Sentencia Nº 19485/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:24 de Julio de 2017
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 24 días del mes de julio de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "FASSINA, Fernando Iván C/ INSTITUTO GIUSEPPE TASSOTTI S/ Despido Indirecto" (Expte. Nº 19485/16 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo

I.- En la sentencia de fs. 586/592 se rechaza la demanda interpuesta por Fernando Iván FASSINA contra INSTITUTO GIUSEPPE TASSOTTI, y/o Gladis Noemí BUCHER y Carlos Marcelo TASSOTTI, se imponen las costas al actor y se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes

En sus fundamentos comienza señalando los alcances de la presunción creada por el art. 23 de la LCT, respecto de lo cual concluye que desconocida la existencia de relación laboral por parte de los accionados, se impone que el trabajador pruebe el vínculo ya que la citada norma no lo libera de ello, dado el carácter iuris tantum de la presunción legal aludida


Refiere la modalidad de prestación de servicios que se acredita con los contratos acompañados a fs. 5/6 y de fs. 7/8 del año 2008 para el dictado del curso de "Gestor Judicial + Trámites registrales del automotor e inmobiliario" con una duración de 7 meses y clases de 1 y 1/2 hora semanal a dictarse los días miércoles de 19:00 a 20:30 en el primero, y de 11:00 a 12:30 los días sábados en el segundo, celebrados en agosto y septiembre de 2008 respecti- vamente, habiendo corroborado los testigos Iglesias, Charette y Martínez los días y horarios de clases antes referidos, sin que se encuentren probadas las otras actividades que el actor menciona haber desarrollado como envío de material de estudios a alumnos a distancia, jefe de profesores, firmar certificados de asistencia. Que los testigos citados ratifican la postura de los demandados respecto que los servicios se prestaban en los términos de los contratos antes aludidos

Expresa que todo ello es coincidente con los recibos de pago acompaña- dos por el propio actor a fs. 63/77. Refiere que con la documental reservada en Secretaría aportada por el accionado Carlos M. Tassotti, se acredita que la relación entre el mismo y el actor era más amplia que la que surge de los contratos antes referidos, ya que el actor también realizó asesoramiento jurídico y efectuó tareas extrajudiciales según surge de fs. 173/174, las que describe como propias de su actividad de abogado

Asimismo señala que el actor reconoce la firma impuesta en los contra- tos de locación de servicios por él acompañados y por los que agregara el coaccionado Tassotti, por lo que tales actos extendidos en forma privada deben resultar reconocidos en su contenido a tenor de lo normado por los arts. 59 y 60 de la LCT, concluyendo que "...no habiéndose acreditado en forma alguna la invalidez o nulidad de dichos instrumentos, o que los mismos hayan sido suscriptos en blanco o con una intención distinta de la que de ellos surge, corresponde tenerlos por válidos.".

Por último analiza los términos de los contratos, la conducta del actor a la luz del principio de buena fe, su propia declaración en los mismos de que no tenía relación de dependencia laboral y así se mantuvo por más de 2 años, la condición de abogado del actor que no permite pensar que no supiera el alcance de lo que firmaba. Refiere a continuación que ha reconocido el "Acta de Pago" de la participación que le cupo asesorando a su cliente en la desvinculación de Soraya Charette, lo cual lo lleva al convencimiento de que no había relación de trabajo, por lo que concluye que le resultan aplicables los arts. 1623 y 1624 del Cód. Civil.

Apela el actor que expresa agravios a fs. 604/614, los que son contesta- dos a fs. 621/625.

II.- Plantea el apelante un único agravio, en el que critica la errónea evaluación de la prueba por parte del sentenciante y la errónea aplicación del derecho.

En lo sustancial y luego de consideraciones generales respecto del historial laboral del actor -en especial con relación a los co-accionados- comienza sus críticas respecto a los alcances dados por el sentenciante al art. 23 de la LCT, señalando los contornos que adquiere tal presunción cuando se trata de supuestos en que se contrata a profesionales a través del mecanismo de la celebración de contratos de locación de servicios. Que asimismo y más allá de la inadecuada evaluación que hace el sentenciante de la norma ya aludida, en su caso se encuentra también perfectamente acreditada la existencia de un contrato de trabajo y los elementos de subordinación técnica, económica y jurídica, que lo caracterizan respecto de los accionados.

Liminarmente, es preciso señalar que en cuanto a los alcances que debe darse al art. 23 de la LCT, la sentencia en crisis se aparta de la que es ya una jurisprudencia reiterada de este Tribunal desde el precedente "MACHUCA" y que hemos reafirmado más recientemente en el caso "HERRERA", por lo que nos hemos de remitir a lo que hemos sostenido al respecto.

En el primer precedente citado, dijimos: "La jurisprudencia de ésta Cáma ra de Apelaciones en su anterior composición sostuvo que "La mencionada presunción --juris tantum-- emanada del art. 23 de la L.C.T., cede ante la prueba acabada que acredita que los servicios prestados pertenecen a otra relación ajena a la laboral, pues se trata de una cuestión de hecho y como tal sujeta a la prueba pertinente..." (Gaitán c/Agrotec Expte. Nº 12150/04 r.C.A.), así resulta por demás de claro que partiendo del criterio propuesto, el fallo está exigiendo "prueba acabada" de que los servicios fueron de naturaleza no laboral."

"Vale consignar a esta altura del análisis, que la presunción creada por el art. 23 de la L.C.T. ha merecido sendas interpretaciones doctrinarias a saber: amplia, según la cual la sola prestación de servicios hace operar la presunción creada por la norma, estando a cargo de quien dice lo contrario probar su carácter no laboral (sostenida por Fernández Madrid, De la Fuente, García Martínez, Ackerman), y la restrictiva, según la cual para que opere la presunción deberá el trabajador probar que los servicios fueron prestados en relación de dependencia (sostenida por Vázquez Vialard y Justo López)."

"Ratificando el criterio jurisprudencial de esta Cámara que sin dudas se...

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