Sentencia Nº 18338/14 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:25 de Julio de 2017
 
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En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 25 días del mes de julio de 2017, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratu- lados: "AROSTEGUICHAR H.D.C./ PROVINCIA DE LA PAMPA Y OTROS S/ Daños y Perjuicios" (E.. Nº 18338/14 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, L. y de Minería Nº 1 de la Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo

I.- Mediante la sentencia de fs. 1387/1412 la Sra. juez a quo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 39 inc. 1), 14 inc. b) y de la cláusula adicional 3ra. del art. 49 de la ley Nº 24.557, e hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, con sustento en normas del derecho común interpuesta por H.D.A., condenando a la Provincia de La Pampa, G.B. y M.A.D. (estos últimos por sí y en representación de su hijo F.B.) a abonar al actor la suma de $ 180.192,31 con más intereses a tasa mix desde el 04/03/05, dentro de los diez días de quedar firme el pronunciamiento y en la proporción de responsabilidad que a cada uno se le asignó en los considerandos. Las costas del juicio se impusieron a los code- mandados vencidos y se regularon honorarios de los profesionales del derecho y peritos intervinientes

Dicho pronunciamiento ha sido apelado por el actor expresando sus a- gravios a fs. 1456/1465, los que fueron contestados a fs. 1470/1475 y a fs. 1483/1484 por los codemandados

El Estado Provincial, por su parte apeló en los términos de su memorial de fs. 1492/1510vta., los que fueron evacuados por la actora a fs. 1512/1515 y a fs. 1522/1526 por los codemandados. Estos últimos también apelaron el fallo conforme los agravios que expresaron a fs. 1535/1541vta., que fueron contes- tados a fs. 1549/1553 por el actor y a fs. 1560/1564 por la Provincia de La Pampa

II.- APELACION DEL ESTADO PROVINCIAL: a) Se agravia inicialmen- te este apelante porque se declaró la inconstitucionalidad de las mencionadas normas de la LRT. Indica que tal declaración fue dogmática, sin explicar porque se colige la irrazonabilidad y/o arbitrariedad de dicho régimen legal, limitándose a citar lo fallado por la CSJN en el caso “A.” de manera abstracta, omitiendo valorar en el caso las pretensas vulneraciones de los derechos que se denunciaron en la demanda. Expresa que no se valoró que el actor fue asistido médicamente, que en su reclamo posterior al accidente en el E.. Nº H 55.278 caratulado: ”AROSTEGUICHAR, H.D.c. PATRONAL ART (originario del Juzgado Civil Nº 4), la Aseguradora depositó las sumas reclamadas -que a la fecha de contestación de la demanda existía un depósito de $ 208.749,82 (plazo fijo)-, las que se encuentran embargadas y que percibió el pago de un adicional de $ 30.000 mucho antes del dictado de la sentencia dictada en autos. Manifiesta que la sentenciante no ha efectuado un cálculo comparativo entre lo percibido o sumas a percibir por el actor por el régimen de la LRT y lo que le correspondería por vía civil sea sustancialmente superior en este último caso como para justificar la declaración de inconstitu- cionalidad. Afirma que la inconstitucionalidad decretada no se encuentra funda- da en las particularidades del caso, por lo que no habiendo sido acreditada entonces violación a las garantías que se dicen conculcadas, no cabe sino concluir en la validez del art. 39 de la ley Nº 24.557. Sostiene además la apelante que teniendo en cuenta la cuota de responsabilidad que se le ha atri- buido en autos y lo que ha percibido o tiene a percibir el actor por el régimen de la LRT, nada adeuda al accionante. Por todo ello, solicita que se desestime la inconstitucionalidad decretada y se resuelva que de las sumas a las que ha sido condenada a pagar en autos sean detraídas de las sumas liquidadas y depositadas por la ART en el marco de la ley Nº 24.557

El agravio inicial no puede prosperar. El hecho de que la Sra. juez a quo no hubiere efectuado un cálculo comparativo entre lo que le corresponde percibir al actor por el régimen de la LRT y lo que podría cobrar por aplicación de la ley civil, no es un dato que autorice por sí solo a desestimar la inconstitu- cionalidad decretada con sustento en lo resuelto por la CSJN en el caso “A., cuyos fundamentos se comparten. Es que, con independencia de tal cotejo numérico, lo cierto es que el régimen de la LRT no contempla la posibilidad de que el trabajador o sus derechohabientes tengan derecho a reparación por los daños extrapatrimoniales (vg.: daño moral), motivo suficiente per se para advertir que de tal modo se vulneran los principios de igualdad ante la ley y el de no dañar a otro, lo que torna entonces procedente en el caso la inconstitucionalidad decretada en la instancia anterior.

En tal sentido ello ha sido receptado por esta Cámara de Apelaciones en el E.. Nº 17275/12 r.C.A., en el que la Dra. E. indicara: "Suscribo en su integridad el voto que antecede, a excepción de la fundamentación propiciada en torno a la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1° de la Ley N° 24557, en cuanto la colega preopinante considera que la misma no se declara en abstracto. Entiendo, por adherirme al voto de Petracchi-Zaffaroni y Highton de N. en el fallo "A." y a lo expresamente sostenido por la Dra. A. en su voto en la causa "D.v.V.S., que la inconstituciona- lidad de la norma en cuestión se debe declarar en abstracto, por no adecuarse a los lineamientos constitucionales (art. 14 bis, 16, 18 y 19 de la CN). La palmaria inconstitucionalidad de la norma en cuestión, hizo que finalmente en el año 2012 fuera expresamente derogada por el Congreso Nacional (Ley N° 26773)".

Lo dicho, lo es sin perjuicio de la deducción del valor de las prestaciones que haya percibido o deba percibir el actor de la ART, conforme lo establecido por el art. 39 apartado 4 in fine de la ley Nº 24.557.

b) En su segundo agravio se queja la apelante porque se le atribuyó el 20% de responsabilidad en la generación del hecho dañoso, en atención a la culpa concurrente de su dependiente, el oficial de policía T., conductor del móvil policial involucrado en el evento. Indica que no está probado que el nombrado circulara a 60 km/hora como apreció la Sra. juez a quo para entender que no se condujo con cuidado y previsión en el manejo del vehículo y que si bien T. manifestó que circulaba a dicha velocidad, ello es sólo una apreciación personal que no está corroborada por una pericial técnica que permita constatar el grado de velocidad. Sostiene que el único responsable del accidente fue el conductor de la camioneta F100 (el menor F.B.) que embistió al móvil policial, accionar que fue la causa adecuada y eficiente de la lesión que sufrió el actor, pues admitió su responsabilidad en el suceso al estar de acuerdo con lo expresado por T. en la exposición policial, donde reconoció además que no se encontraba habilitado para conducir por no contar con la edad para ello. Afirma también que T. efectuó una maniobra de esquive, lo que demuestra que tenía pleno control del rodado que conducía. Por ello, solicita que se revoque la sentencia que le atribuyó responsabilidad concurrente a su dependiente T. en la generación del accidente.

Tampoco este agravio puede prosperar. Ha sido el propio conductor del móvil policial (T.) quien en su declaración de fs. 943 estimó que transitaba a 60 km/h, extremo que por lo tanto debe tenerse por probado al estar además corroborado por la apreciación del testigo G., en cuanto a que la camio- neta policial circulaba más o menos a dicha velocidad (fs. 1085).

La aludida velocidad a la que conducía T. revela que la misma era por lo menos inapropiada para el desvío de tierra por el que transitaba, enfren- tando una curva (véase croquis policial de fs. 27) y en un lugar donde la visibilidad no era óptima, pues a ambos costados del desvío existían planta- ciones que superaban la altura de los vehículos, tal como puede observarse en las fotografías reservadas en Secretaría.

Tal velocidad excesiva -en la ocasión- es la que le impidió mantener el pleno dominio del rodado para evitar la colisión con la otra camioneta que apareció en la curva, evidenciando un accionar culposo del mencionado depen- diente policial (art. 512 y 1109 del C.C.) que no autoriza a eximir de...

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