Sentencia Nº 1824-1995 de Cámara Nacional Electoral del 20-03-1995

Fecha de Resolución:20 de Marzo de 1995
 
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CAUSA: "Partido Comunista s/promueve acción de amparo orden nacional" (EXPTE. Nº 2.508/95 CNE) CAPITAL FEDERAL

FALLO Nº 1824/95

Buenos AIRES, 20 de marzo de 1995.-
Y VISTOS: Los autos "Partido Comunista s/promueve acción de amparo orden nacional" (EXPTE. Nº 2508/95 CNE), venidos del juzgado federal electoral de la Capital Federal en virtud del recurso de apelación deducido y fundado a fs. 36/42 contra la resolución de fs. 30/32 vta., obrando la contestación de agravios a fs. 45/50, el dictamen del señor fiscal actuante en la instancia a fs. 54, y
CONSIDERANDO:
1º) Que a fs. 4/16 el Dr. Carlos Israelson, en su carácter de apoderado general del Partido Comunista, interpone acción de amparo con sustento en lo normado por el art. 43 de la Constitución Nacional tendiente a obtener lo siguiente:
1.- La tutela del derecho adquirido sobre los fondos correspondientes a los partidos políticos que fija el art. 46 de la ley 23.298 (arts. 14, 16, 17, 19, 33, 37 y 38 de la C.N.).-
2.- La consecuente fulminación -nulidad absoluta e insanable- de la interpretación impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio del Interior) al art. 24 de la ley 24.447, objetivada en la resolución Nº 57/95 de dicho Ministerio, conforme con la cual los fondos de titularidad de los partidos políticos deben ser asignados atendiendo los resultados del acto electoral del 3-10-93 y no -como correspondería- del 10-4-94 (ley 24.309).-
Solicita finalmente que para el caso de que entienda que el hecho confiscatorio contra el que se endereza esta acción tuitiva de derechos y garantías constitucionales emana del propio art. 24 de la ley Nº 24.447, la señora juez a quo ejerza la potestad que le confiere el art. 43 de la Constitución Nacional y declare la inconstitucionalidad de dicha disposición legal por ser claramente lesiva de los derechos invocados en el punto 1.-
Pide asimismo como medida cautelar la suspensión de la convocatoria electoral dispuesta para el 14 de mayo de 1995.-
A fs. 17 la señora juez deniega la medida precautoria solicitada y confiere traslado de la demanda al Poder Ejecutivo Nacional, el cual contesta a fs. 22/27 vta.-
A fs. 29 y vta. emite dictamen el señor Fiscal solicitando el rechazo del amparo con base en lo dispuesto por el art. 2 de la ley 16.986 "toda vez que se cuestionan normas que podrían estar en contraposición con normas constitucionales, lo que invalida el procedimiento impetrado", y con base en jurisprudencia de este Tribunal según la cual en materia electoral no resultan idóneos los procedimientos reglados por la ley 16.986 ni por el art. 321 inc. 2º del Código Procesal en tanto la ley 23.298 prevé trámites específicos para la resolución de las cuestiones vinculadas con la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones que tanto ella como otras disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos y ciudadanos en general.-
A fs. 30/32 vta. la magistrado a quo dicta SENTENCIA rechazando la acción de amparo.-
Tras discrepar con los argumentos que el señor fiscal expone para solicitar el rechazo del amparo, expresa en sustancia -en cuanto aquí interesa para la resolución de la causa- que la ley 24.447 de "Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1995" fue publicada el 30 de diciembre de 1994, es decir con anterioridad a que el Poder Ejecutivo Nacional convocara a elecciones presidenciales mediante el decreto Nº 189/95, de donde deduce que la modificación que el art. 24 de dicha ley introdujo al art. 46, párrafo, de la ley 23.298, al sustituir el criterio de la "última elección" por el de "última elección de diputados nacionales" no vulneró derecho adquirido alguno, en tanto tal derecho de la actora, en los precisos términos del art. 46 de la ley 23.298 nace "al tiempo de iniciarse una campaña para elecciones nacionales...", circunstancia ésta que se da formalmente recién con la convocatoria a elecciones realizada mediante el decreto Nº 189/95 del Poder Ejecutivo Nacional.-
Concluye de ello que hasta el momento de la convocatoria el partido de autos sólo tenía una mera expectativa que, por ende, podía ser modificada -sin que ello significara afectar un derecho patrimonial que todavía no existía- como lo fue por la ley 24.447 al determinar que la elección que debía tenerse en cuenta no era "la última" a secas, sino, específicamente, la última elección de "diputados nacionales".-
Esta decisión motiva los agravios de fs. 36/42. Argumenta en lo esencial el apelante que el derecho adquirido conforme al art. 46 de la ley 23.298 se concreta al aprobarse el resultado electoral de la última elección, y que el hecho de que los fondos se paguen en vísperas de la nueva convocatoria electoral, no comporta que el derecho recién se concrete en oportunidad de efectivizarse esa nueva convocatoria, la cual sólo sirve para establecer el momento en que debe operar el pago y nada más. Expresa asimismo que debe ingresarse al examen de si la resolución Nº 57/95 del Ministerio del Interior y el art. 24 de la ley 24.447 "pueden trasmutar y quebrantar principios de especialidad (art. 19 C.N.) contenidos en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y ahora jerarquizados a través de las disposiciones de los arts. 37 y 38 de la C.N., para llevar la expresión "última elección" a "última elección nacional de diputados". Expresión que luego es extendida por la Resolución Nº 57/95 para fijar que se trata de la del 3 de octubre de 1993 y no -como correspondería- la del 10 de abril de 1994.-
A fs. 45/50 contesta el representante del Estado Nacional.-
A fs. 54 el señor Fiscal Electoral actuante en esta alzada se remite a lo expuesto en su dictamen anterior y solicita la confirmación de la resolución apelada.-
2º) Que en primer lugar debe dejarse sentado que el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece, con relación a la acción de amparo, que "el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o la omisión lesiva". Esta previsión constitucional introducida por la reforma importa la derogación de la prohibición en tal sentido dispuesta en el art. 2º de la ley 16.986, toda vez que resulta incompatible con el sistema establecido por ésta (arg. CSN 258:267).-
Por lo demás, si bien la jurisprudencia de esta Cámara citada por el señor fiscal mantiene en principio plena vigencia, no es menos cierto que a la luz del nuevo texto constitucional debe valorarse en el caso concreto si los procedimientos específicos de la ley 23.298 son o no más adecuados que los de la ley 16.986 para la tutela del derecho constitucional y político de que se trate, toda vez que dicho texto establece que "toda persona podrá interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo".-
En el caso, la magistrado a quo consideró que, dado que se pide amparo exclusivamente contra un acto de autoridad pública, resulta más idóneo el trámite de la ley 16.986 y, en lo que fuere pertinente, el del art. 65 de la ley 23.298, habida cuenta también de la naturaleza sumaria del procedimiento previsto por esta última norma y de la facultad de
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