Sentencia Nº 18762/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016

Fecha de Resolución: 2 de Agosto de 2016
 
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[CCSR2]PONCE, J.C..08.2016

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 2 días del mes de agosto de 2016, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "PONCE, J.C.c. REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERV. PUBLICOS Y SOCIALES DEL OESTE PAMPEANO s/ L." (E.. Nº 18762/15 r.C.A), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de la IIIra. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo:

I.- Mediante la sentencia de fs. 1136/1146 se hace lugar parcialmente a la demanda laboral interpuesta por J.C.P. contra la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano, condenando a la vencida al pago de la suma que surja de la planilla a practicarse, con costas y se regulan los honorarios de los letrados intervinientes. Mediante aclaratoria de fs. 1153 se determinan los emolumentos a la perito contadora actuante. -

En sus fundamentos expresa que las cuestiones a decidir son: si se encuentra probada la causal de despido invocada y en caso afirmativo establecer la procedencia de los rubros reclamados y su cuantía.

Respecto de la primer cuestión comienza señalando que el distracto se produce cuando el actor es despedido con causa invocando pérdida de confianza para el desempeño de su cargo de G. de la COOSPU, que para ello el Consejo de Administración esgrimió una extensa nómina de hechos justificativos entre los que se mencionan: 1) Negligencia basada en falta de reclamos a la APE, 2) conducta persecutoria para con la trabajadora Sra. C.N.S., 3) grave irregularidad en permitir la prestación de servicio de energía eléctrica y ejecución de obras a las familias que habitan terrenos ubicados en la Avda. Circunvalación S.. R.O., 4) irresponsabilidad al afectar los compromisos fiscales de la Cooperativa ante la falta de pago del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa devengados por los ejercicios cerrados de 2009, 2010 y 2011, 5) desatención y falta de cumplimiento de su rol de G. en relación a los sectores de Internet y Coospu Hogar con la consiguiente deficiente prestación de servicios, 6) falta grave al demorar casi 3 años la confección de documentación que permita poner a disposición de la Asamblea de Asociados los Balances, Memorias y demás Anexos, 7) Negligencia y mal desempeño de su cargo al no sugerir ni adoptar medidas que permitan el recupero de la suma de $ 1.705.000 adeudada por los asociados.

Luego procede a recordar el carácter Cooperativo de la demandada; el rol del Consejo de Administración que tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales; que con fecha 1 de agosto de 2012 según acta Nº 545 asumen nuevas autoridades de conducción de la accionada y que por acta Nº 548 de fecha 22 de agosto del mismo año se decide el despido del Cr. P., lo que se notifica mediante escritura Nº 267, habiendo transcurrido 21 días de gestión.

Se ocupa de señalar los alcances del concepto de injuria grave, refiere el importante cargo de dirección del actor y que ello autoriza al empleador a ser más severo al evaluar su actuación y si la misma resulta reprochable debe tenerse en cuenta que los hechos deben ser contemporáneos.

Refiere que los hechos que se le imputan al actor son anteriores a la asunción de las nuevas autoridades, lo que hace que expresamente en el acta Nº 548 consignen que las irregularidades descriptas "...no pueden ser permitidas por esta nueva gestión...", en definitiva concluye que los hechos que se le imputan al gerente no cumplen con el requisito de contemporaneidad con el despido ya que todos ellos fueron anteriores, algunos de larga data, los que fueron consentidos por las anteriores autoridades de la COOSPU, respecto de las cuales recuerda los deberes y atribuciones del Consejo de Administración en los términos del art. 56 de su Estatuto Social, no siendo admisible la delegación de facultades al gerente por estar expresamente prohibido por el inc. II del citado artículo, lo que lo lleva a concluir que los hechos y omisiones en que hubiera incurrido P. contaban, por acción u omisión, con el aval o consentimiento del Consejo de Administración en funciones, hasta que llegaran las nuevas autoridades, sin que con anterioridad le fueran aplicadas sanciones, advertencias o apercibimientos de neto corte laboral.

Que en definitiva las nuevas autoridades no fijaron nuevas pautas de gestión gerencial a P. y que éste incumpliera, sino que su falta de confianza obedecía a un informe producido a 7 días de asumir la nueva conducción y sobre circustancias anteriores, vistas con el prisma de los nuevos Consejeros, pero aceptadas o consentidas por la composición anterior del Consejo de Administración. Todo lo cual le permite arribar a la conclusión que las causales que invocó la empleadora para el despido no han sido justificadas, ello en virtud de la falta de contemporaneidad del distracto con los hechos u omisiones fundantes del mismo y que como ya se dijo contaron con el consentimiento por acción u omisión del anterior Consejo de Administración, sumado a ello la inexistencia de antecedentes que advirtieran al reclamante sobre la manera irregular que llevaba a cabo su función de G., lo que lo lleva a resolver que el despido devino incausado.

Luego analiza la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados; se expide por la inconstitucionalidad parcial del art. 245 de la LCT en orden a lo resuelto por la CSJN en el caso V.; admite las diferencias por la indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido con la correspondiente incidencia del SAC, vacaciones no gozadas y SAC proporcional, como asimismo lo reclamado a tenor del art. 2 de la ley Nº 25.323.

Apela la accionada que expresa sus agravios a fs. 1160/1173, los que son contestados por el actor a fs. 1175/1191.

II.- Plantea la demandada cuatro agravios...

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