Sentencia Nº 1820/19 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 1 de Noviembre de 2019
 
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SANTA ROSA, 1º de noviembre de dos mil diecinueve.-

VISTOS: Los presentes autos caratulados: "ÓRGANO FIDUCIARIO ASOC. CIVIL CLUB ATLÉTICO STA. ROSA c/TALMÓN Raúl Alberto y Otros s/Daños y Perjuicios – Medida Cautelar", expediente nº 1820/19, registro Superior Tribunal de Justicia, Sala A, y; RESULTANDO:

1°) Que a fs. 1236/1251 el Sr. Jorge Omar Sánchez por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Enrique Alberto Moreno interpone recurso extraordinario provincial contra la decisión de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, la que en su parte resolutiva dispuso: "I.- Rechazar la apelación interpuesta por el coaccionado Jorge Omar SANCHEZ contra la sentencia de fs. 1037/1044, por los fundamentos dados en los considerandos" (fs. 1227vta).-

Funda el recurso interpuesto en los incisos 1º y 2º del art. 261 del CPCC.-

2°) Al relatar los antecedentes de la causa expresa que en virtud del juicio abreviado en autos caratulados "Sánchez, Jorge Omar, Gómez, Miguel Ángel y Talmón, Raúl Alberto s/Defraudación por Administración Fraudulenta en calidad de coautores en forma reiterada y en concurso real", en cuyo marco resultan condenados a pena de prisión de ejecución condicional, se interpone demanda por daños y perjuicios contra los demandados fundada en los arts. 1102 y 1109 del CC.-

Dice que a fs. 391 se denuncia acuerdo arribado entre la parte actora y el órgano fiduciario conjuntamente con el presidente de la asociación y el Sr. Miguel Ángel Gómez, cuya resolución luce glosada a fs. 385/390 en los autos caratulados: "Asociación Civil Club Atlético Santa Rosa s/Quiebra (a solicitud de Asociación Civil Club Atlético Santa Rosa)" expte. B 49562. Y como consecuencia del acuerdo arribado luego se acompañan copias de la escritura de la dación en pago y compraventa (fs. 420/437 y 438/453).-

Señala que del acuerdo conciliatorio arribado surge la extinción de la obligación reclamada, hecho sobreviniente que alcanza a todos los codeudores solidarios y acota que las responsabilidades entre los mismos no es idéntica en función de los cargos que ocupaban en la institución civil.-

Indica que en primera instancia se hace lugar al reclamo y se determina el quantum por el que prospera, por lo que luego cuestiona en su memorial de agravios la omisión de todo tratamiento de la extinción de la obligación reclamada en forma solidaria conforme el acuerdo conciliatorio celebrado entre la actora y el codemandado Gómez, el cual sostiene que comprendía todos y cada uno de los rubros reclamados. Asimismo reitera que en la sentencia se omitió distribuir la responsabilidad entre los codeudores en función de los cargos institucionales que cumplían y agrega que la cuantificación económica del acuerdo excedía lo reclamado en todas las causas judiciales. Finalmente cuestiona la interpretación que se hace en primera instancia sobre los alcances de la sentencia penal en relación al juicio civil –al no determinarse el alcance reparatorio que le hubiere correspondido a cada deudor solidario–, como así también el haber omitido valorar prueba trascendente en relación a que las irregularidades imputadas no se correspondían con los períodos en los cuales los codemandados estuvieron frente a la institución.-

Manifiesta que la alzada rechaza la apelación impetrada con sustento en la inobservancia de recaudos procedimentales y de fondo, por no cumplirse con las exigencias del art. 246 del CPCC. Además funda la decisión indicando que la distinción de responsabilidades entre los demandados no constituyó un hecho controvertido, que no puede obviarse que los codemandados fueron condenados en sede penal y que no surge que la deuda reclamada estuviera saldada.-

Critica la sentencia del tribunal de mérito, con sustento en el inciso 2º del art. 261 del CPCC, el argumento procesal referido a la introducción tardía del planteo de extinción de la obligación solidaria en tanto la petición de que sea considerado el convenio conciliatorio fue realizada en su alegato y no dentro del plazo y en los términos del art. 348 del CPCC. Contrariamente a lo resuelto, plantea el recurrente que el convenio había sido agregado a la causa mucho tiempo antes motivando las resoluciones que disponían la prosecución de la causa solamente contra Sánchez y Talmón y que la autorización del acuerdo no obstaba la continuidad de las causas contra los coaccionados. En razón de ello señala que la Cámara ha incurrido en un exceso ritual manifiesto, al hacer primar la cuestión de forma por sobre la de fondo, sin que se respete la jerarquía de las normas vigentes (art. 35 inc. 5º) ni lo establecido en el art. 156 inc. 6º del CPCC.

Sostiene al respecto que no se vio afectado el derecho de defensa por falta de sustanciación al haber sido introducido el convenio conciliatorio por la actora, por lo que entiende que los reproches y reparos q ue efectúa la Cámara resultan dogmáticos, y que...

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