Sentencia Nº 19764/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:25 de Julio de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 25 días del mes de julio de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "PONCE, A.B.c., J.L. y Otro s/ Cobro de Haberes" (E.. Nº 19764/16 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo


I.- De la resolución recurrida. Mediante sentencia de fs. 832/844 la Srta. Juez a quo luego de considerar que "no se encuentra controvertido que la actora A.B.P. trabajó en relación de dependencia para el demandado J.L.M., en el estudio contable del mismo, sito en calle G. nº 558 de esta ciudad de S.R., encuadrada como Administrativa "D" del CCT 130/75, cumpliendo, en un principio una jornada laboral de lunes a viernes de 8,00 hs a 12,00 hs y de 16,00 hs a 19,30 hs; y, posteriormente, media jornada de 8,00 hs a 12,00 hs de lunes a viernes", establece que la disidencia se plantea respecto a: "1) fecha de inicio y cese de la relación laboral; 2) que la actora haya sufrido enfermedad profesional; 3) causal de despido (violencia psicológica); 4) la procedencia de la declaración de nulidad peticionada respecto del carácter de "asignaciones no remune- rativas" concertadas a través de las Actas Acuerdo de abril/08, abril/09, enero/10, junio/10 y junio/11; 5) que corresponda la aplicación de las normas del derecho común y, por ende, la declaración de inconstitucionalidad de los arts.39.1, 6, 21, 22 y 46.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 6) la procedencia de los rubros y montos reclamados; y, 7) las defensas de falta de acción civil y falta de legitimación pasiva (no seguro) opuestas por Prevención ART S.A"
Así, luego de analizar cada uno de los ítems a la luz de la prueba producida y agregada a autos, rechaza la demanda entablada e impone las costas del juicio a la actora vencida (art. 62 CPCC), tomando como monto del proceso la suma demandada y que estima a la fecha de la sentencia (31.03.16) en $ 313.165; regula honorarios a los profesionales intervinientes y peritos; dejando constancia que dicho pronunciamiento se hace extensivo a la tercera citada "Prevención ART. S.A." en los términos del art. 88 CPCC y la Ley Nº 24.557
Ante el pedido de aclaratoria de la demandante (fs. 854, punto I), la magistrada desestimó (fs. 862/863) el planteo respecto de los haberes adeu- dados y de la indemnización del art. 45 de la Ley Nº 25.345, en tanto consideró que lo requerido excede el objeto del recurso (art. 61 de la N.J.F. 986) ya que se estaría modificando sustancialmente la resolución cuestionada; estima, en cambio, el reclamo de la certificación de servicios, aportes y contribuciones (reclamado en la demanda de fs. 57/87 punto XII) que fuera omitido, ordenando a la demandada -dentro de los diez días de quedar firme la presente- acompañar una nueva certificación de servicios con todos los alcances legales y de la sentencia dictada (art. 80 de la L.C.T.); ello bajo apercibimiento de la aplicación de astrein- tes en caso de incumplimiento
I. a) Su fundamentación. Para así decidir la magistrada evaluó de modo pormenorizado la controversia planteada a resultas de lo cual consideró que, 1) respecto a la fecha de inicio de la relación laboral, estimó procedente la registrada: 1/12/1999; pues -dijo-, mas allá de lo que surge de las declaraciones testimoniales de G. (fs. 420/425, quien expresa que el traslado desde Winifreda al estudio contable comenzó desde junio de 1999) y Lang (fs. 426/429 que no recuerda la época), toda la documentación legal laboral obrante en autos así lo indica (vgr. recibos de haberes aportados por actora y demandada, hojas móviles art. 52 L.C.T., declaraciones juradas reservadas en Secretaría); meritó, además, que no se han producido en autos otras pruebas en contrario, como así también que la actora durante aproximadamente 12 años no efectuó reclamo alguno. Deja constancia, asimismo -pese a no haber disidencia-, que el cese de la relación laboral se produjo el 03/10/2011 (cfme. documental de fs. 9 y fs. 12)


2) En cuanto a la existencia de una enfermedad inculpable o profesio- nal, tiene por probado -cfme. prueba producida en autos- que la accionante sufrió de "síndrome depresivo" en el ámbito de su trabajo a raíz de una discusión con su empleador; que ello surge claramente de la declaración testimonial de C. (fs. 432/438), quien relató dicha situación por haberla presenciado (rptas. 8, 9, 10, 11); que con anterioridad P. no había tenido episodios de angustias y/o crisis en tal sentido (cfme. surge de su legajo reservado en Secretaría) y que a partir de dicho episodio se derivó en un síndrome depre- sivo; aspecto éste que ha sido corroborado por la Licenciada L. (infor- me fs. 472 que la atendió desde el día 07/12/2010 hasta agosto de 2011 a raíz de "...un cuadro agudo de angustia reactivo a una situación vivida como traumática que según refiere la paciente se trata de una discusión con su empleador por desacuerdos en relación a su desempeño laboral", agregando que su "...cuadro anímico implica síntomas tales como angustia y ansiedad elevadas, nerviosismo persistente, llanto, temblores, irritabilidad e intolerancia emocional. Estado de ánimo deprimido, vivencia de daño y perjuicio y afectación de su autoestima. Lo cual ocasiona un malestar generalizado que interfiere en su desempeño cotidiano"; finalizando que la actora dejó de concurrir a la consulta por quedarse sin cobertura social) y el Dr. Ilarregui (fs. 494/96 -agosto/2011 a fines de abril 2012-, presentaba una crisis de ansiedad como parte de un síndrome depresivo, se le indicó tratamiento psicoterapéutico individual y psicofarmacológico -antidepresivo y ansiolítico-); razón por la cual concluye que "el "síndrome depresivo" que padeció P. constituye una enfermedad profesio- nal circunstancia que cabe ser reconocida conforme la legislación vigente"; ello sin perjuicio de haber sido rechazada por la A.R.T. por no encontrarse prevista en el listado de enfermedades que contempla la L.R.T


3) Respecto a la causal de despido analiza, en primer lugar, si el distracto en que se colocara la actora se produjo a raíz de una situación de violencia y/o persecución psicológica, tal como lo expresara en su misiva (TCL de fs. 9), ocasión en que le imputa a su empleador ejercer "...violencia psico- lógica..., al extremo de acusarme de faltantes de dinero delante de mi compa- ñera de trabajo" (fs. 837); a cuyo fin evalúa la prueba producida en autos a resultas de lo cual señala que "no surge probado que hubiere existido una persecusión psicológica por parte del empleador. Ello surge meridianamente de la testimonial brindada por C., quien manifiesta que luego del requeri- miento de M. respecto del dinero que un cliente dijo haber entregado al estudio, del cual las empleadas expresan no fue así, el empleador no aplicó sanción alguna sino que éste se hizo cargo personalmente de saldar la deuda con el organismo recaudador (ver fs.432/438, preg. 18, 21, 22, rpgtas. 2, 3, 4 y 5); de la declaración de parte de P. corroborando lo manifestado por la testigo C. (fs.445/447 preg. 2, 4); surgiendo también lo expuesto del relato efectuado en la contestación de demanda" (fs. 837vta.).
Indica que, si bien ha quedado reconocido el mensaje de texto: "A. te paso mi propuesta 12 pagos de $ 1500 que es mas o menos lo que estas cobrando ahora por mes a lo que tendrías que sumarle para tus ingresos un año del fondo de desempleo. Asi podemos terminar con esta situacion complicada para los dos gracias espero tu respuesta", enviado por el celular de M. (nº 029541567464) a P. (declaración de parte de fs. 441/442 pregs. 17 y 18, cuyas fotografías certificadas por la Actuaria fueron reservadas en Secretaría); ello no significa -ni demuestra- "la existencia de un mensaje intimidatorio y/o amenazante para con la actora. Todo lo contrario, se aprecia objetivamente la formulación de una propuesta de pago y no otra situación"; de allí que, agrega, la aducida "persecusión psicológica", no ha sido acreditada.


Sostiene, finalmente, que "El hecho visagra fue la discusión con su empleador (con fecha 3/12/2010), pero no ha existido ni se ha demostrado la existencia de un accionar persecutorio por parte de M. con anterioridad a dicho hecho, ni tampoco con posterioridad, dado que producida la discusión entre las partes la actora dejó de concurrir a su lugar de trabajo, habiendo, incluso, hecho entrega de las llaves de la oficina; ello surge de la propia manifestación de la actora en su escrito de demanda y reconocimiento en la declaración de parte (ver fs.445/447 preg.6) (arts.155 inc.5, tercer párrafo, 360, 368 y cc C.P.C.C. y art.84 y cc NJF 986)". Concluye, en consecuencia, que al no poder la actora demostrar la justa causa invocada, el despido indirecto en que se colocara devino injustificado (arts. 242, 243 y cc. L.C.T.); razón por la cual desestima las indemnizaciones pretendidas.
4) Estima, en cambio, de carácter "remuneratorio" las asignaciones concertadas a través de las Actas Acuerdo de Abril/08, Abril/09, Enero/10, Junio/10 y Junio/11 -sin declararar la nulidad, tal como fuera reclamado-.


5) Con relación a la aplicación de las normas del derecho común y, por ende, la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39.1, 6, 21, 22 y 46.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, señala que la enfermedad padecida por la actora no se encuentra contemplada en el listado de enfermedades a que se refiere el art. 6 de la L.R.T., motivo por el cual considera que no le son aplicables sus normas e inoficioso ingresar al examen de su constitucionalidad (cfme. defensas introducidas por la aseguradora "Prevención A.R.T. S.A). Sin perjuicio de lo cual evalúa que, por principios constitucionales y convencio- nales, fundados en el principio "alterum non laedere", el...

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