medidas privativas de libertad, revisión periódica de la medida e interés superior del niño que imperan en todo régimen penal juvenil acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.
Entiende asimismo que la sentencia ha descartado la posibilidad de absolver o tener por compurgada la pena en función de que el planteo no fue introducido oportunamente por la Defensa, cuando ello fue descartado por su mención en el fallo de condena y mantenido en instancias posteriores y en la audiencia de casación, a lo que añade que los principios...

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