Sentencia Nº 19455/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:14 de Septiembre de 2017
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 14 días del mes de septiembre de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratu- lados: "SOSA H.A. c / EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS S.A. y Otro S/ Daños y Perjuicios (L.)" (Expte. Nº 19455/16 r.C.A.), venidos del Juzgado L. Nº 6 [actualmente Juzgado L. de Primera Instancia N° 2] de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo
I.- La sentencia en crisis. Viene apelada la sentencia de grado dictada con fecha 22 de octubre de 2015 [obrante a fs. 561/574] según la cual el Sr. juez sustituto a quo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios por enfer- medad profesional interpuesta por H.A.S. contra Exportaciones Agroin- dustriales Argentinas S.A., condenando a esta última a abonar al actor la suma de $ 334.896,34 con más sus intereses, haciendo extensiva la condena a MAPFRE Argentina ART S.A. en los límites del contrato de seguro, con costas
Arriba a dicha condena señalando, previamente, que no existe discusión sobre la existencia de relación laboral dependiente con la empresa demandada (a la que identifica con la sigla E.A.A.S.A.) estableciendo que la controversia gira en torno a la existencia de las lesiones que denuncia el demandante (hernia umbilical abdominal y compromiso auditivo) y si las mismas tuvieron su origen en el ámbito o actividad laboral (manipular medias reses de ganado bovino y luego proceder a su "cuarteo mediante la utilización de una sierra); y, en su caso, la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados (reparación integral de los daños sufridos) que fueran ocasionados por la utilización de elementos de trabajo
Pondera así los distintos informes médicos glosados en autos (de la C.M. Nº 17 -fs. 199/206-; de la C.M. central -fs. 207/212-; y de la perito A. -fs. 344-, y su ampliación de fs. 362/365, resultando de ellos que no presenta incapacidad de origen laboral), en particular la pericia de fs. 402/425 -cuyas observaciones son desesti- madas-, lo que surge del acta de reconocimiento judicial (fs. 473), a resulta de lo cual colige que, "...no habiendo la demandada acreditado su obligación legal de realizar el examen médico preocupacional y periódico al actor antes de enco- mendarle la tarea relacionada con manipular medias reses de 130 kg -que se deslizan sobre roldanas- y en un ambiente de alta sonoridad (arts. 204 a 207, ley 19587, de Seguridad e Higiene laboral), tal incumplimiento autoriza presumir que aquél no presentaba incapacidad al momento de ingresar a las ordenes de la demandada, presunción que no se encuentra desvirtuada por elemento de prueba alguno" (fs. 565 vta.); para, finalmente sostener que, "El incumplimiento de la demandada no permite concluir en la existencia de concausalidad en la generación de los padecimientos del actor puesto que no lo ha demostrado; siendo carga de su propio interés (art. 360, C.. Procesal); ni la propensión del actor a dichas afecciones, ni su culpa o la de un tercero por el que no debe responder, en la producción del daño, como para eximirla total o parcialmente de la responsabilidad civil emergente de la enfermedad profesional sufrida por éste trabajando a las órdenes de aquella con cosas riesgosas de las que se servía para el desarrollo de su actividad (arts. 1113, 2º párrafo del C.. Civil) (fs. 566). Por consiguiente, tiene por configurada y acreditada la enfermedad profesional del actor, lo que le provocó una incapacidad laboral imputable a la demandada y, por ende, lo hace acreedor a la indemnización integral preten- dida
Analiza -luego- el planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT a la luz de la procedencia del reclamo y rubros pretendidos -cuyo examen y cuan- tía determina-, concluyendo que no surgen cubiertos en su totalidad mediante la aplicación de las pautas de la LRT [cuyas prestaciones, por otra parte, nunca fueron otorgadas al actor] por lo que declara su inconstitucionalidad en el caso. Hace lugar a la demanda en base al derecho civil (justipreciando los rubros receptados; por incapacidad sobreviniente: $ 269.896,34; por daño moral: $ 30.000 y por gastos medícos futuros: $ 35.000), rechaza la falta de legitimación pasiva opuesta por MAPFRE Argentina S.A., haciéndole extensiva la condena en los límites del contrato de seguro y sólo respecto del rubro incapacidad sobrevi- niente
II.- Las apelaciones.- La sentencia definitiva resulta apelada por la de- mandada [Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A.] en los términos del memorial de fs. 594/608 vta. y por la tercera citada MAPFRE Argentina ART S.A. conforme memorial de fs. 621/624-. Los agravios de la parte demandada son replicados por la tercera citada MAPFRE [fs. 616/617 vta.]; por la parte actora [fs. 629/637 vta.] y por la perito contadora [fs. 642/643] únicamente en la parcela atinente a la regulación de sus honorarios profesionales. Los agravios de la tercera citada son contestados por la parte actora [fs. 629/637]
La actora ha consentido la sentencia, pero viene apelada por aquélla la resolución de fecha 22.09.2014 [fs. 460/460 vta.] que denegó la realización de una nueva pericial contable; y por la tercera citada la resolución de fecha 6.08.2014 [fs. 526/526 vta.] que le impuso una multa de $ 5.000 por incompa- recencia injustificada a la audiencia de conciliación. Ambos recursos fueron concedidos con efecto diferido [fs. 460/461 y fs. 535].
III.- De los recursos concedidos con efecto diferido. En atención a las facultades conferidas [art. 251 del CPCC] corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto por la parte actora a fs. 457/458 vta. contra la resolución de fs. 449, en tanto no ha expresado agravios en la oportunidad establecida por el art. 71 de la NJF 986, lo que así se decreta. En cuanto al recurso intentado por la tercera citada, MAPFRE Argentina ART S.A. [a fs. 530] contra la aplicación de multa ($ 5.000) por incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación de fs. 526, se abordará seguidamente su tratamiento.
Plantea la ART (fs. 618/620) -como fundamento de su agravio- que la normativa aplicable al supuesto de autos resulta la prevista en el art. 80 de la Ley Nº 986, la que, si bien ha quedado vacía de contenido -atento las sucesivas modificaciones de la moneda de curso legal y la prohibición de actualización de los importes que emana de la Ley de Convertibilidad 23.928- ello no habilita per se al juez a aplicar por analogía las disposiciones contenidas en el CPCC; dado que el legislador es el único órgano competente para establecer el importe de una multa. Plantea asimismo cuestión federal.
Sin perjuicio del agravio puntual referido, lo cierto y determinante -e inad- vertido por el tribunal y la quejosa -es que existía un valladar infranqueable para la efectivización del apercibimiento anunciado por el magistrado de la anterior instancia -cfme. arts. 35 inc. 6º, 37 inc. 4º) y ccds. CPCC-, cual es que la tercera citada no fue convocada a la audiencia de conciliación bajo apercibimiento y que, en caso de incomparecencia injustificada sería pasible de ser multada en la suma de $ 5.000 (que le fue aplicada).
En efecto, mediante resolución de fs. 518 el magistrado citó "a las par- tes" -situación que no reviste la ART; pues claramente se trata de un "tercero citado"- a una audiencia de conciliación para el día 6 de agosto de 2015 a las 08.00 hs., haciéndoles saber ["a las partes"] que debían concurrir personalmente munidos de sus respectivos documentos de identidad; y -expresamente señaló- que "...en el caso de la demandada, su representante legal con poderes y autoriza- ción suficiente a los fines de lograr un acuerdo conciliatorio". N. que esa exigencia se concreta en la "demandada" y está redactado en singular. Deviene claro entonces que, al no estar incluida la tercera citada en ese anoticiamiento y eventual aplicación de multa, no le cabía su automática aplicación.
Ninguna sanción puede aplicarse a quien no fue convocado de modo ex- preso ni bajo apercibimiento de ser pasible de esa multa. El retiro del expe- diente para efectuar el alegato [como interpreta el J. a quo a fs. 526] no puede considerarse notificación fehaciente de un apercibimiento que no se ha- bía explicitado ni estaba dirigido desde el inicio a quien fue luego pasible de la sanción.
Clarifica convenientemente lo dicho la misma resolución en crisis cuan- do, al disponer un cuarto intermedio para el 2 de setiembre de 2015 a las 8.30 hs. "en que se reanudará la presente", establece -ahora sí- de modo expreso que a dicha audiencia debe "...notificarse a la tercera citada por Secretaría, haciéndole saber que en caso de incomparecencia injustificada se le aplicará una multa de $10.000 (arts. 38 y 762 del C.. Procesal)...". Sanción ésta que no fue aplicada, en razón que la tercera citada compareció a dicha cita.
Por las razones apuntadas, no habiéndose configurado [en la resolución de fecha 6.08.2014] respecto la tercera citada [MAPFRE ART] los presupuestos motorizantes de la eventual aplicación de la multa; esto es a) la notificación expresa de la convocatoria a su respecto; b) la incomparecencia injustificada; y c) el previo aviso de apercibimiento de su aplicación; elementales principios de defensa en juicio y debido proceso nos indican que en tales condiciones la multa de $ 5.000 que le fuera aplicada deviene vulneradora de aquellos, y por lo tanto, corresponde dejarla sin efecto; lo que así resuelven.
IV. A) Recurso de la demandada: En su memorial de fs. 594/608vta. nomina 7 (siete) agravios, los que se extractarán seguidamente y luego se a- bordarán en conjunto, toda vez que, en definitiva, confluyen en disentir con la procedencia de la acción de daños y perjuicios intentada por el ex dependiente en base al derecho común y la extensión de esa indemnización.
1) Inexistencia de...

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