Sentencia Nº 19922/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 5 de Junio de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 5 días del mes de junio de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "ALIX Luis Ariel y Otros c/TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y Otros s/Laboral" (Expte. Nº 19922/17 r.C.A.), venidos del Juzgado Laboral Nº 1 de la Ira. Circunscripción Judicial, estableciéndose por sorteo el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Guillermo S. SALAS; 2º) Dra. Marina E. ALVAREZ.-

El Juez SALAS, dijo:

I.- La sentencia de fs. 604/616:

Hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Luis A. ALIX, Wilfredo F. BONFANTI, Julio G. GARCÍA, Miguel A. HERRERA, Mauro E. LAMARCA, Marcelo A. PUNDAG, Fabio A. RIVERO y Javier R. RIVERO; contra la empresa TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.; condenando a esta última a abonar la suma que surja de la liquidación a practicarse a través de la perito, con costas. Reguló asimismo honorarios a los profesionales del derecho intervinientes y a la perito contadora.-

Tal decisión fue apelada por los actores (fs. 624) y por la S.A. accionada (fs. 627), quienes respectivamente expresaron sus agravios a fs. 631/640 y fs. 654/664; siendo contestados en su caso por las partes contrarias a fs. 643/651 y fs. 667/675.-

Recurso de los actores:

Se agravian (1.i.) por falta de fundamentación, errónea valoración de la prueba y aplicación de la ley, argumentando en queja que el juez a quo omitió prueba esencial y tratamiento de elementos conducentes oportunamente propuestos a su decisión, rechazando la pretensión de despido por acto discriminatorio, sin valorar adecuadamente -refieren- que el despido de los trabajadores involucrados en la conclusión del conflicto tramitado en el expediente administrativo N° 924/2011 y en su caso la exigencia de renuncia del delegado gremial L. ROBERTO, obedecieron a una decisión discriminatoria de la sociedad comercial demandada.-

Recurso de la empresa accionada:

La S.A. demandada recurre en grado de apelación quejándose de la sentencia de la primera instancia: (2.i.) en tanto -dice- falla extra petita en base a argumentos y hechos no expuestos por los actores, no haciendo lugar a la defensa de cosa juzgada administrativa; (2.ii.) por cuanto declara la invalidez de los acuerdos suscriptos y el encuadre de los hechos como despido incausado, con adjudicación de los rubros indemnizatorios detallados en la sentencia; (2.iii.) agraviándose en definitiva de los rubros que el juez a quo declaró procedentes; y finalmente (2.iv.) expresando agravios con relación a la tasa de interés fijada.-

II.- Tratamiento de los recursos:

En forma similar al planteo en autos 20222/17 r.C.A. cuyo primer voto ya he emitido con anterioridad al dictado de la presente, también aquí los actores, con notable esfuerzo argumentativo desde la técnica de su patrocinio, pretenden no sólo la nulificación del acuerdo homologado en sede adminis- trativa que el juez a quo les ha concedido hasta aquí, sino también la invalidación de la posibilidad del despido mismo, poniendo el acento en un supuesto despido discriminatorio y en un estado de necesidad transaccional, que desde ahora se adelanta no se advierte que verosímilmente se hubieren configurado en este asunto judicializado y concreto.-

El reclamo por invalidación del despido y en definitiva el recurso de los actores, postulando el despido discriminatorio, llevan implícita la demanda por readmisión o reincorporación al empleo dependiente de los recurrentes, refirien- do en particular respecto de la situación del empleado de nombre Luis ROBERTO, de quien surge ostensible de los acuerdos homologados, que había renunciado a su condición de delegado gremial (contando con acompa- ñamiento sindical que incluyó asesoramiento jurídico). Se agravian en síntesis de una supuesta decisión discriminatoria de la parte patronal.-

Al respecto corresponde dejar bien en claro en modo liminar, que como nos recuerda J. RODRÍGUEZ MANCINI: “La jurisprudencia imperante hasta el momento en la Corte Suprema de Justicia indica que cualquier modalidad legal o convencional que implique la imposición de la estabilidad absoluta es contraria a derechos fundamentales del empleador, quien no puede ser obligado a mantener la relación laboral con un trabajador determinado con quien no desea mantener el contrato” (ver La Discriminación y el Contrato de Trabajo, La Ley, 2006-E, 134. Derecho del Trabajo - Doctrinas Esenciales, Principio de Igualdad de Trato y No Discriminación, T.I p. 986). Y tal aclaración está en línea con el derecho judicial local, siendo ese el criterio basal recientemente expresado por mayoría desde el Superior Tribunal de Justicia, resumido en estos términos: ”En nuestro país la Ley Nº 23.592 y la Ley de Contrato de Trabajo, en particular el art. 17 de dicha normativa, prohíben cualquier tipo de discriminación por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad, es decir, consagran el principio de igualdad y no discriminación y le proporcionan al afectado una reparación ante el perjuicio que puedan sufrir en supuestos de discriminación, pero no prevén la reinstalación del trabajador.” (STJ Sentencia 28.02.18, Expte. 1621/17 Sala A en autos “Gallo c. Banco de La Pampa SEM”).-

Es que apriorísticamente, puede decirse que ante la ausencia de prueba categórica o indicios serios y precisos, la figura del despido discriminatorio pasaría a quedar inevitablemente subsumida en la del despido sin justa causa, que resulta ser en última instancia el eje sobre el cual gira el sistema de extinción del contrato de trabajo, en modo tal que -como opina el pre-mencionado autor-, cuando no se verifica la justa causa, opera la sanción indemnizatoria, no siendo este tampoco el supuesto de autos.-

Cuando se alega separación, distinción o diferenciación intencional, con rompimiento y trato doloso de inferioridad con causa racial, política, de género, religiosa, o también gremial como se achaca en este asunto, se sabe que la prueba de los actos discriminatorios y la carga de probarlos se torna muy dificultosa. No obstante, debe notarse que en la mayoría de los casos la acredi- tación del real motivo subyacente es prácticamente imposible, en la medida que, de común, la discriminación enrostrada responde a acciones o actividades más imaginadas o aparentes, que reales y patentes. En última instancia, aún cuando el derecho a la no discriminación admitiese la inversión o desplazamiento de la carga de la prueba en cabeza de la parte empleadora, el trabajador mantiene la carga de aportar, cuanto menos, indicios graves y razonables (i.e. un cuadro indiciario serio) enderezados a poner en evidencia los motivos discri- minatorios ocultos, esto es, aquello para lo cual O. ZAS entiende que no basta una mera alegación, como ocurre en este juicio, sino que es necesaria la presencia de “algún elemento que, sin servir para formar de una manera plena la convicción del tribunal sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental [de no discriminación …], induzca a una creencia racional sobre su posibilidad.” (Oscar ZAS, El Despido Discriminatorio, DT 2007, 950 en Derecho del Trabajo - Doctrinas Esenciales, Extinción del Contrato de Trabajo, T.III p. 416, en el que lo remarcado no le pertenece al autor).-

Ciertamente, aquello que para este asunto los demandantes recurrentes omiten mencionar en su queja conjunta, es que las actas y pactos suscriptos en sede administrativa, fueron homologados por la autoridad local de aplicación, en actuaciones que en sus distintos tramos inmediatos previos, tuvieron inicio de reclamo, carátula, audiencia, cuartos intermedios, asesoría legal de distintos profesionales, propuestas con representación gremial, seguimiento, acompa- ñamiento y supervisión del propio Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Generales, Logística y Servicios de La Pampa (cuya jerarquía sindical cupular y representatividad, clara- mente rebasa y supera, a no dudarlo, la individual y auto-referente de L. ROBERTO como simple delegado), habiendo evitado aludir los actores que en verdad el conflicto fue pluri individual -como acierta en subrayarlo su parte contraria a fs. 643vta. y también el juez a quo a fs. 607-. En resumen, el dato dirimente y relevante es que los demandantes tuvieron adecuada y razonable presencia y asistencia letrada y gremial, tal como se desprende de la compulsa completa del expediente administrativo que lleva el Nº 924/11, cuya copia certificada como instrumental reservada he tenido a la vista.-

No obstante la invocación meramente dogmática que condujo al sentenciante de la instancia de grado a decretar equivocadamente la nulidad de los acuerdos, convirtiendo con ello cada caso en individuales rupturas incau- sadas del vínculo laboral con derecho a indemnizaciones, lo cierto es que el juez a quo (tampoco de ello se hace cargo cuánticamente ninguno de los memoriales de agravios de los actores) omitió delinear con precisión, por contraste o compa- ración, cuál habría sido la medida económica real y concreta que eventual- mente habría afectado a los trabajadores firmantes de los acuerdos. Y dicha omisión o demostración no corresponde sea suplida por esta Cámara.-

Es decir, más allá de la proclamación de principios, nada se ha argumentado ni sentenciado acerca de cuáles serían puntualmente (como para erigirse en agravio analizable o válido), los contenidos irrenunciables tarifados presuntamente vulnerados, si es que en modo significativo los hubo.-

Todo ello condena en modo adverso el recurso de apelación deducido por los demandantes a fs. 624 (agravio 1.i.).-

Ahora bien, sin perjuicio de la ya conocida postura de O. ZAS de sugerir asimilar exageradamente el concepto de “despido incausado” con el de “despido arbitrario e ilícito” y, con cierto sesgo...

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