Sentencia Nº 196 de Secretaría Penal STJ N2, 19-12-2014

Fecha de Resolución:19 de Diciembre de 2014
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 27067/14 STJ
SENTENCIA Nº: 196
PROCESADO: V. C.E.
DELITO: LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO - COACCIÓN SIMPLE - TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL - TODO EN CONCURSO REAL - COACCIÓN AGRAVADA POR EL USO DE UN ARMA DE FUEGO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 19/12/14
FIRMANTES: MANSILLA - ZARATIEGUI - APCARIAN - BAROTTO EN ABSTENCIÓN - BERNARDI (SUBROGANTE) EN ABSTENCIÓN
///MA, de diciembre de 2014.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “V., C.E. s/Lesiones leves calificadas por el vínculo en c.r. con coacción agravada por el uso de armas s/Casación” (Expte.Nº 27067/14 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor E.J.M. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 15, del 4 de abril de 2014, la C.ara Tercera en lo C.inal de la IIª Circunscripción Judicial resolvió en los siguientes términos: “1).- CONDENANDO a C.E.V.L. […] como autor material y responsable de los delitos de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO, COACCIÓN SIMPLE y TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, todo en concurso real, a la PENA de DOS AÑOS de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para ser legítimo usuario de armas de fuego, accesorias legales y costas (arts. 45, 58, 89, 92, 149 2° párrafo y 189 bis, inc. 2°, segundo párrafo, 26 y 29 inc. 3º del C.P. y 499 del C.P.P.).- 2).- ABSOLVIENDO a C.E.V.L. […] en orden al delito de COACCIÓN AGRAVADA POR EL USO DE UN ARMA DE FUEGO (arts. 149 ter. inc. 1° del C.P. y art. 4 del C.P.P.)”.
1.2. Contra lo decidido, el imputado doctor C.E.V.L., por su propio derecho y con la
///2. asistencia técnica del doctor M.R., interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo.
2. Recurso de casación:
La defensa refiere cumplir los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación.
Luego menciona el quebrantamiento de las formas esenciales del debido proceso legal y, en lo relativo a la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia, afirma que el caso particular fue más allá, pues define al pronunciamiento como absurdo y arbitrario. Agrega que, al margen de toda razón atendible, se han predicado asertos de hecho y de derecho que no se compadecen con la prueba recibida y se realizaron inferencias relativas a su apreciación y al derecho que corresponde aplicar que no son más que manifestaciones de un puro decisionismo judicial, lo cual descalifica el pronunciamiento, que eludió sistemáticamente los planteos propuestos por las defensa, ignorándolos de hecho y por completo. Por todo ello, argumenta, la resolución en crisis no puede ser concebida como un acto jurisdiccional que resulte derivación razonada del derecho vigente.
Por todo lo expuesto, entiende que se viola consciente o inconscientemente la manda del art. 200 de la Constitución Provincial en cuando prescribe: “Son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes procesales, con fundamentación razonada y legal”.
///3. Refiere los antecedentes del caso y pasa luego al desarrollo de sus cuestionamientos.
En el primer agravio dice que “con la sentencia se viola el art. 8.1 de la C.A.D.H. en cuanto el imputado tiene derecho, a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y por idénticas razones el art.14.1 del P.I.D.C.P.”. Continúa diciendo que, al realizar una interpretación insostenible e inequitativa de la prueba producida, mostrando a Y.P.B. y a su hermana, V.P.B., pero fundamentalmente a la primera, como testigos veraces, creíbles, insospechables, cuando todo indica que se trata de verdaderas mentirosas, el Tribunal violó a sabiendas su deber de imparcialidad frente al caso concreto pues, cuando no se tergiversó la prueba producida, se omitió considerar aspectos relevantes del caso, razón por la que afirma que el pronunciamiento es nulo de nulidad absoluta.
Cita varios pasajes del fallo y sostiene que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, no deroga la presunción de inocencia del imputado ni su derivado in dubio pro reo; ni impone acordar credibilidad a los dichos de quien se refiere víctima por sobre los del imputado si los asertos de quien así se reporta no encuentran respaldo en otros elementos de juicio independientes y distintos del de su propia deposición, de un modo que los hagan verosímiles por encima de los reconocimientos que sobre lo sucedido la noche del 9 de septiembre de 2012 hiciese el propio imputado.
///4. Añade que este posicionamiento del fallo, además de ser legalmente insostenible, ha llevado a los jueces a dejar de merituar en su conjunto diversos elementos de juicio que dan cuenta de que P., su hermana, incluso su hijo, han mentido con sus testimonios en perjuicio del imputado, incluso de un modo escandaloso y a la vista del sistema de justicia, que se lo ha permitido vaya a saber por qué.
Más adelante afirma que no se constata sino que, por el contrario, surge evidente que P. ha incriminado a V. reprochándole falsamente diversos comportamientos que nunca existieron, por lo que debe asignarse a la declaración del imputado el mayor grado de credibilidad, máxime si sus asertos, incluso no jurados, se compadecen con el resto del plexo probatorio. En situaciones así, continúa el recurrente, ninguna perspectiva de género autoriza una condena.
Sostiene que Y.P.B. mintió cuando aseguró que sucedieron los hechos que la imputación describe en el primer tramo fáctico del denominado hecho segundo como ocurrido en fecha 4 de julio de 2011. Agrega que de la propia sentencia se desprende la realidad de este aserto y también cómo el Tribunal, encerrado por la prueba producida, disparatadamente ha defendido que P. no mintió, sino que simplemente no recordó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que V. la coaccionó para que se fuera, amenazándola con un revólver 38, situación respecto de la cual solo hizo una exposición porque tenía miedo.
Cita párrafos de la sentencia respecto del hecho por el que fue absuelto y destaca –entre otras cosas- que allí
///5. se afirmó que la víctima no recordó el suceso de la coacción con el arma de fuego, que no estaba acreditado por documental ni testimonial, y que llamó la atención del Tribunal por qué no hizo la denuncia oportuna, para luego preguntarse el recurrente: “¿Cuándo P., comenzó y al respecto a ser creíble? Si de la propia fundamentación del fallo resulta la falsedad del testimonio. ¿Por qué la absolución por la duda, si ni siquiera la existencia histórica del hecho ha sido probada?”.
El impugnante continúa transcribiendo partes de la sentencia sobre el hecho por el que resultó absuelto y se pregunta “¿Qué fue lo que recordó en la instrucción, que no lo recordó en el debate?”, y afirma que absolutamente nada. Luego el letrado expone que, con relación a este suceso, la sentencia omite toda consideración a cuestiones que detalla.
Respecto de este hecho por el que se absolvió por el beneficio de la duda, reclama al Tribunal de Casación una absolución lisa y llana pues de la prueba valorada y de la que se omitió valorar es indudable que no corresponde otra cosa, porque todo permite asegurar que P. inventó este hecho delictuoso en contra de V., con el inequívoco propósito de perjudicarlo, siendo ya por esta razón y por su envergadura prueba suficiente para invalidar la credibilidad del testimonio de P.
En cuanto al denominado hecho primero, en el recurso se afirma que Y.P.B. mintió al afirmar los tramos fácticos imputados a V. Continúa luego diciendo que esos hechos no existieron según el alcance fáctico que se dio en la intimación del denominado primer hecho, que
///6. reitera, haciendo notar que la coacción intimada aparece a partir de la frase “allí, en un momento dado, cuando la mujer pudo levantarse para ir al baño…”. No obstante, agrega el recurrente, con la sentencia se condenó a V. por coacciones simples que literalmente se inventaron, pues se transformó el hecho intimado.
Sostiene que esas aseveraciones de la denunciante fueron defendidas por el F. en el debate, quien dijo que quedaba descartada la coacción con arma, rifle, dado que el fin que se había propuesto V., que era que no se fuera P., ya se había logrado con anterioridad pues había doblegado la voluntad de la víctima por medio de golpes y sometiéndola por la fuerza. Se pregunta por qué el señor F. acusó a V. por el delito de coacción simple, si al estar a su razonamiento este solo retuvo a P. por medio de golpes y no por amenazas coactivas simples, por cierto no intimadas. Asegura que la acusación fiscal es nula a este respecto, como lo es la sentencia que lo condenó por coacción.
Aduce que el fallo omitió toda consideración a la presencia del rifle en el denominado primer hecho y que, para peor, se modificó el contenido del hecho intimado dando por acreditado otro respecto del cual V. no se defendió: es el denunciado por V. y no intimado, cuando le demandaba a P. “calmate hija de puta, que sino te voy a cagar matando”. Refiere que del relato de la denunciante, después de que V. se durmió, esperó a la policía y tuvo tiempo para realizar varias actividades; en tal orden de ideas, se pregunta –entre otras cosas- por qué no sacó del lugar el
///7. elemento más peligroso que se describe de todo ese contexto de acción (el rifle), y responde que tiene una respuesta razonable: ningún rifle había allí, en la chacra, ni P. fue coaccionada del modo en que se reprochó a V. en este juicio.
A lo anterior suma que durante todo el proceso la señora Y.P.B. ha falseado la verdad. Menciona dichos de la testigo en la audiencia de debate y cita párrafos, tras lo cual concluye que en la declaración incorporó datos que nunca introdujo en sus declaraciones anteriores...

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