Sentencia Nº 19643 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:26 de Febrero de 2019
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 26 días del mes de febrero de 2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "DIEGUEZ, V.D.C./ COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA LTDA. S/ Diferencias Salariales" (Expte. Nº 19643/16 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 4 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo:
I.- La sentencia en recurso.- Viene apelada la sentencia de Primera Instancia que receptó -parcialmente- la demanda deducida por el actor, V.D.D., contra su empleadora Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda. -mediante la cual reclamó el pago de diferencias salariales por el período junio de 2007 a marzo de 2010 inclusive por la suma de $ 40.836,86, con más intereses y costas- limitándolas a las devengadas desde mayo de 2009 (fecha en la que el actor remitió la intimación fehaciente a su empleadora reclamando el pago) a febrero de 2010, con más los intereses -tasa mix- desde que fueran debidas.-
II.- Los fundamentos del fallo.-
Para así decidir, principió considerando la Judicante que lo discutido es la procedencia de las diferencias salariales reclamadas por el actor, reconociendo ambas partes la entidad del CCT Nº 36/75, -que introdujo el inciso f) del art. 12 que fuera suscripto por la F.A.T.L.Y.F.- y establece -en su artículo 1º- que será de aplicación a todos los trabajadores dependientes de las entidades prestatarias del Servicio Público de Electricidad, sean pertenecientes al Estado nacional, provincial, municipal, comunal, a C. o particulares afectados a cualquiera de las etapas (producción, transmisión, distribución, comercialización o indistintamente a sus servicios auxiliares) y, los que en el futuro se incorporen al mismo; estableciéndose la obligatoriedad integral del Convenio en todo el territorio nacional.-
A renglón seguido expresa la Sentenciante - con resaltado del texto le es propio- que la misma entidad que suscribió el mentado convenio (la FATLYF) también firmó el Acuerdo Marco en el Ministerio de Trabajo de la Nación con la demandada -CPE- a fin de establecer las nuevas escalas salariales de conformidad con el Decreto del P.E.N. nº 392/03, estableciéndose que "durante el plazo de tres ( 3) años contados a partir de esta fecha, "LA FATLYF", "EL SINDICATO" y "LA SECCIONAL" convienen en suspender el derecho y los efectos derivados del art. 12 inc. f) del CCT 36/75 (texto original) y no realizarán ningún tipo de reclamo administrativo -sea ante las autoridades administrativas nacionales y/o provinciales- ni judicial derivado de dicha cláusula, no generándose por este rubro ningún tipo de deuda ni diferencia salarial. Durante el plazo de tres (3) años antes mencionados, las partes pactan expresamente un período de paz social en el ámbito laboral, rigiendo durante el mismo una estabilidad relativa de los trabajadores con respecto al empleo, en los términos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo".
Señala luego la Magistrada que, "Extrañamente, el actor le desconoce legitimidad de representación a la misma asociación sindical que firmó en su representación el CCT 36/75, manifestando genéricamente -y sin probar con la documentación respaldatoria- que no se encuentra afiliado al sindicato nucleado por la FATLyF sino a otro sindicato" , y que sin perjuicio que no ha probado la afiliación a otro Sindicato, ni cuando se habría producido, como así también si a la fecha de suscripción del convenio de 2006 estaba afiliado a la FATLyF o a otra Federación, lo cierto es que la FATLyF cuenta con "personería gremial", lo que -a criterio de la Sentenciante conforme doctrina que cita- faculta o atribuye a ciertas asociaciones gremiales de trabajadores -más representativas- a realizar, con exclusión de toda otra asociación, determinados actos en representación de todos los trabajadores de la categoría dentro del área geográfica de su actuación, sean afiliados o no, ejerciendo un poder normativo cuya eficacia garantiza directamente al Estado.-
Agrega -en ese orden- que ello resulta coincidente con lo dispuesto en el art. 9º -2º párrafo- de la Ley 14.250, en cuanto estatuye que las cláusulas de la convención que establecen contribuciones a favor de la asociación de los trabajadores participantes serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los que no lo son y que resultan comprendidos por la convención; que el convenio de 2006 fue firmado en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación quien, de acuerdo a lo previsto por el art. 12 de la Ley 25.250, es el "encargado de vigilar el cumplimiento de los convenios colectivos" y su participación obedeció a la necesidad de "poner fin al conflicto oportunamente suscitado entre las mismas con motivo del dictado del Decreto nº 392/03 y su consiguiente aplicación al personal que presta servicios en la empresa" (conforme 4º párrafo de la Resolución Nº 229/2006, Registro Nº 239 del MTEySS), de lo cual deriva que "no parece plausible pensar que el propio órgano de control de las asociaciones sindicales hubiera permitido la celebración de un convenio que conculcara derechos irrenunciables de los trabajadores", habiendo sido homologado por el Ministerio de Trabajo mediante Res. Nº 229/2006.-
Asimismo, al tratar el planteo del actor, quien aduce que no puede ser forzado a aceptar condiciones más desfavorables que las del CCT 36/75, puntualiza que aquel no ha cuestionado el monto de las escalas salariales que le fueron aplicadas a partir del año 2010, calculadas en virtud del acuerdo suscripto en el 2006, sino que sólo pretende que se le abonen retroactivamente las que se le dejaron de abonar; con lo cual -deduce- no le ha causado perjuicio alguno el cálculo que, en virtud de aquel convenio, se comenzó a implementar respecto de la aplicación del art. 12 inciso f) del CCT 36/75, sino solamente la suspensión decretada de su aplicación (incorporada en la claúsula quinta de su texto).-
De ello deriva que el Acuerdo Marco fue parcialmente aceptado por el actor respecto de la determinación de las escalas salariales y que resulta obligatorio para los trabajadores y empleadores incluidos en el mismo texto, siendo independiente esa inclusión de que el trabajador se encuentre o no afiliado a los sindicatos o federaciones firmantes; basta -dice la Sentenciante- con que esté definido en dicho acuerdo a qué actividad, en qué territorio y a qué empresa se halla referido. Concluye así en que el reclamo de diferencias salariales deviene improcedente por el lapso de suspensión acordado en el Acta Acuerdo (obrante a fs. 153/165), correspondiendo el pago a partir de la extinción de ese plazo (marzo de 2009) y sólo a partir de esa fecha, de acuerdo a la defensa de prescripción opuesta por la parte accionada (en los términos del art. 256 de la LCT), recepta las devengadas por el lapso mayo de 2009 a febrero de 2010.-
Impone las costas de la acción receptada -parcialmente- a cargo de la accionada y regula los honorarios profesionales de los letrados de las partes y, asimismo, los emolumentos periciales del perito contador actuante.-
III.- La apelación.- Esta decisión es apelada por el actor (fs. 312) en los términos del memorial obrante a fs. 314/323, que ha sido replicado por la parte accionada a fs. 326/338, quien -a su vez- no ha deducido apelación ni ha efectuado replanteo (art. 244 del CPCC, conf. remisión art. 84 de la NFJ 986).-
III.- a) Los agravios.-
De acuerdo al texto de la pieza recursiva nomina los siguientes: 1) Errónea aplicación del derecho -porque otorga al Acuerdo Marco un carácter que el propio acuerdo no tiene respecto de la aplicación obligatoria aun a los trabajadores no representados por las entidades sindicales celebrantes, afectando el derecho individual-; desconoce el artículo 24 inc. b de la Ley 25.877; el orden público laboral (art. 12 de la LCT) e interpreta erróneamente el art. 9º -2º párrafo- de la Ley 14.250; 2) Errónea apreciación de la prueba – valora prueba documental desconocida por su parte y no incorpora la reconocida por la accionada; omite la falta de desconocimiento de la accionada del carácter de no afiliado del actor a FATLyF (Luz y Fuerza Mercedes) y la valoración de las constancias de la causa que prueban la calidad de afiliado al Sindicato de luz y Fuerza La Pampa por parte de la accionada, como así también la errónea valoración del alcance del Convenio Marco suscripto por la FALTLyF, el Sindicato LyF Mercedes y la CPE.-
III.- a.1) En lo que atañe al primer agravio señala el recurrente que la relación laboral se rige por principios de orden público y que, por ende, resultan obligatorios para las partes, lo que implica que el empleador debe respetar las condiciones mínimas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo o -en su caso- en el CCT aplicable, y que, el empresario, podrá pactar condiciones más favorables para el trabajador, nunca menos favorables; siendo inmodificables para las partes en sentido negativo, dado que se produce una limitación a la autonomía de la voluntad y se establece un mínimo de garantía social con carácter necesario e imperativo.-
Señala -fs. 316- que la Sra. jueza cuestiona, por medio de su fallo, que siendo la FATLYF la organización que ha firmado el CCT 36/75, hecho que esta parte conoce y reconoce, pretenda ampararse en esa norma convencional solicitando se respete y aplique su contenido, pero por otro lado, se desconozca la legitimidad de esa misma Federación, para la suscripción del Acuerdo en el cual se "suspende el derecho y los efectos derivados del art. 13 inc. f) del CCT 36/5 (Texto original)".-
Respecto de esa parcela decidida, señala el recurrente que es preciso aclarar que el CCT 36/75 es una norma convencional, que luego de su entrada en...

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