Sentencia Nº 1791 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 08-10-2019

Número de sentencia1791
Fecha08 Octubre 2019
MateriaS/ EJECUCION FISCAL

DC758/09 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- C/VARGAS FRANCISCO MIGUEL S/ EJECUCION FISCAL Sentencia 1791 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores D.O.P., A.D.E. y D.L., bajo la Presidencia de su titular doctor D.O.P., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: “PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- C/VARGAS FRANCISCO MIGUEL S/ EJECUCION FISCAL”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores D.L., A.D.E. y D.O.P., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor D.L., dijo: I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 496/502 vta.) en contra de la Sentencia Nº 52 del 17 de agosto de 2018 (fs. 490/492 vta.) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y L. y Familia y Sucesiones del Centro Judicial C., por la que no se hace lugar al recurso de apelación deducido por el accionado y, en consecuencia, se confirma la sentencia de fecha 19/02/2018 de fs. 355/357. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT) y contestado el mismo, el recurso fue declarado admisible por Sentencia Nº 309 del 20/03/2019 (fs. 527/528) de esta Corte Suprema, por la que se hizo lugar al recurso de queja por casación denegada oportunamente deducido por el demandado. II.- La sentencia en actual pugna relata que el ejecutado (fs. 364/365) presentó memorial en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2018, por la que no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta, ordenándose llevar adelante la ejecución seguida en su contra. Aquella defensa se basó en la falta constancia de la autorización del funcionario actuante para firmar la boleta de deuda ejecutada, y en la convicción de que la vía administrativa no habría sido agotada al no haberse notificado la resolución recaída en la misma. En la sentencia dictada en primera instancia se desestimó la defensa intentada por considerar que el título base de la acción cumplía con los extremos legales pertinentes establecidos en art. 172 del Código Tributario, constando su emisión por funcionario delegado en virtud del art. 10, no requiriéndose, a tales efectos, que se adjunte el instrumento de delegación. Por otra parte, se menciona que el demandado tuvo conocimiento de las actuaciones administrativas que precedieron a los títulos base de la acción, pues las mismas fueron recibidas por personas que manifestaron ser dependientes del demandado y algunas de ellas por el demandado mismo, notificándose en el domicilio fiscal correspondiente en esa fecha. Previamente juzga la Cámara que “la circunstancia que la juez de grado haya procedido al examen del proceso administrativo del cual se deriva el título ejecutado no luce incorrecto, en tanto se encontraba controvertida la exigibilidad del crédito en cuestión por no haber sido debidamente notificado en esa instancia el demandado, máxime cuando tales actuaciones habían sido incorporadas a las constancias de autos por la propia ejecutante al interponer la demanda (ver fs.11/178), de conformidad a lo dispuesto en art. 178 del Código Tributario”. Explica el A quo “que los agravios vertidos por el accionado se dirigen a cuestionar que las notificaciones cursadas en el procedimiento administrativo que derivó en la emisión de los cargos tributarios ejecutados por estimar que no fueron practicadas en el lugar donde manifiesta tener su domicilio, esto es en calle V.L. y Planes nº 352 de la ciudad de C., conforme se desprende del poder general para juicios acompañado en autos por su apoderado, siendo el mismo conocido por la actora, pues allí se le corrió traslado de la demanda”. Agrega que “el recurrente confunde el domicilio real que es el lugar de su residencia habitual (art. 89 CC y 73 CCCN), donde, como principio general- debe ser notificado de la iniciación de un proceso judicial en su contra -como se hizo en este proceso- a los fines de ejercer su derecho de defensa (arts. 153 inc.1º, 284 inc. 1º y 285 CPCCT), y con posterioridad en el domicilio constituido cuando comparezcan ante una autoridad judicial (art.70 CPCC), con el domicilio fiscal (art. 39 CTP), donde debe ser notificado en sede administrativa. Pretende ser notificado de las actuaciones administrativas en su domicilio real sito en calle V.L. y Planes nº 352 de C., -que es el que consta en poder general para juicios otorgado a su apoderado en autos, en concordancia con informe del Juzgado Nacional Electoral, cuando no tiene allí constituido su domicilio fiscal”. Transcribe lo dispuesto en el art. 39 del Código Tributario provincial que dispone: “Los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de comunicar su domicilio fiscal y de consignarlo en todas sus actuaciones ante la administración tributaria. Dicho domicilio se considerará subsistente, condicionado a lo establecido en el presente título. Cuando se comprobara que el domicilio denunciado por el contribuyente no es el previsto en la presente Ley, y la Autoridad de Aplicación conociera el lugar de su asiento, podrá fijarlo por resolución fundada como domicilio fiscal. La Dirección General de Rentas sólo tendrá en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva comunicación hubiera sido hecha por el responsable en la forma y plazos previstos que determine la presente Ley o la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación. En caso contrario, el último denunciado se reputará subsistente para todos los efectos administrativos y/o legales. Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y la Autoridad de Aplicación conociera alguno de los domicilios previstos en los artículos 36 y 37, este tendrá validez a todos los efectos administrativos y/o legales. Los domicilios previstos en el presente título producirán en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido”. Considera el judicante que: “El domicilio fiscal es único y rige para todas las obligaciones del contribuyente con respecto al Fisco. Además, cualquier notificación practicada en el domicilio fiscal de acuerdo con las formalidades legales, se tendrá por válida aun cuando no le fuera entregada personalmente al contribuyente o el inmueble se encuentre desocupado, pues éste tipo de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR