Sentencia Nº 188 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 16-03-2021

Número de sentencia188
Fecha16 Marzo 2021
MateriaPROVINCIA DE TUCUMAN Vs. BUDEGUER DIEGO SEBASTIAN S/ REIVINDICACION

SENT Nº 188 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores V.D.C.B.S., y los señores Vocales doctores D.O.P. y A.D.E. -por encontrarse excusado el señor Vocal doctor D.L.- y la señora Vocal doctora M. del P.A. -por no existir votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido y encontrarse excusada la señora V.E.R.C.-, bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Provincia de Tucumán vs. B.D.S. s/ Reivindicación”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor D.O.P., doctora C.B.S., doctor A.D.E. y doctora M.d.P.A., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor D.O.P., dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, del 25/9/2019 que revoca la sentencia del 16/4/2019 y hace lugar a la excepción de prescripción adquisitiva de la demandada.

II.- El recurrente invoca infracción a las normas de derecho (art. 750 procesal); gravedad institucional (art. 748 inc. 2 procesal); definitividad sentencial (art. 748 CPCCT); arbitrariedad basada en fundamento aparente por afirmaciones dogmáticas, construcciones conceptuales que atentan contra la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso legal (arts. 17, 18 y 19 CN; art. 30 CP; arts. 34, 40 y 264 procesal), e inadecuada valoración de hechos y pruebas que produce el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica. Sostiene que se viola el principio de congruencia al considerar como prueba de la posesión el sobreseimiento de V. en el juicio penal por usurpación que fue iniciado por la actora; que forma parte del expediente administrativo que se adjuntó como prueba documental pero que la demanda no invocó en la contestación de demanda ni trató de demostrar en las pruebas ofrecidas en su defensa, ni lo tuvo en cuenta como fundamento de pretensión, ni fue motivo de análisis en la sentencia del A quo. Explicita que para tener por acreditada la posesión tendría que surgir de ese fallo penal cuál es el inmueble que se denunció como usurpado con la correspondiente identificación de matrícula y los datos catastrales y croquis, cosa que no surge de la misma; además, al ser un predio con plurales usurpadores debería estar establecido que V. tenía la posesión de la porción que después cedió al demandado en autos, lo que tampoco surge de aquella sentencia. Por último, destaca el sobreseimiento fue por prescripción de la acción penal sin que la sentencia se expida por el corpus o el animus (cuestión de fondo) por lo que V. podría haber sido un tenedor precario. Se contradice la Cámara, estima, cuando indica que la sentencia sobre usurpación tiene el efecto de demostrar la posesión pero no el de interrumpir la prescripción, más teniendo en cuenta que a tales fines solo basta una Carta Documento exigiendo la desocupación del inmueble. Le causa agravio que la sentencia en crisis nada diga del tiempo en que detentó la posesión el señor G. el que le cede al señor B.; que fue presuntamente de cinco años nada más y que de las pruebas no emerge ningún acto posesorio de G. por lo que no habría prueba para la accesión de posesiones. En cuanto al plano de mensura, dice que fue aprobado por la Comuna de El Cadillal que no está facultada para registrar este tipo de planos (art. 2 inc. 6 Ley N° 3.907). En relación a los pagos de impuestos de inmuebles, manifiesta que las Comunas cedieron el cobro a la Pcia. de Tucumán con la denominada caja única implementada en la Gobernación de A., por lo que para demostrar el animus domini tendría que haber abonado dichos impuestos, CISI, en la DGR y no en la Comuna. Niega que sean demostrativo del animus tales pagos hechos sobre períodos ya vencidos; ninguna de estas contribuciones como tampoco los de EDET y SAT se remontan a 20 años atrás. En cuanto a la boleta de pago de la conexión eléctrica en la comuna supuestamente del año 1985, no emerge a qué inmueble se refiere ni tampoco el fallo manifiesta de qué es demostrativo dicho pago (es algo inédito que la comuna cobre conexión eléctrica). Hay que tener en cuenta, dice, que los señores V. y B. son los dos únicos delegados comunales que son electos desde la vuelta a la democracia. Resalta los considerandos del fallo de Iª Instancia relativos a la pruebas de la demandada (la ponderación debe ser de interpretación restrictiva; se requiere la comprobación insospechada por hechos inequívocos y reiterados, de la posesión, máxime cuando se trata de bienes de dominio público del Estado, sometidos a un régimen especial y diferenciado por la afectación al interés público comprometido; no hay acreditación de actos posesorios como nacimiento y crianza en el predio, cría de ganado, cultivo de zapallo, etc.; el pago de impuestos debe integrarse con otras probanzas para generar convicción judicial sobre posesión). Destaca que dos de los testigos que se citan serían los antecesores en la posesión cuya accesión alega el demandado, con lo que tienen un interés particular en el resultado del pleito. En cuanto a los restantes testimonios no resultan suficientes pues ser tenido como dueño es una cuestión de forma que no implica la realización de actos posesorios, lo que debe comprobarse por otras acreditaciones. Se refiere nuevamente a los considerandos del juez de primera instancia, esta vez en relación a la declaración del demandado B. ante la F.ía de Estado y a la cuestión de público conocimiento relativa a las irregularidades de la zona de El Cadillal que ha desplegado las acciones del Estado para su regularización. Demuestra con las pruebas que detalla, la posesión del Estado sobre esas tierras en conflicto (expropiación). Manifiesta que el señor V. es delegado de la comuna y no puede serlo y al mismo tiempo poseedor animus domini cuando en aquel carácter no pudo modificar el estado de hecho ni la condición jurídica de los inmuebles a su cargo y que debía preservar a nombre del Estado. De allí que era necesario que probara en forma clara e indubitable el momento en el que comenzó a poseer el inmueble para sí y que para ello debía probar hechos que extinguieran su vínculo con la comuna para dar lugar a su propia posesión animus domini. Efectúa conclusiones sobre lo que expuso; propone doctrina legal; mantiene reserva de la cuestión federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 11/12/2019; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y, en su caso, la procedencia del mismo.

IV.- El Tribunal a quo considera los agravios de la parte recurrente y luego, liminarmente, se aboca a tratar el rechazo de la defensa de prescripción adquisitiva interpuesta. Al respecto considera que resulta determinante para decidir el recurso, establecer si el accionado demostró la posesión veinteñal en la que la sustenta, según el art. 2790 CC; si se ha comprobado la posesión animus domini, sin que ello implique la adquisición de dominio del bien porque la prescripción ha sido opuesta como defensa, sin reconvenir por usucapión. Ante tal situación, dice, la valoración de la prueba que respalda tal pretensión es restrictiva y debe comprobarse la adquisición de manera insospechada, por hechos inequívocos y reiterados, pues de lo contrario rige la regla de la seguridad estática, por la cual el derecho del propietario se juzga subsistente. Recuerda los argumentos por los cuales el juez a quo hubo desestimado la prescripción adquisitiva. Expresa luego que, del análisis de las constancias de autos emerge que el juicio fue iniciado en 26/8/2016 por lo que para repeler la acción intentada el demandado debió demostrar su posesión durante los veinte años previos en las condiciones de ley (pública, pacífica e ininterrumpida) por lo que se remonta a julio de 1996 (atento al efecto interruptivo de la demanda de reivindicación). Explicita el Tribunal de mérito que la posesión del actor está acreditada a partir de la adquisición del inmueble por boleto de compraventa a S.G.G. en fecha 15/12/2009, pero también existe prueba de la posesión de sus antecesores sobre el inmueble, produciéndose la accesión de posesiones durante el tiempo requerido por la ley para que se produzca la usucapión a su favor. Pondera que a fs. 18/21 se agrega copia de la sentencia del Juez de Instrucción por la cual se sobresee, entre otros, a M.R.V., que había sido denunciado por la actora imputándosele el delito de usurpación, lo que implica, por un lado, que era un poseedor del inmueble, es decir tenía el corpus y el animus domini, y, por el otro, que el eventual efecto interruptivo de la prescripción por la denuncia penal, quedó sin efecto por el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Explicita que si V. fue denunciado por usurpación, era porque estaba en la posesión del inmueble. Por otra parte, prosigue el razonamiento sentencial, consta que M.R.V. le retribuye la labor de su apoderado S.G.G. cediéndole una fracción del inmueble, en fecha 22/01/2004, quien luego la vende por boleto al actor B.; que el plano de mensura data del 23/9/2004; que se agregan los certificados de libre deuda del 12/8/1991 y del 22/12/1993; que hay resumen de facturas por energía impagas del 07/06/97, indicándose que corresponde al loteo V.; que se agrega el plano de conexión eléctrica de fecha 10/12/1985, ante la Comuna El Cadillal que también es demostrativo de que V. tenía la posesión del inmueble. Que, por tanto, las boletas de impuestos y de servicios acompañados por EDET, AyE y SAT acreditan el animus posesorio y la prueba del corpus deriva del hecho de haber sido imputado V., antecesor en...

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