Sentencia Nº 19634/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:19 de Febrero de 2018
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 19 días del mes de febrero de 2018, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "CONTRERAS, C.c.S., M.J. y Otros s/POSESION VEINTEAÑAL" (Expte. Nº 19634/16 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 1 de la III Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo:

I.- La sentencia de fs. 620/626 hizo lugar a la demanda de usucapión entablada por C.C. (con relación al inmueble identificado como L. 3, Fracción D, Sección XXIV, Departamento P. de la Provincia de La Pampa, con una superficie de 10.000 has. Parcelas 1, 2, y 3) contra M.C.G. de L.S. (respecto de la Parcela 1), M.J.A.S., C.A.F. y R.R. (respecto de la Parcela 2); A.M.d.C.N. viuda de E.R.R.C., I.J.C., A.E.M., H.B.O. y M.L.O. (respecto de la Parcela 3). Las costas del pleito fueron impuestas a los demandados en lo que respectivamente atañe a cada una de las respectivas Parcelas, difiriéndose las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se determine el monto del proceso de conformidad con lo normado por el art. 23 de la LA.

Dicho pronunciamiento fue apelado por los codemandados M.J.S. y C.A.F. y R. (respecto de la Parcela 2), quienes expresaron agravios a fs. 649/661, que fueron contestados por la actora a fs. 664/665vta. -

- II.- Se agravian los apelantes por el progreso de la demanda a su respecto y con relación a la Parcela 2 del inmueble objeto del juicio. Indican que según surge de los testimonios de Maya (fs. 464), H. (fs. 466), S. (fs. 468) y P. (fs.472), en los que se apoyó el sentenciante, la actora está en Vacahué, predio que conforme el Plano de fs. 48 se ubica en la Parcela 3 y no en la Parcela 2 de los recurrentes. Expresan que tales testimonios constituyen sólo una mera prueba simple y no la prueba compuesta exigida por la ley, la doctrina y la jurisprudencia, en tanto no existe prueba documental complementaria, pues el certificado de fs. 20 ha sido confeccionado en base al dictado unilateral de la actora, como también las declaraciones juradas de fs. 21/22. Manifiestan que las Parcelas 1, 2 y 3 del L. 3 no conforman un solo campo, pues dicho L. se encuentra subdividido en tales Parcelas, diferenciadas catastralmente y con superficies distintas, siendo además los poseedores también distintos según el informe de Catastro de fs. 388/389, y, conforme el Plano de fs. 48, la Parcela 2 figura con el nombre de "Puesto Los Piquillines", siendo su ocupante R.; mientras que la Parcela 3 figura con el nombre "Puesto Vacahué", todo lo que queda confirmado por el informe de fs. 388/389, la declaración de parte de la actora (fs. 411), constancia de Repagro (fs. 13) y los testimonios de fs. 447 y 449, todo lo que revela que las aludidas Parcelas conforman establecimientos distintos, sosteniendo que la accionante no ha probado que no exista alambrado divisorio. Alegan que todo ello, resulta ratificado por la propia conducta de la accionante que no unificó las Parcelas de todo el inmueble que pretende usucapir, citando jurisprudencia de esta Cámara en apoyo de su postura. Expresan que tampoco está probado que la actora hubiera prestado a R. la Parcela 1 y parte de la 2, ni que el nombrado fuera sobrino de aquélla. Critican además que el juzgador otorgara a R. calidad de encargado de la demandante, alegando que el testigo R. (fs. 449/450) nada dijo al respecto y que A. sólo manifiesta creer que R. estaba como encargado, carácter que resulta contradictorio con la inscripción del mismo como poseedor, la realización de mejoras importantes en el predio (fs. 489/493 y fs. 403) y con la tenencia de ganado vacuno, cabríos y equinos.

Asimismo manifiestan que los testimonios y documental referidos por el juez para considerar transcurrido el plazo de prescripción son inconducentes e irrelevantes y que, el depósito y traslado de los restos de Pelletay (tercero ajeno al juicio) no tienen ninguna relación con la posesión adquisitiva pretendida. Cuestionan que el juzgador considerara que la posesión resultó pública, pacífica e ininterrumpida, sosteniendo que la posesión detentada por R. durante años evidencia la discontinuidad, resultando los testigos imprecisos y carentes por lo tanto de valor probatorio al respecto, afirmando que los demandados arrendaron el campo según los contratos de fs. 235/240. Sostienen que el boleto de marca de fs. 420 no indica en qué lugar la actora tenía animales y que la señal dice que es "B., es decir la Parcela 3, no habiéndose detectado en la inspección ocular la presencia de animales, extremo que por otra parte no constituye un acto posesorio inequívoco. Critican también que el sentenciante tuviera por probado que la actora hubiera explotado todo el L. 3. Alegan que la documental que el juzgador tuvo en consideración no ha sido corroborada por las respectivas oficinas públicas; que C. sólo tuvo una explotación muy limitada, ignorándose cuantos animales tenía en el predio y que si bien estuvo en la Parcela 3 fue porque antes había adquirido por prescripción la Parcela 4 mediante Expte. Nº V 10.070 del mismo Juzgado. Refieren que la actora ni siquiera tuvo explotación ganadera en el "Puesto Vacahué" pues no trabajaba, era pensionada (fs. 23), ni vivió en el campo, ya que residía en P., al menos desde 1997 como lo reconoció en la declaración jurada de fs. 23. -

En cuanto a las mejoras, señalan que de la inspección ocular (fs. 482/483) no surge ninguna hecha en la Parcela 2, resultando imprecisos los testigos respecto a en qué parte del L. 3 fueron realizadas, aduciendo que las mejoras hechas en la Parcela 2 las hizo R. como poseedor. -

Manifiestan también que el propio juez ha reconocido que no está probado que la actora pagara tributos por el inmueble que pretende usucapir, lo que sí hicieron los recurrentes, dato que no se corresponde con el art. 24 de la ley 14159 que considera ese aporte en forma especial y porque según el art. 1939 del nuevo CCyC el poseedor debe satisfacer el pago total de todos los impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa, circunstancia que no fue tenida en cuenta por el juez a quo. Expresan también que la interrupción de la posesión por R. en calidad de poseedor durante años y...

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