Sentencia Nº 19638/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:27 de Junio de 2017
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 27 días del mes de junio de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "Z., M.S. C/ COOP. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS DE M.L.. S/ L." (Expte. Nº 19638/16 r.C.A.), venidos del Juzgado L. Nº 1 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo

I.- Viene apelada por la actora -en los términos del memorial de fs. 776/781 vta.- la sentencia de fs. 754/759 vta. por la cual el Sr. juez a quo hace lugar a la defensa de prescripción bienal (cfme. arts. 256 y 258 LCT) opuesta por la accionada, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de M.L.. y la tercera citada, Prevención ART S.A., con costas a la vencida. Las respectivas contestaciones rolan a fs. 784/787 vta. -Cooperativa- y fs. 789/791 vta. -ART-.- -

II.- La controversia de autos -en prieta síntesis- se centró en determinar si el reclamo de la Sra. Z. se hallaba prescripto o no, y, en su caso, la procedencia de la demanda incoada el 19.12.2013 contra su empleadora, haciéndola extensiva contra la ART -fs. 70 vta. por considerarla legitimada pasiva, pese a que la misma había rechazado el siniestro- por la suma de $1.115.578,20 en concepto de diferencias salariales en la liquidación final (art. 9 CCT 36/75, $24.286,56) e indemnizaciones de los arts. 212 y 245 LCT ($221.015,74); art. 2 de la Ley 25.323 ($110.507,87), solicitando la aplicación de la Ley 26.773 (pago único, RIPTE e indemnización adicional art. 3 $126.628,02). A tales efectos planteó la inconstitucionalidad de los preceptos que se oponen a la reparación pretendida (arts 6.2, 12, 15, 39 Ley 24.557 y 4, 9, 17 de la Nº 26.773); y, subsidiariamente, reclamó similares importes por vía civil de daños y perjuicios -incapacidad (daño sicológico- $663.140,14)

III.- Al sentenciar el magistrado consideró, en primer lugar, la defensa de prescripción. Evaluó así que la relación laboral iniciada, el 01.01.1980 y que culminó el 31.05.11 por renuncia de la actora para acogerse a la jubilación por invalidez, tuvo su inicio -conforme el relato de la demanda- en una crisis nerviosa acaecida el 30.10.2009, cuyo diagnóstico preliminar fue trastorno de ansiedad, lo que motivó el comienzo de licencia médica (fines de 2009) y su evolución a episodio depresivo; consideró, además, que la enfermedad fue denunciada por la actora ante la ART el 28.01.10, la que contestó (01.02.10, fs. 26) que se trataba de una contingencia no cubierta por la ley, por lo tanto rechazó el reclamo; no obstante, en fecha 15.02.11 la Comisión Médica (de la SRT) emite su dictamen, indicando el retiro por invalidez (70%) por padecer "depresión neurótica grado IV", luego de más de un año de tratamiento sin presentar remisión del cuadro depresivo. Entiende, por consiguiente, que esa fecha marca el inicio del plazo de prescripción, en tanto quedó determinado el carácter definitivo de la incapacidad laboral; ergo, al iniciarse la presente acción el 20.12.13 (cfme. cargo inserto en la demanda a fs. 71 vta.) había transcurrido el plazo bianual previsto legalmente (art. 258 LCT)

Solución ésta -dice- que no varía si se la computa a partir del cese de la relación laboral -31.05.11-, pues, sólo se alonga tres meses, "lo que llevaría a operar la prescripción de su acción el 31 de mayo de 2013" (fs. 758); como así tampoco el hecho de que la actora hubiere fundado su reclamo en normas del derecho laboral y del derecho civil, ya que ello no modifica el carácter laboral de la vinculación que unió a las partes. En ese orden meritúa que las dos defensas esgrimidas por la Sra. Z. para sortear dicho instituto no resultan procedentes; por un lado, porque los telegramas por ella remitidos no resultan suspensivos del plazo prescriptivo en curso, toda vez que no...

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