Sentecia definitiva Nº 182 de Secretaría Penal STJ N2, 10-12-2008

Fecha de Resolución:10 de Diciembre de 2008
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 22553/07 STJ
SENTENCIA Nº: 182
PROCESADO: PAZZI GUILLERMO DANIEL
DELITO: DEFRAUDACIÓN A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA CONTINUADA AGRAVADA
OBJETO: RECURSO DE QUEJA
VOCES:
FECHA: 10-12-08
FIRMANTES: LUTZ – BALLADINI – SODERO NIEVAS
///MA, de diciembre de 2008.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “PAZZI, Guillermo Daniel s/Queja en: ‘PAZZI, Guillermo y Otros s/ Administración fraudulenta agravada’” (Expte.Nº 22553/07 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 273) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor Juez doctor Luis Lutz dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

1.1.- Mediante Sentencia Nº 43, del 13 de agosto de 2007, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- rechazar la defensa de cosa juzgada articulada por el doctor Ariel Alice y condenar a Guillermo Daniel Pazzi a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, como coautor penalmente responsable del delito calificado como defraudación a una administración pública en la modalidad de administración fraudulenta continuada agravada (arts. 174 inc. 5º y último párrafo, en función del art. 173 inc. 7º, y 26 C.P.), comprensiva de los hechos nominados décimoprimero, trigésimosegundo apartado primero y cuadragésimo cuarto.

1.2.- Contra lo decidido, la defensa dedujo recurso de casación, que fue declarado inadmisible por el tribunal de grado inferior, lo que motiva que la queja sub examine.

2.- Argumentos de la denegatoria:

En mérito de la doctrina legal de este Superior///2.- Tribunal respecto del examen de legalidad de las sentencias en esta instancia -ver Se. 138/05-, el tribunal a quo dice que el recurso carece de suficientes fundamentos.-
Agrega que el recurrente no fue objeto de un múltiple juzgamiento, aunque resultó sobreseído en la etapa de instrucción, toda vez que los hechos de la sentencia de condena fueron calificados en un único delito. Sostiene que el sobreseimiento trataba de situaciones no comprendidas luego en la requisitoria de elevación a juicio, por inexistencia de delito, todo en un mismo proceso, de modo que entiende que la fundamentación es aparente.

Idéntica carencia atribuye la Cámara al agravio subsiguiente acerca del cambio abrupto en la calificación jurídica, pues constituye un planteo genérico. Considera además que la requisitoria de elevación a juicio contaba con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y que la defensa pudo actuar sin cortapisas al respecto. Argumenta asimismo que las críticas vinculadas con la prueba de los hechos sólo responden a una postura subjetiva de la defensa, con consideraciones vacías de contenido.

3.- Agravios del recurso de queja:

La recurrente alega que la casación deducida se encontraba debidamente fundada y que en la temática vinculada con la prohibición de la reformatio in pejus no hay un error de su parte, sino una diferente concepción jurídica del delito de administración fraudulenta. Insiste en su postura acerca de la identidad de objeto procesal entre el sobreseimiento y la sentencia de condena.

Luego señala que no fue debidamente analizada la///3.- cuestión de la legislación aplicable a las prohibiciones de contratar ni lo relacionado con la ausencia de perjuicio. Aduce que en la denegatoria no hay un análisis jurídico concreto que demuestre la sinrazón de los agravios desarrollados, que el cambio de calificación vulnera el derecho de defensa y que los errores en la calificación del delito se encontraban demostrados.

4.- Síntesis de los agravios:
-
El análisis particularizado del remedio de hecho y la denegatoria del recurso principal hace necesario que comience por una reseña de los agravios expuestos por la defensa en éste.

4.1.- El casacionista reitera que la sentencia violenta el principio ne bis in idem, toda vez que en el mismo proceso judicial algunos episodios infieles fueron escindidos del único hecho atribuido y fueron objeto de una resolución de mérito liberatoria que cerró definitiva e irrevocablemente el trámite, pues el delito atribuido -administración fraudulenta- siempre es un delito continuado por la propia previsión legislativa.

En este orden de ideas argumenta, en síntesis, que los episodios infieles reprochados eran continuos, por lo que el sobreseimiento respecto de algunos impedía la posterior persecución por los otros (ver fs. 2861/2868 y 2227/2301), a lo que suma que la única posibilidad de reiteración es la de un concurso con otros tipos penales, que no es el caso de autos, en donde lo que se analiza es la relación de actos de una misma administración. Aduce que la administración es un hecho único e inescindible, por lo que, luego de que el Juez ///4.- de Instrucción dictara un sobreseimiento definitivo por episodios de una continuidad delictiva, no podía seguirse el proceso ni arribar a una sentencia condenatoria por otros tramos fácticos, todos constitutivos de idéntica gestión administrativa. Entonces, se trata de un hecho y no de varios, los que sólo se dividen para ordenar la investigación.

Luego cita doctrina legal de este Cuerpo y sostiene que ésta permite afirmar su postura de la imposibilidad de reiteración en el tipo legal seleccionado, en la medida en que el examen verse respecto de los actos que integraron la misma administración. Menciona doctrina y distinta jurisprudencia, y alude a que la argumentación expuesta también abarca a la propia sentencia criticada desde que, al absolver por determinados episodios y condener por otros, el hecho es nuevamente escindido, desdoblando el juzgamiento respecto de un único objeto procesal, lo que la invalida in totum.

4.2.- También alega la existencia de una violación al derecho de defensa por un cambio abrupto y sorpresivo en la calificación jurídica y/o las circunstancias en los hechos, lo que le impidió un adecuado ejercicio en su ministerio. Refiere esto respecto de la indebida escisión de la acusación en el debate oral -luego seguida por la sentencia- en los diversos episodios de administración infiel, cuando siempre se trataba de un solo hecho. Con cita de doctrina y doctrina legal, plantea la violación de los apartados 1 y 2 del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y alude asimismo a los arts. 351 y 372 del código adjetivo.- - ///5.
4.3.- Argumenta posteriormente respecto de la nulidad del auto de requerimiento de elevación a juicio de fs. 2921/2990, por cuanto no reúne los requisitos establecidos en el art. 318 del rito. Así, dice que su examen permite advertir que no contiene una relación, clara, precisa y circunstanciada de los hechos, ni tampoco referencias al tiempo, el modo y el lugar respecto de la administración. Expresa que estamos entonces en presencia de una nulidad absoluta, por lo que no cabía el rechazo de su planteo previo por caducidad o extemporaneidad.

4.4.- También menciona una errónea aplicación de la ley sustantiva y el absurdo en la evaluación de la prueba. En este orden de ideas, cuestiona que no fueron valorados de modo desincriminatorio los episodios de administración sobre los que no existió acusación o condena. Asimismo, considera que, para analizar la gestión administrativa, debió aplicarse la Ley 847 -de Contabilidad- y no la Ley 1844, como hizo el juzgador, con lo que se le requirieron a su pupilo conductas sin sustento normativo. Así, afirma que la imposibilidad de Walter Esteban Colombil de beneficiarse con los trabajos adjudicados a la empresa Karmax Construcciones debía ser analizada de acuerdo con la otra normativa -Reglamento de Contrataciones, Decreto 404/66, actualizado y modificado- y que, al haberse omitido subsumir a Colombil en alguna de las prohibiciones de dicho decreto, le impidió a la defensa de Guillermo Daniel Pazzi expedirse al respecto. Añade que las prohibiciones genéricas del Estatuto del Empleado Público -art. 13 inc. 1º S Ley 1844- sólo acarrean una responsabilidad disciplinaria.
////6.- Respecto del favorecimiento a la empresa Karmax Construcciones, cuya titular era la esposa de Colombil, sostiene que ni la Ley 847 ni la Ley 1844 prohibían la contratación con ella. En cuanto a la temática del perjuicio, señala la exigencia típica del perjuicio efectivo, y aduce que en el caso no se ha dado, como así tampoco el perjuicio potencial. Argumenta -en este orden de ideas- que los expedientes citados en la descripción del hecho décimoprimero son rendiciones de cuentas de fondos permanentes, reglados por una norma específica (Resolución 32/69 -T.O.-, Anexo A, complementario de la Ley 847), a cuyo respecto rige la libre elección del contratante sin necesidad de una previa compulsa de precios, y como recaudo sólo corresponde la constancia documental de la prestación del servicio o adquisición del bien y la conformidad del funcionario responsable del fondo en dicha constancia. Efectuado y autorizado el gasto, una vez alcanzado determinado porcentaje de ejecución del fondo permanente, se realiza su rendición, que consta de una relación de comprobantes para que, mediante la autorización del titular del organismo, se apruebe la rendición y se vuelva a integrar de nuevo el fondo con el 100% del presupuesto para gastos -arts. 1 y 4, Anexo A, resolución mencionada-. Entonces, se produce una diferencia temporal entre la autorización y ejecución del gasto y la intervención del funcionario que aprueba la rendición, de lo que colige que su pupilo carecía del dominio del hecho. De tal modo,
para tales supuestos, la autorización de las compras en los fondos permanentes no necesitaban de una vinculación entre ///7.- Guillermo Daniel Pazzi y Colombil, pues la decisión era directamente de los encargados o responsables del fondo. En consecuencia, considera que no se ha acreditado el concierto de voluntades entre ambos...

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