Sentencia Nº 1846/19 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:1846/19

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veinte, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, Dr. Eduardo D. Fernández Mendía y por su vocal, Dra. Elena V. Fresco, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “MÁRQUEZ LILIANA MÓNICA CONTRA QUIÑONES DAMIÁN SOBRE EJECUCIÓN DE HONORARIOS”, expte. nº 1846/19, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que
RESULTA:
I.- A fs. 68/74 vta. Damián Quiñones, por su propio derecho, con el patrocinio letrado de José Luis Bernal, abogado, interpone recurso extraordinario provincial en los términos del artículo 75 de la NJF n° 986 y de los incisos 1° y 2° del art 261 del CPCC contra la sentencia de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que a fs. 65 resolvió: “I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado a fs. 32, con costas”
Acredita el cumplimiento de los recaudos formales, y relata los hechos de la causa diciendo que el trabajador promovió una demanda laboral por despido y reclamo de diferencias laborales, la que prosperó por la totalidad de los rubros en primera instancia
Sin embargo, apelada que fue esta decisión la Cámara de Apelaciones admitió parcialmente el reclamo por la suma de $92.466,00 mientras que las costas de primera instancia se impusieron al demandado en lo que había prosperado y al trabajador por los rubros desestimados o por los que habían prosperado por menos del 50%
Añade que este pronunciamiento implica que el trabajador deberá hacerse cargo de los honorarios de la patrocinante del demandado, abogada Liliana M. Márquez, los que ascendieron a $55.796,57
Sigue diciendo que la profesional mencionada promovió una medida cautelar en la que requirió que se trabara embargo preventivo sobre el 20% del monto que tenía el actor para cobrar en el juicio principal ($ 156.619,00), conforme la aplicación de los arts. 120, 147 y 149 de la LCT y del decreto reglamentario N° 484/87
Expresa que el 18 de octubre de 2018 promovió la ejecución de sus honorarios, el tribunal mandó llevar adelante la ejecución, transformó el embargo preventivo en ejecutivo y citó al ejecutado para que opusiera excepciones
Aclara que el trabajador planteó la excepción de inhabilidad de título con fundamento en que la parte ejecutante no había demostrado previamente que el empleado ejecutado hubiera mejorado de fortuna, conforme lo dispuesto en el art. 13 de la NJF N° 986 y en el art. 20 de la LCT apoyando su defensa básicamente en dos precedentes del Superior Tribunal de Justicia.
Detalla que en primera instancia se hizo lugar al planteo de la ejecutante, pronunciamiento que apelado por su parte, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
Sostiene que ha existido una errónea aplicación de la ley referida a los alcances del beneficio de gratuidad consagrado por el art. 13 de la ley de procedimiento laboral en concordancia con el art. 20 de la LCT.
Indica que según la opinión del camarista que dirime la disidencia el segundo párrafo del art. 13 está referido exclusivamente a las medidas cautelares pero en modo alguno puede extenderse al resultado del pleito.
Manifiesta además que la interpretación es errónea porque otorga preeminencia a normas del proceso civil (medidas cautelares) por sobre la normativa especial prevista en el procedimiento laboral.
Transcribe la norma de procedimiento y sostiene que se sustenta en el estado de hiposuficiencia económica que por regla general afecta a los trabajadores y tiende a garantizar no solo la posibilidad de acceso a la justicia y la gratuidad de trámites sino que también comprende dos situaciones: una, el pago de costas y honorarios y otra, la responsabilidad por medidas cautelares, poniendo como condición para responder la mejora de fortuna, todo ello en concordancia con las prescripciones de rango constitucional.
Entiende que si el legislador hubiera querido referirse exclusivamente a los incidentes de medidas cautelares lo hubiera dicho, además no se explica por qué se exonera al trabajador sólo del pago de honorarios en las medidas cautelares y no en el proceso principal.
Añade que la sentencia en crisis es arbitraria ya que realiza una interpretación equivocada y aislada, con un criterio claramente privatista del beneficio otorgado por el art. 13 de la NJF N° 986 que claramente complementa y mejora a nivel local el beneficio otorgado a los trabajadores por el art. 20 de la LCT, impidiendo el pago de las costas y honorarios hasta tanto no se demuestre que han mejorado de fortuna.
Cita dos precedentes de este Superior Tribunal de Justicia, “Hernández Gómez” y “Fernández Marta Lis”, transcribe algunos párrafos de ambas sentencias y concluye diciendo que la doctrina que surge de tales fallos difiere en cuanto a sus efectos o alcances al sentado por la sentencia en crisis por lo que solicita que se case y se admita la excepción de inhabilidad de título.
Hace reserva del caso federal toda vez que la sentencia atacada viola garantías y derechos contemplados en los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y pactos internacionales.
Por último, solicita que se revoque la sentencia impugnada y se dicte un nuevo pronunciamiento.
II.- Admitido el recurso por la Cámara de Apelaciones, este Superior Tribunal lo declara prima facie admisible, a fs. 82/82 vta. en los términos del art. 261 incisos 1° del CPCC.
III.- Corrido el traslado a la parte recurrida, contesta a fs. 85/93 y solicita que se rechace el recuso interpuesto.
IV.- A fs. 94 se llama autos para sentencia y;
CONSIDERANDO:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 1º del art. 261 del CPCC? SEGUNDA CUESTIÓN: en su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?
PRIMERA CUESTIÓN:
El Dr. Eduardo D. Fernández Mendía dijo:
1°) El recurrente sostiene que ha existido una aplicación errónea de la ley puesto que los magistrados entendieron que el beneficio de gratuidad establecido tanto en el art. 13 de la NJF N° 986 como así también en el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo no los exime del pago de las costas judiciales ya que, estos artículos estipulan un beneficio de gratuidad y no de pobreza, por lo cual no se debe acreditar que el trabajador mejore de fortuna para ejecutar honorarios.
2°) Como se advierte la controversia traída a estudio se vincula con el alcance del beneficio de gratuidad laboral, tema que genera soluciones jurisprudenciales disímiles en los tribunales provinciales (v. Fabiana Berardi y Toribio Enrique Sosa, Beneficio de gratuidad al consumidor: comparación con el beneficio de litigar sin gastos civil y comercial y con el beneficio de gratuidad laboral, Cuadernos de Doctrina Judicial de la Provincia de La Pampa, Vol. VII, n° 2/diciembre 2015).
Si bien este Superior Tribunal ya ha precisado que ambas normas se complementan (STJ, “Hernández Gómez”, expte. n° 972/08, 26/11/08 ) se da aquí la oportunidad de analizar más detenidamente la cuestión porque constituye el centro del agravio.
Asimismo respecto a igual tema ya me he pronunciado en el expediente “Fernández Marta Lis” (expte. N°1601/16, 12/10/2017) y en “Schwab” (expte. N° 1796/19, 01/11/2019), por lo que reproduciré aquí las manifestaciones que he vertido en ambos pronunciamientos.
3) Es sabido que el principio protectorio no es sólo el espíritu rector del Derecho del Trabajo sino la consagración de un mandato constitucional expreso que exige la protección concreta del trabajo en sus diversas formas.
Sería inútil esa protección si no se previera, además un correlato en el ámbito procesal, es decir, aquel en el que tales derechos pueden hacerse valer cuando han sido vulnerados o desconocidos.
En ese sentido, el art. 20 de la LCT prevé la gratuidad de los procedimientos judiciales y administrativos derivados de su aplicación, de la de los estatutos profesionales o de las convenciones colectivas de trabajo, tanto para el trabajador como para sus derechohabientes.
Establece además que su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas judiciales y que en caso de pluspetición inexcusable, deberán ser soportadas solidariamente por él y su letrado.
Se constituye, de este modo, una zona patrimonial de reserva, tal como la denomina el Dr. Juan C. Fernández Madrid, al tratar la gratuidad dentro de la regla de la indemnidad, en virtud de la cual se sostiene que el trabajador debe salir indemne de la relación laboral (Tratado Práctico del Derecho del Trabajo,...

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